Hace menos de dos meses (el 30 de octubre), cuando estaba en curso el juicio por el secuestro de Marita Verón, la Cámara Nacional de Casación autorizó la reapertura de los prostíbulos de Río Gallegos, conocidos como “Las casitas”, que se cerraron en el 2009 a raíz de denuncias por trata de personas. La organización La Alameda demostró que allí más de 200 mujeres se encontraban reducidas a servidumbre sexual.
La noticia pasó inadvertida salvo en los medios locales, y ni la presidenta ni sus funcionarios se rasgaron la vestiduras como lo hacen hoy, ante la creciente indignación popular. Es más, múltiples funcionarios santacruceños, incluido el gobernador Peralta, defendieron el funcionamiento de “Las Casitas”, diciendo que la prostitución en la provincia era “una cuestión cultural”.
El actual senador kirchnerista Aníbal Fernández no se quedó atrás, y justificó “Las casitas” con el bochornoso argumento de que “si no tienen algún lugar donde gastar su dinero, probablemente violarán mujeres para satisfacer sus deseos” (La Nación, 03/04/11). ¿Estos son los que ahora combatirán la trata, enfrentando la mafiosa red que opera con protección judicial, policial y política? No les creemos nada.
