En la localidad guatemalteca El Estor del departamento de Izaba, la comunidad originaria maya-q’eqchi’ lucha contra la contaminación que produce la minera Solway, de capitales rusos y suizos. Instalaron un campamento en la ruta desde el 4 de octubre, impidiendo el movimiento de camiones hacia la mina. La Policía Nacional Civil los reprimió brutalmente, y el gobierno de Alejandro Gianmattei decretó el toque de queda por un mes, desde el lunes 25 de octubre. El pleno del Congreso ratificó el estado de sitio ese mismo día, en una reñida votación.
El pueblo guatemalteco viene protagonizando grandes luchas, como informamos en el hoy 1843 (2/12/2020) y en el hoy 1878 (25/08/2021). Organizando contra reloj, el mismo 25 de octubre 200 autoridades de pueblos originarios realizaron una marcha a la capital de Guatemala exigiendo el cese del estado de sitio. También demandaron el cierre de las minas de níquel y el fin de la represión contra el pueblo que lucha por defender sus derechos. Martín Toc, líder de los 48 Cantones, una organización que representa a la comunidad indígena de Totonicapán, reclamó al gobierno que respete “la autoridad de los territorios”, además de exigir la renuncia del ministro de Interior, Gendri Reyes, y de la fiscal general, Consuelo Porras. Por otro lado, el ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó su preocupación por la represión policial a las comunidades originarias y recordó que la mina funciona ilegalmente.
Desde que hace años la comunidad originaria maya-q’eqchi’ viene luchando contra la contaminación en la zona. Una larga lucha, heroica y sin pausa, que se intensificó en marzo de 2017, cuando una mancha roja comenzó a extenderse por el lago. Ese año los pobladores bloquearon los accesos al pueblo para evitar que salieran más camiones. La respuesta del gobierno fue una brutal represión, donde mataron al pescador Carlos Maaz. Dejaron su cuerpo tirado en el asfalto. El pueblo no se quedó de brazos cruzados y quemaron la casa del alcalde y la comisaría de policía.
Con su lucha, la comunidad q’eqchi’ logró en 2019 la orden de la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) para suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa con las comunidades de la región. Pero, junto a la declaración del estado de sitio del 25/10, el Gobierno guatemalteco publicó un comunicado en el que afirmó que la orden judicial no aplica para la minera.
La población del lugar está dividida, ya que la mina es la única fuente de trabajo. Otra forma de chantaje y sometimiento del imperialismo a los países dependientes.
Hoy N° 1888 03/11/2021
