El viernes 16, luego de que organizaciones sociales y de desocupados realizaran cortes en los principales accesos a la Capital Federal en reclamo de la nacionalización de los planes Argentina Trabaja, denunciando que el gobierno dará aumento sólo a 30.000 de los 130.000 compañeros de las cooperativas, la ministra de Seguridad Nilda Garré inició acciones penales –esto es, nada más y nada menos que aplicación de la Ley Antiterrorista– contra una decena de dirigentes políticos y sociales que cuestionan la política del gobierno nacional hacia los desocupados. Uno de los nombres que trascendió y que ha sido judicializado por estos días es el del coordinador de desocupados de la CCC Juan Carlos Alderete.
La ministra Garré, abanderada de la Ley Antiterrorista, acusó a luchadores sociales de desestabilizadores, y los denunció por “extorsión”, “desestabilización” y “salvajismo”.
Consultado por este semanario, el compañero Alderete afirmó: “El gobierno en vez de ocuparse en resolver los problemas que tiene la gente, hace discriminación con los programas sociales. Por eso el gobierno y la ministra Garré han mandado aprobar la ley antiterrorista antes de fin de año para reprimir a aquellos que paren o estén contra del ajuste”. Y aclaró que “ella no nos va a hacer callar de esa manera sino que vamos a seguir peleando por nuestras reivindicaciones”.
Y al referirse a los términos de la Ley Antiterrorista, Alderete señaló que es “una ley fascista, porque es igual que la ley que dispuso Onganía para frenar las luchas -y luego la dictadura, con la que nos han tenido presos, han hecho desaparecer gente–, esta ley es para frenar todas las luchas.”
“La ministra, y este gobierno, trata de descalificar, de hacer creer a la sociedad que somos delincuentes, y usa la descalificación para no dar solución. El cinismo de este gobierno y sus funcionarios no tiene límites y llega a acusar de extorsión a todo el que se niega a callarse y les reclama sus derechos.”
“Extorsión es la que sufren los 5.000 procesados por este gobierno, como resultado de diversas protestas y luchas sociales. Extorsión es la nefasta persecución realizada a través del “Proyecto X”. Extorsión es utilizar la pobreza y repartir planes y recursos públicos sólo a oficialistas, castigando y discriminando a todos los demás. Extorsión es mantener planes y programas utilizados políticamente y no desarrollar políticas de Estado universales para todos los que se encuentren en situación de pobreza e indigencia, sin punteros ni intermediarios”, finalizó Alderete.
