La Justicia dictó prisión preventiva a estas jóvenes valiéndose de la acusación del propio abusador Leguizamón, que se ubicó como víctima, demostrando que, en nuestro país, la respuesta a la autodefensa es la penalidad.
La Justicia dictó prisión preventiva a estas jóvenes valiéndose de la acusación del propio abusador Leguizamón, que se ubicó como víctima, demostrando que, en nuestro país, la respuesta a la autodefensa es la penalidad.
El 18 y el 19 de marzo se llevó a cabo el juicio oral en el Tribunal Nº 2 de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Allí se hicieron presentes un gran número de organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos, entre ellas Mujeres en Tren de Lucha, la CCC de la Zona Oeste, ATE de las seccionales Ituzaingó y Moreno, Mujeres Organizadas de Oeste, Barrios de Pie, Mujeres al Pie del Cañón, Mumalá, etc. Todos pidieron la excarcelación de Ailén y Marina con cantos y batucadas, expresando la solidaridad de clase, y de género.
Finalmente el 9 de abril se dictó la sentencia vergonzosa e indignante: las hermanas Jara fueron declaradas culpables por tentativa de homicidio, a 2 años de prisión y, como ya habían cumplido la condena, fueron liberadas. La fundamentación de este fallo no fue leída a la Defensa, por pedido del Tribunal de Justicia, y según expresó el vocero de la comisión por la libertad de la Jara, fue indignante.
Esta sentencia que ubica a las víctimas como victimarias, deja en evidencia la ausencia del Estado para prevenir situaciones de violencia de género, pero que sí está presente para criminalizar, privar de la libertad y penalizar a los más pobres, a las mujeres o a los que luchan. Además estigmatiza a las chicas que tienen que volver al barrio donde vive el abusador-acusador y quedan expuestas, con antecedentes penales, sin poder pedir restricciones para Leguizamón quien cuenta con la protección de la policía de Moreno que encubre su actividad como traficante de drogas, según cuentan los vecinos y las víctimas.
El 12 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa donde hablaron Ailén y Marina, integrantes de la Comisión por la libertad de las hermanas Jara y uno de los abogados. Allí se explicó cómo va a continuar la lucha legal, con pedido de apelación a la Corte Suprema de Justicia y, de ser necesario, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otro lado Ailén, Marina y su mamá Elena Salinas, pudieron expresar su agradecimiento a todas las organizaciones por acompañarlas en esta lucha y haber difundido el caso. También plantearon la necesidad de participar en forma colectiva, para ayudar a otras mujeres que vivan situaciones de violencia.
Una vez más queda claro que los sectores más vulnerables tienen que tomar en sus manos el camino de la lucha colectiva para hacer justicia, ya que este gobierno que se jacta de nacional popular deja indefensas a las mujeres más pobres y defiende a los abusadores practicando la discriminación de género y de clase.
De ahí la importancia de exigir al gobierno la declaración de la Emergencia Nacional en violencia sexual y doméstica que contenga y proteja a los miles de mujeres que en nuestro país sufren abusos de distinta índole todos los días.
