El asesinato brutal de un joven de 16 años trazó una raya roja entre el pueblo chileno sumado masivamente a las protestas obreras y estudiantiles, y el gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Ahora tiene resonancias siniestras la declaración que unos días atrás hizo Piñera a los cientos de miles de estudiantes que reclaman educación estatal y gratuita: “Alguien tiene que pagar por la educación”.
El asesinato brutal de un joven de 16 años trazó una raya roja entre el pueblo chileno sumado masivamente a las protestas obreras y estudiantiles, y el gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Ahora tiene resonancias siniestras la declaración que unos días atrás hizo Piñera a los cientos de miles de estudiantes que reclaman educación estatal y gratuita: “Alguien tiene que pagar por la educación”.
Quien “pagó” es la juventud chilena con la vida de Manuel Gutiérrez, un adolescente de 16 años, asesinado cerca de una de las marchas en la madrugada del viernes con un balazo de gran calibre en el pecho, al cierre de la doble jornada nacional de los días miércoles 24 y jueves 25 de agosto convocada por la Central Única de Trabajadores (CUT), con el apoyo activo de la Confederación Nacional de Estudiantes (Confech) y profesores universitarios y secundarios. Y no fue el único: también peligra la vida de Mario Parraguez Pinto, de 18 años; recibió un balazo en la cabeza mientras participaba de una barricada en el norte de Santiago.
Dos cuentas de sangre con el pueblo que el gobierno piñerista deberá pagar un día.
“Terroristas”
Al cabo de tres meses de impresionante movilización estudiantil y popular, el gobierno de Piñera sólo está obsesionado por acabar con las protestas de la manera que sea, a palos, gases y balas y blandiendo la acusación de “terrorismo” contra todo reclamo popular (incluido el de los mapuches que desde hace décadas sostienen su demanda de autonomía en el sur). Como en los años de Pinochet, pelotones de carabineros a caballo patrullaban las calles.
Un muerto, casi 1.400 detenidos y 200 heridos dejaron los dos días de huelga nacional que sacudieron a Chile. La huelga semiparalizó al país: cerraron las oficinas públicas y gran parte del comercio; el transporte circuló a medias. Mañana, tarde y noche ardieron barricadas en las avenidas de las principales ciudades y se repitieron los enfrentamientos entre manifestantes y policías en una veintena de puntos de la capital, especialmente duros en barriadas marginales como La Pincoya.
Otra Constitución
“El balance no es positivo. Es un balance de violencia, donde grupos intentaron afectar el orden público”, lloriqueó el viceministro de Interior, Rodrigo Ubilla.
Para el gobierno piñerista, claro, el balance “no es positivo”. Ni represión ni propuestas mentirosas han podido hasta ahora parar la gigantesca movilización de estudiantes, docentes y padres contra el sistema educativo privatista, empresarial y elitista, herencia de 18 años de pinochetismo y de otros 20 años de “Concertación” socialdemócrata-democristiana.
Y “no es positivo” para el gobierno, además, porque la lucha estudiantil, dura y tenaz, ayudó a develar a los ojos de cientos de miles el carácter político de los males que padecen cada vez que no pueden pagar sus matrículas universitarias o las cuotas de la gigantesca deuda que acumulan para poder estudiar.
Por eso es casi natural que los estudiantes se sumen al creciente reclamo popular por una reforma constitucional y a las demandas de la CUT por cambios en el Código de Trabajo.
Durante todos estos meses Piñera rechazó emperradamente escuchar a los estudiantes para destrabar la crisis. Pero, vista la contundencia y masividad del paro y de las marchas, terminó convocando a “dialogar”. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen, dijo que ese llamado en estas circunstancias no es más que un signo de “desesperación”. La dirigencia estudiantil aceptó, pero poniendo condiciones; la primera es que se investigue y castigue el asesinato de Manuel Gutiérrez, del que responsabilizan a los carabineros y al ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter.
La segunda es que se depongan los proyectos de ley de educación enviados al Congreso por el gobierno. Los estudiantes de la Confech vienen rechazando todas las “propuestas” del Ministerio de Educación por “insuficientes”. La represión generalizada y el asesinato de Manuel Gutiérrez reclaman ya no sólo una profunda reforma educativa y constitucional, sino verdadera justicia. En el horizonte ya asoma la posibilidad de una nueva jornada nacional estudiantil el jueves 8 de septiembre.
