La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un organismo público autárquico de la provincia de Buenos Aires, que investiga las violaciones a los derechos humanos y propone políticas públicas. Está presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y lo integran entre otros Nora Cortiñas, Marta Pelloni y Víctor de Gennaro.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un organismo público autárquico de la provincia de Buenos Aires, que investiga las violaciones a los derechos humanos y propone políticas públicas. Está presidido por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y lo integran entre otros Nora Cortiñas, Marta Pelloni y Víctor de Gennaro.
La CPM ha dado a conocer recientemente su Informe anual 2016, con un detallado análisis de la situación en las cárceles y en las instituciones “que alojan personas con padecimientos mentales, centros cerrados para jóvenes y establecimientos policiales”. El informe, titulado El sistema de la crueldad da cuenta de las violaciones a los derechos humanos “derivadas de la política criminal del gobierno saliente, conducido por Daniel Scioli desde el año 2007”. La Comisión Provincial por la Memoria afirma de entrada que tras el cambio de autoridades derivada de la asunción de Vidal en la provincia “El escenario actual no es muy diferente al que describiremos. No se modificó la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal desde hace al menos 15 años: la persecución casi exclusiva de los sectores más pobres”.
A fines de 2015, los detenidos a disposición del Poder llegaban a su record histórico: 39.927 personas. Esto configura un panorama de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria que agravó las condiciones de detención, tanto en las unidades penitenciarias como en las comisarías y centros cerrados para menores de 18 años. El Informe, de más de 400 páginas, analiza en profundidad las políticas del gobierno de Scioli que llevaron a esta situación, basadas en una “emergencia en seguridad” que tuvo como ejes “reformas efectistas”, endurecimiento del sistema penal, saturación policial en barrios pobres, y “persecución de los eslabones más débiles de los mercados ilegales”. Esto, aunado a la falta de políticas de contención de niños, jóvenes “o personas con padecimiento mental”.
La CPM critica también que las cárceles han quedado en manos del “poder penitenciario” y denuncia que las “prácticas policiales ilegales fueron una constante durante la gestión que terminó”. Dentro de esto están “el gatillo fácil, torturas, desapariciones forzadas, reclutamiento de jóvenes para cometer delitos, hostigamientos policiales, armado y fraguado de causas, detenciones ilegales, uso frecuente de detenciones sin orden judicial, y condiciones inhumanas de detención en comisarías en las que incluso se alojan niños y jóvenes”.
El Informe habla de una “corrupción estructural” que no ha cambiado con el gobierno de Cambiemos. Entre las cifras que se despliegan en los distintos capítulos podemos destacar el párrafo siguiente: “En los últimos 8 años, funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia, del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Dirección de Salud Penitenciaria fueron responsables de la muerte de más de 1.000 personas a su cargo. Solo la CPM ha informado 1.042 personas fallecidas. En 2015 se produjeron al menos 145 muertes por cárcel en la Provincia: más de 12 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. A esto hay que sumarle los enfermos, el maltrato a los familiares y las decenas de denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles.
“A diciembre de 2015, el SPB informaba que la población penitenciaria ascendía a 34.096 personas alojadas en las 20.732 plazas de los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales; eso implica un 59,8 % de sobrepoblación. De las 145 muertes ocurridas durante 2015, el 65% fue por enfermedades curables no asistidas, como por ejemplo la tuberculosis, que produjo 15 muertes. La situación es grave: la tasa de personas muertas en el sistema penitenciario asciende a 4,3 cada 1.000 personas detenidas. El año que se analiza presenta un incremento con relación a las 129 muertes del año 2014”, consigna el Informe.
La confirmación de que en este terreno se confirma lo que pasa con la política general de este gobierno, que es agravar la mala situación dejada por el kirchnerismo, es el caso del preso que lleva dos meses con una fractura de clavícula expuesta, denunciado por un juez tras una inspección en la cárcel de Batán.
