La intención de esta modificación impulsada por el macrismo en 2017 es dificultar que los trabajadores lleguen con sus reclamos por accidentes o enfermedades laborales a la justicia laboral, interponiendo otras instancias previas como las comisiones médicas, organismos dirigidos por las ART.
En Santa Fe el proyecto de adhesión fue enviado a la Legislatura por el gobernador Miguel Lifschitz en diciembre del año pasado y luego de ser resistido en Diputados, la Cámara de Senadores le dio media sanción por unanimidad y ahora volvió a Diputados que sigue intentando frenarlo.
En ese marco y en medio de una gigantesca presión de las cámaras empresarias y el macrismo se convocó a una audiencia pública donde se expresaron más de 40 expositores, en su mayoría gremios de la provincia, que se expresaron totalmente en desacuerdo con la adhesión.
Audiencia pública
La diputada Mercedes Meier explicó que “previo a la audiencia desde el Frente Social y Popular convocamos a distintas organizaciones gremiales y políticas para intentar frenar el avance de la adhesión a la ley de ART que propone el macrismo, que no es otra cosa que la punta de lanza de la reforma laboral que los argentinos y principalmente el movimiento obrero pudo frenar en la calle en Argentina, pero que en otros países como Brasil ha pasado y destruido los derechos laborales. En nuestro país la historia de lucha del movimiento obrero demostró que es posible frenar estas avanzadas y seguir peleando por nuevos derechos que es la mejor manera de defender lo que tenemos”.
Hoy N° 1785 02/10/2019
Desde el ámbito sindical, expresaron su rechazo Claudio Girardi (CGT Santa Fe), José Testoni (CTA Santa Fe), Claudio Leoni (Festram), Adriana Monteverde (Amsafé), Jesús Monzón (CGT San Lorenzo), Diego Ainsuain (Siprus), Analía Ratner (La Bancaria), Ramón Acosta (UOM), Pedro Bayugar (Sadop), ); Matías Ruffini (Comisión interna de Acindar), Lorena Almirón (ATE), Oscar Vallejos (Adul), Gustavo Terés (Amsafé Rosario), Rodrigo Acosta (Jaboneros) y Marcos Pozzi (Aceiteros). El único gremio que en la previa se había mostrado a favor (Camioneros) no envió ningún representante a la audiencia pública.
Además, se manifestaron en contra de la nueva ley Diego Boglioli (Asociación de Abogados Laboralistas), Lautaro Ortega, (Centro de Estudios Laborales y Sociales), Diego Guirado (Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados Primera Circunscripción), Daniel Cosuello (Observatorio de Salud de los Trabajadores), Vanesa Blando (Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) y Hugo Kofman (Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe), entre otros.
A favor solo lo hicieron el gobierno provincial, a través de la ministra de la Producción Alicia Ciciliani, y los representantes de federaciones comerciales y empresarias de distintos puntos del territorio santafesino.
Varios diputados se expresaron en la audiencia y rechazaron la adhesión como Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Silvia Augsburger (Igualdad) mientras que otros como Luis Rubeo (PJ) dijo que lo apoyaría en la medida que se constituyan más comisiones médicas en el territorio provincial ya que hoy existe una sola que está ubicada en Rosario y concentraría los reclamos de todo el territorio. Del Frade mencionó que a nivel nacional hay un accidente laboral cada dos minutos y se producen dos muertes por día, por lo cual el problema no es la ley sino los controles y –en líneas generales– las medidas de seguridad en los ámbitos laborales.
Entre los argumentos expresados en contra de la adhesión se repitió la inconstitucionalidad de la norma que vulnera el derecho de los trabajadores a peticionar ante la Justicia; la pérdida de soberanía provincial que implica perder la potestad de gestionar la seguridad de los trabajadores por parte de la provincia. También remarcaron que la mayor cantidad de juicios laborales se debe al incremento del trabajo no registrado (calculan que alcanza al 40% del total de trabajadores), al subregistro de enfermedades profesionales y al rechazo de las ART a los reclamos de los trabajadores que terminan yendo a la justicia.
Las intervenciones a favor tuvieron, casi exclusivamente como argumento la necesidad de adherir para que la alícuota que pagan las empresas baje, ya que esta sube según el argumento por la alta siniestralidad. Algunos empresarios y el gobierno provincial plantearon que en las provincias que se adhirieron el costo bajó.
El proyecto está bajo análisis en la Comisión de Asuntos Laborales que preside el socialista Miguel Solís – proveniente del gremio metalúrgico- y que estuvo presente en el encuentro. En la sesión del jueves 19, un grupo de diputados de la oposición e incluso del propio oficialismo –entre ellos Luis Rubeo, Leandro Busatto, Alicia Gutiérrez, Rubén Giustiniani, Silvia Augsburger, Carlos Del Frade, Mercedes Meier y Fabián Palo Oliver impulsaron que el tema pase a archivo. “Es la punta de lanza de una Reforma Laboral que el macrismo no pudo implementar pero la intención sigue estando. Ellos hablan del costo argentino. No son costos, son derechos laborales. Acá el problema para la producción y para la industria no son los trabajadores sino el modelo macrista”, concluye Meier.
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