“Son siete hectáreas contra las 900 mil de Benetton, contra 14 mil de Lewis, Burton, Surco, Roemmers, el príncipe de Qatar… esos son los verdaderos vecinos del lof Lafken Winkul Mapu”, recalcó Soraya Maicoño, vocera de la comunidad desalojada y reprimida en Villa Mascardi (Bariloche) el 4 de octubre en un operativo de seguridad unificado, con fuerzas federales y provinciales.
El comando que llevó adelante el desalojo en cercanías a la Ruta Nacional 40 y a 35 kilómetros al sur de Bariloche, fue ordenado por la jueza federal Silvina Domínguez. Fue creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con el de Río Negro.
El operativo desplegó 250 uniformados federales y provinciales, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos. Denunciaron que hubo tropas de elite con armas letales y perros. “Las imágenes que mostraron el ingreso de tropas desarmadas sólo fue una muestra para engañar a la opinión pública”, expresaron voceros mapuche.
El desalojo fue en el predio de Parques Nacionales, que desde 2017 la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu ocupa como parte de una acción de recuperación territorial de sus tierras ancestrales, que ni el gobierno provincial ni el nacional reconocen. Allí fueron detenidas siete mujeres y por lo menos, dos bebés de 1 y 4 meses. Una de las mujeres mapuche tenía un embarazo avanzado. Una de las presas es la machi, autoridad espiritual del pueblo mapuche.
Además, cuatro detenidas fueron trasladadas arbitrariamente a más de 1.600 kilómetros de su hogar, a Ezeiza, separándolas de sus hijos pequeños y sin siquiera notificar a sus defensores, por orden de la jueza federal Silvina Domínguez. El sábado 8 la jueza dispuso, ante el repudio generalizado, la prisión domiciliaria para estas detenidas, que retornaron a Bariloche.
Una de las detenidas, Romina Rosas, embarazada de 40 semanas al momento del desalojo, tuvo que parir en contexto de detención y de extrema violencia institucional y de género. Las irregularidades del caso, que tiene secreto de sumario, están a la vista ya que no se conocen las causas de la detención. Son presas políticas.
Para llevar adelante este operativo, se vulneraron muchos derechos, varios de rango constitucional como el artículo 75 inciso 17, que establece que los pueblos originarios son preexistentes al Estado nacional. Se violaron también convenciones nacionales e internacionales, así como derechos humanos. Se operó con total carencia de perspectiva de género.
Con ese accionar también se violó la ley 26160, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, pero además se vulneraron leyes que protegen los derechos de las mujeres, niñas y niños.
Orlando Carriqueo, presidente de la Coordinadora del Pueblo Mapuche, sostuvo que la discusión es la tierra y que sea mapuche o no sea mapuche, no dejan que nadie pueda acceder a la tierra. El líder denunció al gobierno nacional y también al provincial, por impulsar el terrorismo de Estado y porque “buscan reeditar la Campaña del Desierto”.
La represión fue repudiada por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de todo el país. También provocó la renuncia de la ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta.
Qué y quién está detrás
“Roca, volvé, todavía no terminaste tu trabajo”, decía un cartel en la marcha contra la comunidad de Villa Mascardi, dos días antes del violento desalojo. Acompañados y alentados por sectores reaccionarios, un grupo de vecinos hizo la caravana pidiendo desalojo y represión a la Lof Lafken Winkul Mapu. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Aníbal Tortotierello, y la exministra de Seguridad de la Nación y referente del PRO, Patricia Bullrich, acompañaron esa marcha; como lo vienen haciendo hace tiempo.
Con la idea fija de tener el control de las tierras para entregarlas a proyectos mineros, turísticos y energéticos de empresas extranjeras, los propios gobernantes vienen fogoneando el racismo y la idea del “terrorismo mapuche”, dividiendo al pueblo; para expulsar a las comunidades de sus tierras ancestrales. Están dispuestos a todo, incluso a las balas y como ya se vio en nuestra provincia, a matar. Rafael Nahuel en 2017 y Elías Garay en 2021 ya perdieron la vida asesinados por fuerzas represivas del Estado.
Junto a personajes como Miguel Pichetto, Alberto Weretilneck y la propia gobernadora Arabela Carreras; estos sectores siguen haciendo apología a la nefasta campaña de exterminio al pueblo mapuche, la que llaman “Conquista del desierto”. Por eso diputados y senadores de Juntos Somos Río Negro (JSRN) exigían al Estado nacional que actúe.
Estos sectores de derecha, que se agruparon bajo la denominación “Consenso Bariloche” presionan para que se repriman todas las ocupaciones. Están en contra de la Ley 26.160 que garantiza el respeto al derecho a la tierra ancestral que tienen los pueblos originarios.
Pretenden expulsar al pueblo mapuche de su tierra ancestral para dejarla en manos de empresas mineras, de energía o magnates como Lewis. No es solo Villa Mascardi, junto al gobierno nacional le entregaron 625.000 has a la empresa australiana inglesa Fortescue y para cateos mineros ya entregaron otras 200.000 has.
En la misma zona descansa el inglés Joseph Lewis, quien tiene ocupado un lago ilegalmente. Un extranjero en zona de frontera negando el paso al Lago Escondido por el camino de Tacuifi y no dicen nada. Durante septiembre, un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche le ordenó abrir el paso al Lago Escondido, pero el gobierno de Carreras apeló el fallo en clara defensa de Lewis. La justicia hizo lugar y ahora deberá fallar el Superior Tribunal de Justicia.
“La única respuesta de Arabela Carreras ha sido instalar el odio en Bariloche y en toda la comunidad por intermedio de los medios de comunicación”, aseguró Felisa Curamil de la APDH Bariloche.
El 8 de agosto habían acordado realizar una instancia de diálogo entre sectores pero no avanzó por falta de voluntad política del gobierno provincial. Ahora, desde la Confederación Mapuche convocan a una mesa de diálogo para el 12 de octubre en Bariloche, insistiendo en abrir un canal de comunicación con las autoridades nacionales.
Unidad para recuperar la tierra
Comunidades del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro aseguran que la única salida es la reparación histórica al pueblo mapuche y que deben cumplirse las garantías constitucionales que aseguran la preexistencia de las comunidades.
Ahora, desde el Parlamento Mapuche piden la renuncia del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Lo hicieron a través de una carta enviada al presidente Alberto Fernández. Pidieron la liberación de las siete detenidas y la devolución del territorio a la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Desde la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda de Río Negro, más de 50 organizaciones nos pronunciamos en repudio y preparamos una movilización unitaria en todos los puntos de la provincia para el 12 de octubre.
Exigimos:
1) Inmediata liberación de las mujeres detenidas. No a la criminalización de la protesta.
2) No al comando unificado que militariza la zona, promovido tanto por el gobierno nacional y el gobierno provincial. No al foro consenso Bariloche promovido por el macrismo y JSRN.
3) No a la entrega de nuestras riquezas mineras y energéticas.
4) No a la entrega de tierra a monopolios como Fortescue con el proyecto Hidrógeno Verde, el gobierno de Juntos Somos Rio Negro le entregó 625.000 hectáreas por 75 años y 200.000 para cateos a empresas mineras extranjeras.
5) Fuera Lewis de Rio Negro y de Argentina. Este magnate inglés ha constituido un estado paralelo en Lago Escondido y en Bahía Dorada en Sierra Grande.
6) Derogación del acuerdo con el FMI
7) No al extractivismo.
Corresponsal
Hoy N° 1934 12/10/2022
