El debate en la Legislatura tucumana, en 1922, alrededor de la implantación de la jornada de ocho horas de trabajo, tuvo la abierta oposición de la asociación que nucleaba a los dueños de los ingenios: el Centro Azucarero. Esta iniciativa fue impulsada por el gobernador radical Octaviano Vera, que había ganado el año anterior con el apoyo de sectores enfrentados al presidente Hipólito Yrigoyen, y en principio con apoyo de las patronales azucareras. Pero a poco andar, el gobierno tucumano, aquejado de una grave crisis fiscal, lanzó medidas impositivas que lo enfrentaron con este sector, lo que se agudizó con el proyecto de ley de salario mínimo, y la jornada de 8 horas.
La ley estipulaba un mínimo de $4,20 para los obreros mayores de 18 años, lo cual era un aumento importante respecto a los $3 que se cobraba por 10 o 12 horas de trabajo. Por presión de las patronales, la misma ley era ambigua con respecto a los trabajadores del surco, que debían convenir el salario con el patrón, y no ponía un mínimo. La discusión de esta ley venía atada al debate por el presupuesto, que agudizó el enfrentamiento con el sector cañero.
A tal punto, que para forzar la votación en la Legislatura, tras meses de debate, en enero de 1923, el gobernador Vera bloqueó con la policía el acceso de los legisladores liberales que, aliados a los yrigoyenistas, se oponían al presupuesto presentado por el Ejecutivo. Así consiguió quórum e hizo aprobar tanto el presupuesto como las “leyes obreras”. Esto provocó la renuncia del senador nacional por Tucumán, Ramón Paz Posse, dueño del Ingenio San Juan.
Tanto el Centro Azucarero, como los grandes cañeros, se negaban a aplicar estas leyes, y comenzaron a reclamar abiertamente la intervención federal de la gobernación de Vera.
Frente a la oposición de una parte de los dueños reales de la provincia, el gobierno buscó negociar. Rebajó el impuesto acordado sobre la molienda de la caña, y se comprometió a sacar un decreto que estipulaba que la aplicación de las “leyes obreras” quedaba sujeta “a la libre negociación de las partes” y el gobierno se comprometía a garantizar la “libertad de trabajo”. Sacado el decreto en mayo de 1923, una parte de los trabajadores fue a la huelga en distintos ingenios, A fines de mayo los patrones decretaron un lockout, se reunieron con Vera y le exigieron “mano dura” con los trabajadores. El gobernador reprimió a los trabajadores, que alcanzaron acuerdos parciales en algunos ingenios. La labor se retomó, y en octubre de 1923 fue intervenida la provincia.
