Compartimos este trabajo de la Comisión de estudios regionales del PCR-PTP de Mendoza.
Por solicitud del gobierno provincial, la legislatura de Mendoza acordó la compra de acciones (clase C) de IMPSA por 5 millones de dólares. Por su parte, la Nación compró acciones por 15 millones de dólares. La composición accionaria quedó de la siguiente manera: Nación 63,7%, provincia 21,2%, acreedores privados 9,8% (Banco Nación, BID, inversores chilenos, canadienses, brasileros, etc.), y la familia Pescarmona 5,3%.
De esta forma, el Estado nacional y provincial pasan a tener mayoría accionaria y mayoría en el directorio, que de los 3 integrantes originales por los acreedores privados, se suman cuatro más: tres por la Nación y uno la provincia. Aparte se agregan dos síndicos por la Nación a los dos que tenían los sectores privados.
¿Qué cambios se produjeron para que el Estado pase a controlar IMPSA y qué implica para la provincia? ¿Por qué el grupo de acreedores privados impulsó el ingreso del Estado a la empresa? ¿qué llevó a los ultraliberales de Suárez/Cornejo a impulsar esta acción?¿IMPSA se ha transformado en una empresa estatal?¿cuáles son las perspectivas de la empresa?
En primer lugar, la venta de acciones por parte del grupo privado, responde a la necesidad de capitalizarse, pagar deudas y afrontar los proyectos existentes, que sin los nuevos fondos serían imposible de concretarse. Actualmente IMPSA está trabajando en la elaboración del reactor nuclear de Atucha II, las nuevas turbinas para Yacyretá, las turbinas para el parque eólico de La Rioja, entre otros proyectos.
En segundo lugar, el actual directorio busca terminar de revertir la crisis que arrastra desde una década la empresa, cuando se sumaron los contratos impagos por las obras en Venezuela y la quiebra de su filial en Brasil (Wind Power Energía). Con una deuda de casi mil millones de dólares, Pescarmona entregó la mayoría de las acciones a los acreedores (centralmente entidades bancarias) en compensación por una parte de sus deudas. En el 2018 en medio de la crisis económica y de las denuncias de corrupción, Pescarmona dejó el cargo de CEO y comenzó una nueva restructuración de sus deudas que se han extendido en sus plazos. El nuevo CEO, Juan Carlos Fernández, es un técnico que trabajó 37 años en la empresa, es decir es una persona de Pescarmona. Con el nuevo acuerdo con el Estado nacional y provincial a través de la compra de acciones, el grupo de acreedores no sólo logra obtener los fondos necesarios (20 millones de dólares) para las obras en curso, sino que obtiene implícitamente acuerdos políticos que le permitirán afrontar nuevos litigios y licitaciones.
En tercer lugar, el acuerdo tiene como principal impulsor al gobierno de Suárez y al grupo de Cornejo, que son los que tramitaron para que la Nación comprara la mayoría de las acciones y se concretara la operación. Si bien Pescarmona ha tendido relaciones con la mayoría de los gobiernos de turno, los vínculos entre IMPSA y el gobierno de Cambia Mendoza son importantes y estrechos. Entre los múltiples funcionarios que pasaron por la empresa, se destaca el ex Ministro de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, (que fuera el director de la filial brasileña de IMPSA que quebró y que mantiene múltiples juicios) y que recientemente ha sido reubicado como director de la empresa estatal que administrará el polo logístico y la mina de Potasio Río Colorado. Pescarmona en agradecimiento a las tratativas de Cornejo, donó hace un par de años a la provincia una residencia que ha pasado a utilizarse como la residencia del gobernador en cargo.
Más allá de las personas, el objetivo reciente que unió la gestión con la empresa, ha sido la concreción del proyecto de Portezuelo del Viento, obra que supera los mil millones de dólares y que tuvo como único oferente un consorcio liderado por la empresa china Sinohydro, con sus socias locales: CEOSA, IMPSA y Obras Andinas. A diferencias de otras obras, la provincia dispone de los fondos que Nación ha girado en compensación por los efectos de la promoción industrial. ¿Por qué se ha planteado una megaobra y no un conjunto de obras esenciales en el marco de la crisis y la pandemia? ¿Por qué no realizar las obras en su totalidad por empresas y cooperativas nacionales y locales, si el financiamiento es 100% estatal?
