El 5 de febrero miles de personas volvieron a marchar en la capital del país, en varias ciudades del estado de Guerrero, en Chiapas y Michoacán, para reclamar la aparición con vida de los jóvenes. La protesta fue convocada por la Asamblea Nacional Popular, integrada por más de 50 organizaciones sociales y estudiantiles del país, y encabezada por los padres de los normalistas.
El 5 de febrero miles de personas volvieron a marchar en la capital del país, en varias ciudades del estado de Guerrero, en Chiapas y Michoacán, para reclamar la aparición con vida de los jóvenes. La protesta fue convocada por la Asamblea Nacional Popular, integrada por más de 50 organizaciones sociales y estudiantiles del país, y encabezada por los padres de los normalistas.
En algunos lugares, como Acapulco, Iguala y Chilpancingo miles de trabajadores y maestros marcharon también en demanda de que se les paguen los salarios retenidos correspondientes al mes de enero y la segunda parte del aguinaldo. También se desarrollaron ocupaciones de entidades estatales por parte de estudiantes, y las policías comunitarias en Guerrero detuvieron por unas horas a efectivos de fuerzas represivas.
La 10° reunión de la Asamblea Nacional Popular, realizada en la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, acordó “A) Rechazamos la versión oficial de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa están muertos así como la intención de cerrar el caso y exigimos abrir nuevas líneas de investigación. Vivos se los llevaron; vivos los queremos ondea en el imaginario social. B) evitemos la dispersión del movimiento social vía la construcción de consensos actuando con mayor responsabilidad para profundizar la búsqueda de nuestros 43 compañeros. Por la aglutinación del movimiento social en México: incluidas policías comunitarias, enfermeras zapatistas, sindicalistas, estudiantes y pueblo en general vamos juntos rumbo a la huelga política general. C) Demandamos juicio, castigo y cárcel para Ángel Aguirre Rivero así como la salida del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez. Desaparición de poderes es el clamor popular. D) Reafirmamos la postura de boicot al proceso electoral en guerrero y todo el país. e) Alto a la militarización del estado de Guerrero y del país: que regrese el ejército a los cuarteles. F) Por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y libertad de todos los presos políticos”.
Denuncia en la ONU
Familiares de dos de los 43 estudiantes desaparecidos estuvieron en Ginebra junto a organismos mexicanos de derechos humanos para denunciar en distintas dependencias de la ONU al Estado mexicano “Y para exigir que nos los devuelvan con vida”, subraya Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, de apenas 24 años, una de las víctimas. “Para nosotros, nuestros hijos no están muertos. Están desaparecidos. Fueron los policías que se los llevaron. Exigimos que nos entreguen a nuestros familiares con vida”, insistió.
Gaspar subraya que “Nuestros hijos, los 43 estudiantes normalistas, son parte de los miles de desaparecidos que existen en México”. “Nos dijeron que estaban enterrados en fosas. Luego que los quemaron. Más tarde que los tiraron al río. Siempre con el mismo engaño. Tratan de cerrar el caso y que no se hable más de nuestros hijos. Pero nosotros no vamos a aceptar cualquier respuesta del gobierno. Tenemos mucho apoyo social en México. Y confianza en la solidaridad internacional. Todo esto nos da fuerza. Y vamos a seguir nuestra lucha para encontrarlos con vida”.
Convención Nacional Popular
Como aseverando las denuncias de Gaspar, el 6 de febrero se conocía el macabro hallazgo de los cuerpos de al menos 61 personas en un crematorio abandonado en la colonia Navidad de Llano Largo, en Acapulco, en el estado de Guerrero. Un día antes era asesinado Gustavo Salgado de 32 años, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR) en Morelos.
Al cierre de esta edición, sesionaba la Convención Nacional Popular, con la participación de delegados de 244 organizaciones de todo el país, entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organizaciones estudiantiles, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, policías comunitarias y otras organizaciones.
Los organizadores plantean que esta Convención Nacional Popular puede ir más allá de la unificación de las luchas, profundizando los reclamos contra el narco gobierno de Peña Nieto, y contra el narco Estado.
