Hay que retroceder al Mendozazo de 1972, a los 90 con las luchas contra el hambre, el ajuste y las reformas educativas menemistas, para encontrar antecedentes de una movilización tan intensa y profunda en términos cuantitativos y cualitativos, como la que acaba de protagonizar el pueblo de Mendoza. Hoy se desató una gran euforia en todos los manifestantes que rodeaban la Legislatura al votarse la derogación de la efímera ley 9209 y la restitución de la ley 7722.
La 7722 se logró con la lucha popular en el año 2007. Al prohibir en la minería el uso de sustancias tóxicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc.) pone un freno a la aplicación de la entreguista ley de Inversiones Mineras 24.196 (Menem, año 1993). Planteada en términos ambientales de protección de la escasa agua en nuestra árida provincia, tiene implicancias políticas, económicas y sociales muy profundas. No prohíbe la actividad minera tradicional o no contaminante, pero impide la megaminería metalífera con tóxicos a cielo abierto, que llevan adelante en el mundo y en nuestro país, los grandes monopolios extranjeros, en exclusivo beneficio de sus intereses, sin atender a las necesidades de la población local y con sus consecuencias de saqueo, contaminación y daño ambiental.
El viernes 20 de diciembre, en un trámite exprés, las cámaras de Senadores y Diputados aprobaron la ley 9209 que modificó la 7722. Fue un proyecto presentado por el Gobernador Suárez (Cambia Mendoza), con incorporaciones introducidas por el Partido Justicialista. Sólo 7 senadores/as y 11 diputados/as pertenecientes al FIT y Protectora, algunos del Frente de Todos e incluso de Cambia Mendoza, votaron en contra.
De inmediato sostuvimos “la ley aprobada tiene dudosa legalidad y nula legitimidad. No tiene licencia social del pueblo de Mendoza.” La modificación fue hecha a medida de los intereses de grandes corporaciones mineras trasnacionales, con garantías para saquear y contaminar impunemente. Con una Legislatura cerrada y vallada, con un despliegue policial impresionante, por tratarse de la primera ley de un nuevo gobierno, por tener un acuerdo con algunos dirigentes y legisladores del principal partido de oposición, y dada la altura del año, creyeron que todo estaba cocinado; los grandes medios de comunicación comenzaron a publicitar los emprendimientos mineros.
Pese al duro golpe que significó la práctica derogación de la ley “guardiana del agua”, ese mismo día hubo un gran repudio en toda la provincia, frente a la Legislatura y en numerosos cortes de ruta, desde Uspallata hasta General Alvear. Se iniciaron diez días que conmovieron a Mendoza.
El sábado continuaron los actos y movilizaciones en diferentes plazas departamentales. El domingo 22, desde el pueblo de San Carlos se organizó una histórica Marcha hacia Mendoza. La caravana recorrió a pie, en autos y camionetas, los 100 km para estar el día 23 en el Nudo Vial de Mendoza. Desde allí se inició una gigantesca movilización hacia Casa de Gobierno para repudiar la nueva ley y exigir su derogación. Más de 30.000 personas rodearon la Casa de Gobierno. El Gobernador desató finalmente una salvaje represión, encarceló manifestantes e imputó a dirigentes sociales. Lejos de amedrentar a la población, suscitó más apoyos a lo largo y ancho de la provincia. Esa noche decenas de miles, familias con sus niños, mujeres, jóvenes y mayores recorrieron las calles de la ciudad.
El repudio y la exigencia de escuchar a la población y cuidar el agua se extendió a la Iglesia, a la Comisión de ex reinas de la Vendimia, a sectores de la vitivinicultura. Siete departamentos anunciaron la suspensión de sus Fiestas de la Vendimia. Todos esos factores confluyeron, pero lo esencial fue el protagonismo de decenas de miles de mendocinos y mendocinas, con y sin filiación partidaria, con una participación fundamental de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), y contando con el indispensable apoyo clave de un conjunto de organizaciones sociales, sindicales y políticas, más autoconvocados, que conformaron la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes.
Ante este tsunami social el Gobernador anunció el jueves 26 en la mañana que suspendía la reglamentación de la ley para iniciar un diálogo que debió haberse dado antes de reformar la 7722. La respuesta fue dada esa noche por decenas de miles recorriendo las calles céntricas con “los tambores del agua”. En diferentes localidades como General Alvear, San Rafael, Tunuyán, San Carlos, Lavalle, Uspallata, entre otros, se iban produciendo actos en las plazas, cortes intermitentes de rutas provinciales, nacionales e internacionales, movilizaciones a las Intendencias. El propio departamento de Malargue, donde el Gobierno afirma tener licencia social, tuvo manifestaciones a favor de la 7722 superiores a las promovidas por las mineras y sectores empresarios.
El viernes 27 en la noche, Suárez anunció que enviaría un proyecto de ley para derogar la 9209. Todos los sectores sociales involucrados no bajaron los brazos y durante el sábado se organizaron banderazos populares y plurinacionales en toda la provincia para el domingo. Se convocó a movilizarse a la Legislatura el lunes 30, para garantizar la derogación de la ley del cianuro y la restitución de la ley del agua.
Así llegamos a este histórico día. Porque se conquistó la restauración de una ley muy sentida para toda la población de una provincia que depende de un vital y escaso recurso como es el agua. Pero fundamentalmente porque hubo un quiebre en la concepción política dominante, de representantes que creen recibir un cheque en blanco por cuatro años. Que funcionan de acuerdo a las roscas sordas a las necesidades populares y muy atentas a los intereses de las grandes corporaciones, en este caso mineras internacionales. No hay antecedentes de haber volteado con la movilización popular, en tan corto lapso, una ley promovida por un gobierno apoyado por más del 50% en las últimas elecciones.
Como dice el Documento de la AMPAP y la Coordinadora:
La lucha del pueblo organizado obligó a revertir la decisión del gobierno de Suárez y de 65 legisladores y legisladoras que actuaron a espaldas del pueblo, incluyendo de sus propias bases militantes partidarias, que antes y después repudiaron ese atropello. Fue el pueblo consciente y movilizado en plazas, calles y rutas quien logró la derogación de la 9209.
Defender la 7722 ha sido otra batalla contra el modelo extractivista, que intenta perpetuarse en el fracking, las fumigaciones, los intentos de modificar regresivamente las leyes de glaciares y de aguas, y otras formas de contaminación y despojo de los bienes comunes. Seguiremos respondiendo a todo ello, de ser necesario con desobediencia civil al Código Contravencional instaurado por la política autoritaria de Cornejo, y que Suárez ya continúa y profundiza, con vallados y represión policial de una magnitud sin precedentes desde 1983.
La pueblada mendocina de este intenso fin de año 2019 marcará un antes y un después en la memoria colectiva y en la práctica política popular. Ha debilitado al gobierno de Cambia Mendoza, y ha provocado un terremoto en los partidos que equivocaron el diagnóstico. Se ha fortalecido la confianza de las organizaciones populares que apostaron a la unidad, la organización y la movilización. Nos permite enfrentar esperanzados el año nuevo que ya llega.
Fuente: www.ptpmendoza.com