Lo que surge entre los vínculos de funcionarios con las grandes obras, la empresa y el gobierno provincial (y que tientan a sectores del gobierno nacional), es un tipo de proyecto que estimula la inserción de grandes monopolios (inversiones como llaman ellos) para la explotación de determinados recursos que en su mayoría serán exportados (que según ellos derrama trabajo y algunas regalías), a costa de reforzar nuestra dependencia, impedir nuestro verdadero desarrollo, facilitar el saqueo de nuestros recursos y ofrecer contratos laborales flexibles a bajo “costo”.
Como dato de color es interesante reflexionar cómo los sectores de Juntos por el Cambio, que se presentan como los máximos defensores del liberalismo económico y que recientemente se opusieron férreamente a la intervención de Vicentín, hoy son los paladines de la “estatización”. Cínicamente, mientras critican al gobierno nacional por acciones semejantes y mientras su principal representante solicita separar a Mendoza de la Nación, en esta ocasión no sólo piden la intervención del Estado nacional, sino financiamiento para la adquisición de acciones por parte de la provincia. ¡Qué grandes exponentes de la coherencia!
Por su parte, el gobierno nacional surge como el accionista mayoritario y con mayor influencia dentro del directorio, en este sentido será fundamental su participación y las políticas que llevará adelante. ¿Impulsará una empresa nacional con vistas al desarrollo industrial y agrícola o una empresa nexo de las grandes corporaciones internacionales? ¿Impulsará obras que sean realizadas por las PyMES nacionales y locales o continuará con un esquema similar al realizado en las represas del sur (N. Kirchner y J. Cépernic), donde los socios mayoritarios son empresas chinas? ¿Acordará con el proyecto de saqueo de Suárez y Cornejo o desarrollará un proyecto que avance en un proceso de sustitución de importaciones? ¿Matriz productiva agroexportadora o desarrollo soberano de nuestra industria y recuperación de nuestros bienes y recursos estratégicos?
En cuarto lugar, en general se ha presentado el rescate de la empresa, como una empresa “provincial”, que es fundamental por su historia e importancia. Acá vale aclarar algo de su historia y de la evolución del grupo que la conforma. El inmigrante italiano Enrique Pescarmona (abuelo) funda en 1907 los Talleres Metalúrgicos Pescarmona en la provincia y se desarrolla al calor de la producción de insumos metalúrgicos para la vitivinicultura en ascenso. En 1966 el actual Enrique Pescarmona (nieto) se integra a la conducción de la compañía y al poco tiempo se casa con Lucy Pujals, hija del dueño de Acindar. “Yo sabía que la empresa no sería viable en el largo plazo si no era competitiva a nivel internacional”, dijo en una de sus biografías. Desde esta perspectiva cierran la línea de alambres y clavos y comienza el proceso de producción de obras de gran valor agregado: las grúas, las turbinas hidráulicas, los componentes para la industria nuclear, y los recipientes de presión para plantas químicas y petroquímicas.
Pero fue durante la última dictadura militar y siendo parte de la cámara argentina-soviética de comercio, que industrias Pescarmona realiza una importante expansión, adquirió los gigantescos galpones, los tornos de última tecnología y gran envergadura, y pasa a obtener la mayoría de las “licitaciones” de las usinas hidroeléctricas. En ese periodo construye la terminal de ómnibus de la provincia y fabrica turbinas para Yaciretá. Estas obras y el equipamiento las obtiene gracias al gran endeudamiento autorizado por la dictadura, parte de las deudas que Cavallo terminó estatizando.
En momentos en que avanza un fuerte proceso de desindustrialización, Pescarmona pasó de una fábrica de clavos, a la metalúrgica que realizaba las principales obras hidráulicas en el país y a expandirse en los negocios internacionales. De una Oficina Técnica con una decena de Ingenieros a fines de los setenta a más de 400 en algo más de cinco años. Fue proveyéndose de patentes y tecnologías de punta para abordar todo tipo de Obras Metalmecánicas y lograr un crecimiento record en poco más de diez años, monopolizando la mayoría de la materia gris que egresaba de las Universidades cercanas y también lejanas.
