Noticias

02 de March de 2016

El 24 de febrero, la Corriente Clasista y Combativa, previo a confluir con los estatales en la marcha a Plaza de Mayo, marchó al Ministerio de Energía con sus reclamos contra el tarifazo y por la emergencia social. Allí conversamos con Amancay Ardura, coordinador de la CCC.

Emergencia social ¡ya!

La CCC marchó al Ministerio de Energía

“Primero, es fundamental que ATE, Fesprosa, Conaduh y Judiciales hayan resuelto el primer paro contra la política de Macri. Este paro tiene hoy, como centro, el problema de los salarios y contra los despidos y suspensiones. Es un paro fundamental en este momento político, frente a una herencia de 700 mil estatales precarizados que ha dejado Cristina. Tuvimos seis, siete años con convenios a la baja, firmados por el gobierno anterior con Andrés Rodríguez de UPCN, un traidor de los estatales. Con una devaluación brutal y una suba impresionante de los precios en el final del gobierno de Cristina. Con una devaluación del macrismo que, de noviembre a esta parte, nos ha comido otro 40% los salarios, los planes sociales, las jubilaciones. Con una lucha salarial de los docentes que tiene enorme importancia en el momento táctico porque se abre toda la discusión de paritarias. Por eso, toda la CCC hoy está en una jornada nacional de lucha, además de adherir al paro y ser parte.
 
Ley de emergencia social
“Hemos decidido ir al Ministerio de Energía en la Capital Federal, a las empresas provinciales de energía en las provincias, a los concejos deliberantes, a las legislaturas y al Congreso con tres propuestas básicas. Primero: la ley de emergencia social que, junto con el aumento salarial de acuerdo a la canasta familiar para todos los trabajadores, debería duplicar el subsidio universal a la niñez, universalizarla en todos los aspectos, incluido el salario familiar; terminar con el impuesto a las ganancias. Una ley de emergencia social que abarque al conjunto de los problemas que los pobres tienen en esta etapa, que son diversos y muchos. 
“Problemas que van desde mantener el trabajo a través de la vivienda, las obras públicas, las cooperativas para los desocupados, hasta garantizar estén disponibles en todas las escuelas el desayuno y la merienda para los alumnos de primaria y secundaria lo que no está resuelto en algunos lugares de provincia de Buenos Aires. Por esta ley de emergencia nos estamos movilizando hoy, la vamos a presentar en el Congreso, y vamos a trabajar a fondo. 
“Esto también tiene que ver con el 82% móvil de acuerdo a convenio. No del 82% como proponía Scioli, sobre el salario mínimo, vital y móvil, que le daba 400 pesos de aumento a los jubilados. 
“Venimos al Ministerio de Energía con varios puntos. Primero, repudiando el tarifazo eléctrico. Porque podrían tener alguna consideración los argumentos del ministro si no se le estuviese dando 5.000 millones de dólares a las petroleras. Pero le pretende sacar 2.000 millones de dólares por el tarifazo eléctrico a los trabajadores, a la pequeña y mediana empresa, a comercios de la zona metropolitana y también del resto de las provincias. Por lo tanto: no tiene sentido, no tiene razón macro ni microeconómica, cuando se mantienen los subsidios al barril con el “precio criollo” a más de 60 dólares internamente, cuando el petróleo internacionalmente está por debajo de los 30. 
“El tema de las tarifas es fundamental porque la mayoría de los pobres cocina y se calefacciona con energía eléctrica porque no hay gas en la inmensa mayoría de los barrios –la garrafa aumentó en la época de Cristina a 100 pesos; y no hay una garrafa social que garantice el uso del gas– y en la mayoría de las casas conviven tres generaciones de familias con un solo medidor. Por lo tanto, los 150 kw que han puesto como tope los van a consumir con suerte menos de 200 mil de los supuestos 2 millones que tendrían la tarifa social. Esto es un debate político muy a fondo con el ministro y el presidente de la nación. 
“Cuando se habla de emergencia eléctrica es imposible dejar la mina de Río Turbio y la usina que tiene que terminarse. El gobierno ha dispuesto una auditoría, estamos de acuerdo que se auditen los negocios turbios del interventor que puso el kirchnerismo. Pero que la auditoría no termine en despidos de trabajadores ni de jerárquicos.
“En segundo lugar, hay que poner en marcha una sociedad del Estado, estatal, como los proyectos que no se terminaron de tratar en el Congreso en el final del mandato de Cristina Fernández. La producción de energía de Río Turbio es la más barata del país porque tiene a un kilómetro la provisión de carbón. Le evita al país tener que gastar en gas, fuel oíl o petróleo. Y se puede conectar rápidamente para ayudar al déficit energético nacional. Estamos peleando junto a los mineros este tema.
 
Retenciones a las mineras 
“También denunciamos que el gobierno les sacó las retenciones a las mineras. Esto es terrible y desde el punto de vista del ambiente es brutal porque el derrame de un millón de litros de agua cianurada en San Juan es el mejor ejemplo de lo que han hecho las megamineras. Pero además, está en proceso de negociación, entre la Vale y empresas chinas, la reactivación de la mina de potasio en el Río Colorado de Mendoza, que afecta a tres provincias que contamos con esa agua para consumo humano. Incluso la ciudad de Bahía Blanca, que toma agua de allí. Sabemos que la mina de potasio significa la salinización a plazo del Río Colorado. 
“También vamos a llevar el tema de la garrafa social que es un tema a discutir en lo inmediato como parte de la ley de emergencia. Por eso confluimos en el paro de ATE y hacemos toda esta lucha específica en todo el país.
 
Sobre el “Protocolo antipiquetes”
El compañero Ardura nos cuenta que “Hemos ido al Ministerio de Seguridad (el 23/2). Les hemos dicho, en primer lugar, que la CCC hace 21 años no pedimos permiso para hacer ninguna manifestación, ni corte de ruta. Ya hemos tenido experiencia en la época de De la Rúa, de Menem, en el 2005 con los Kirchner y luego un intento del kirchnerismo con Pedrini de meter una ley en el Congreso hace un año y medio. No vamos a pedir permiso porque el pueblo se ha ganado el derecho para no pedir permiso. No vamos a avalar este protocolo. 
“En segundo lugar, les hemos dicho que hay un debate de fondo. El protocolo es anticonstitucional porque están en debate los derechos fundamentales y los derechos operativos. Tenemos cláusulas supra constitucionales –que están por encima de la Constitución– que garantizan los derechos esenciales, fundamentales: la vida, la comida, que no haya abandono de persona, el techo. Transitar es un derecho operativo, está legislado en una ordenanza de tránsito en un pueblo de 500 habitantes. Por lo tanto no es un derecho que atente contra la vida. Podrás molestar, pero punto.
“Hemos hecho todo nuestro planteo, hemos hablado de los juicios que sobre estas cosas hay desde principios del siglo 20. Es decir que es una discusión vieja en la Argentina. Y si van a aplicar el Art. 194 del Código Penal, estamos llenos de fallos donde hemos sido absueltos, porque hemos recorrido todos los juzgados por los procesamientos que nos hicieron Menem, De la Rúa y el kirchnerismo. Ya no hay un solo juez que pueda bancar el 194 por un corte de ruta.
“Acá el tema es atender el reclamo por el cual la gente dispone por la cual termina movilizándose y cortando. Para eso que establezcan un 911, un numero fácil, sencillo, que toda la población conozca, que frente al asesinato de alguien, frente a un reclamo puedan llamar, y entonces ellos, el Estado, tendrán la obligación de atender, en todos los lugares del país, en cualquier barrio, y terminen con el protocolo.”