Esta vez fue a plena luz del día, a la vista de todo el mundo en una confitería de Capital Federal. El femicida y su víctima, Gabriela Parra, estaban sentados en una mesa hablando cuando el hombre, de 58 años, sacó un cuchillo de gran tamaño que tenía escondido y empezó a atacar a la mujer a quien venía acosando. En Charata, Chaco, una mujer de 32 años fue encontrada asesinada dentro de una bolsa de nylon, con las piernas fracturadas y parte de su cuerpo incinerado. La víctima, Claudia Vanesa Franco, se encontraba desaparecida desde el 30 de abril y su cadáver fue encontrado una semana después.
En abril habíamos conocido otros casos como el de una joven médica que fue atacada por su novio en la vía pública, en Puerto Madero. Él la asesinó de varias cuchilladas en el cuello. O el de Micaela, una joven de 16 años asesinada en Cipolletti (Río Negro). También el de Laura Vázquez, cuya ex pareja la secuestró para luego tirarse con su camioneta al lago Lacar, en San Martín de los Andes (Neuquén).
Estos diez años de gobierno K, fueron la década perdida para las mujeres. Cristina parece no conmoverse ante la sangre derramada y el drama social de la violencia de género que no para de crecer. En nuestro país, una mujer es asesinada cada 30 horas producto de la violencia de género, pero el presupuesto destinado a combatir este flagelo sigue siendo magro. Como venimos denunciando, pese a que la ley 26485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de sus relaciones interpersonales ya lleva cinco años de sancionada, aun no se puso en marcha el Plan de Acción que establece el artículo 9. Según la ley la Ley 26485 el Consejo Nacional de las Mujeres debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Dicho plan deberá articularse y coordinar acciones con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal. Apenas el 0,0027% del Presupuesto Nacional se destina al órgano aplicador de la ley, el Consejo Nacional de las Mujeres, el que poco hace al respecto para frenar las muertes.
Y a esto hay que sumarle la desidia de la Justicia ante las denuncias de las mujeres, que pocas veces son escuchadas o que en ocasiones se subestima el peligro que representa el golpeador para ellas. Sabemos de cientos de casos en los que las mujeres asesinadas habían presentado denuncias pidiendo protección ante los agresores.
¡Declaración de emergencia en violencia ya!
Las mujeres junto al conjunto del pueblo redoblamos la lucha porque se declare la Emergencia Nacional en Violencia Sexual y Doméstica. Que el gobierno declarara una ley de Emergencia en Violencia permitiría garantizar el financiamiento necesario para que se crearan albergues y refugios que garanticen en lo inmediato la protección de la vida de las mujeres y sus hijos, pudiendo hacer frente a la emergencia y salir transitoriamente de los escenarios violentos. También establecer brigadas de emergencia que intervengan en la denuncias; y conformar en todo el territorio nacional unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica a mediano y largo plazo; entre otras medidas.
En 2015, 295 mujeres fueron asesinadas por violencia de género, el índice más alto de los últimos seis años. ¡Ni una mujer menos, ni una muerta más!