Durante los 90, la empresa se consolida como una gran empresa con múltiples obras en distintos países (más de 20), principalmente en el sudeste asiático (Malasia, Filipinas y China, entre otras), Europa del este y América del Sur. Como anécdota de color, se comentaba en la empresa como el CEO de IMPSA, había intermediado para que el grupo anglo-malayo Walbrook, que tiene como figura al premier malayo, comprara a principio del nuevo mileno las tierras y el complejo de Las Leñas; tierras que suman cerca de medio millón de hectáreas y que transformaron al grupo en el principal latifundio de la provincia.
Durante esta época en consonancia con el modelo “neoliberal” del menemismo, Pescarmona terceriza gran parte del proceso productivo y expande las obras a la producción de energía eólica centralmente. Ya había obtenido la aerolínea Austral, con las privatizaciones de Alfonsín que al poco tiempo vendió a Iberia y contaba desde hacía décadas con una bodega en la provincia. Siendo parte del grupo Magna participó activamente en la privatización del Banco Mendoza y fue uno de los grandes beneficiados de su quiebra. La última obra importante en la provincia fue el dique Potrerillos realizado junto a Cartellone.
Con la llegada de los Kirchner, Pescarmona desarrolla una importante relación, aunque contradictoria, con el gobierno nacional. Varios factores contribuyeron a esta relación, como los estrechos vínculos de Enrique con China (sus negocios datan de mediados de los 80 en ese país) y sus enfrentamientos con Techint, entre otras cosas. Fue un ferviente impulsor de la candidatura de Julio Cobos como vice de Cristina, en épocas en la que Cornejo era el principal asesor de Julio. Durante este periodo la empresa ganó varias licitaciones en Venezuela, Ecuador, Brasil y Paraguay, muchas de las que posteriormente entraron en crisis.
La relación entre los Kirchner y Pescarmona se fue tensando ante los distintos intentos de adquisición de la empresa por parte de sectores vinculados al matrimonio presidencial o para incorporar socios a las licitaciones. Enrique se quejaba que lo habían excluido de las obras energéticas en San Juan y repetía en público que lo único que le habían dado los Kirchner era la entrada a Venezuela. Durante el gobierno de Cristina gana la licitación de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, que implican una orden de compra record en la historia de la empresa en el ámbito nacional por 4.500 M de dólares. La relación termina de romperse cuando el gobierno nacional anula la licitación, y pasa a ser adjudicada a monopolios chinos en asociación con Electroingieniería. También coincide en momentos en que China anula contratos con la empresa, luego de obtener por izquierda las patentes para la fabricación de determinados componentes que realizaba la empresa.
La empresa Pescarmona, que comenzó como una empresa familiar, bajo la dirección de Enrique supo adaptarse a los distintos gobiernos de turno, cambiando radicalmente su carácter y función. Sus posturas ideológicas fueron acompañando esos ambivalentes acuerdos. Entre sus frases célebres se puede mencionar las siguientes: “Yo no hago filosofía sino negocios, no me pregunto lo que está bien y lo que está mal, sino cómo se hace para ser más competitivo”. En 1997 en pleno proceso de ajuste y de precarización laboral planteaba: “Las chicas filipinas que trabajan en nuestras oficinas de Hong Kong están siempre dispuestas, no hay sábados ni domingos, si hay licitaciones y se tienen que quedar varios días sin dormir lo hacen y no cobran horas extras ni piden nunca nada. Los asiáticos trabajan todos los días 20 horas por día, por ochenta dólares por mes y además están preparados, son educados y buena mano de obra”. En el 2006 en medio de un coloquio de IDEAS y cuando era ferviente kirchnerista dijo: “Yo estuve 45 días secuestrado (en 1985) y estoy vivo gracias a la prensa libre (…) Les pido a todos que no se olviden de Jorge Julio López, que la Gendarmería y la policía lo sigan buscando. No volvamos al pasado”. En el 2016 y ya producidas las rupturas con el kirchnerismo planteó: “las chicas de 14 años se hacen preñar para tener bebes y cobrar unos mangos de la asignación”. En el 2018 y en medio de las denuncias por las coimas de las obras públicas, y mientras Pescarmona y su segundo (Francisco Valenti) solicitaban incluirse bajo la figura de “arrepentidos”, planteó: “tuve que pagar porque si no me mataban…”, tratando de justificar sus propias acciones.
En síntesis, es un empresario poco interesado en el desarrollo nacional y provincial, como a veces tratan de presentarlo. Su expansión está claramente relacionada con la dictadura y su crecimiento estrechamente vinculado a los favores del gobierno de turno. A pesar de cuestionar las políticas asistenciales, es una empresa que ha crecido por la “ayuda” del Estado, autorización de endeudamiento y financiamiento del mismo, licitaciones dirigidas, préstamos y subsidios millonarios, ayudas para pagar sueldos como los REPRO (mientras él despedía obreros), etc. Recientemente la CECIM (Cámara Empresarial da la Construcción Independiente de Mendoza), planteó que la ayuda del Estado no se tendría que reducir a una mega empresa, sino atender la situación del conjunto de las PyMEs locales, y en un comunicado sostuvieron que con los fondos que se destinarán a IMPSA, se podrían rescatar 150 empresas pequeñas y medianas.
En quinto lugar, se encuentra el dilema sobre la compra de acciones por parte del Estado que básicamente presenta dos grandes caminos. La empresa rescatada por el Estado, puede ratificar y profundizar el rol de empresa intermediaria de los monopolios externos para avanzar en los proyectos de saqueo de nuestras riquezas que refuerzan la dependencia externa e impiden un verdadero desarrollo provincial. Este carácter se pondrá de relieve tanto en la elección del tipo de obras (en función de los intereses externos o internos), en los sectores participantes (grandes monopolios o las PyMES locales) y en la forma en que se realizarán las mismas (es decir el cuidado de nuestro medio ambiente y recursos). Si este es el camino, el Estado sólo servirá como financista y rescatista de los grupos privados, que aprovecharán las múltiples influencias que esta situación permite. Esta historia los mendocinos ya la hemos conocido con el famoso caso Greco, entre otros. En este sentido será clave, indagar cómo serán los mecanismos de decisión en la empresa que es una sociedad anónima con mayoría estatal, donde las acciones clase C no tienen derecho a voto y se entremezclan las instancias de decisión entre los síndicos, el directorio y la asamblea de accionista.
El otro camino, es avanzar en una empresa 100% estatal, que priorice las obras indispensables para un desarrollo industrial y agrícola provincial en función de las necesidades de las grandes mayorías. Una empresa que coloque su capacidad técnica en función de las obras de ampliación e impermeabilización de riego que permitan el acceso al agua a los pequeños y medianos productores, que emprenda obras necesarias como el dique los Blancos en Tunuyán, el dique La Estrechura con el trasvase al río Atuel, obras de tratamiento de aguas en Lavalle que afrontan altos niveles de arsénico, la realización de cloacas y red de gas en Malargüe, obras intermedias que permitan el abastecimiento de agua suficiente para el este y norte de la provincia, el estudio y desarrollo de emprendimientos de energías renovables en nuestro territorio, el posible impulso y desarrollo para la fabricación de insumos y partes industriales que actualmente dependen de las importaciones, el desarrollo de plantas de tratamiento de residuos, la imprescindible renovación y expansión de la red de agua y cloacas en la provincia, la producción de materiales para la producción agrícola local, etc.
A la vez, que se coloque como bastión principal para el abastecimiento y cooperación del conjunto de las pequeñas y medianas industrias locales, y de las cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales, trabajando en conjunto y transformándose en la proveedora de los insumos y elementos necesarios para las obras locales.
Para esto es necesario que el Estado tenga un rol activo de control y decisión, solicitando la apertura de los libros de la empresa, regulando y supervisando los contratos y cláusulas de obra, derivando las ganancias a las necesidades de la empresa y no al grupo de acreedores privados, fijando los criterios salariales del personal jerárquico y de los trabajadores, estableciendo pautas de control que eviten coimas, sobresueldos e hiperganancias a costa de la quiebra de la empresa. Este camino será imposible si no se avanza en una verdadera empresa estatal, que permite el control directo del Estado y evita las múltiples normas que utilizan los fondos de inversión para proteger sus negocios a través de los mecanismos de las sociedades anónimas. A la vez, sin la participación en las instancias de decisión de los técnicos y trabajadores, y de los sectores interesados en el desarrollo de una verdadera empresa provincial de producción local, será muy difícil la concreción de este proyecto.
En síntesis, la compra de acciones por parte del Estado, que se ha realizado con múltiples intereses, en sí es un paso positivo, siempre y cuando avance en un camino de desarrollo industrial local. De las fuerzas y sectores populares y patrióticos dependerá que la empresa avance en un camino de soberanía o de nueva dependencia.
23 de marzo de 2021
