Esta obra es uno de los temas estructurales más importantes de la provincia, y con fuerte impacto coyuntural. Su ejecución no responde a una verdad sustentada técnicamente, sino que requiere de una decisión compleja basada en múltiples dimensiones.
¿Portezuelo por 1.000 MD ó 1.000 MD para un plan de desarrollo quinquenal, infraestructura hídrica, energética y productiva? Se necesita una propuesta superadora del dilema (hacer o no hacer la obra), inscripta en un proyecto de desarrollo provincial. ¿Qué producir (agro, minería, etc.); ¿cómo? (respetar los bienes comunes); ¿quién detenta la propiedad y el control? (capital extranjero, grupos monopolistas, sociedad estatal, cooperativas de productores, etc.) Se trata de incrementar la producción, atacando la concentración de la propiedad y la distribución desigual.
La proyectada obra de la represa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, sobre el río Grande, despierta múltiples interrogantes técnicos, sociales, políticos. Ahora se ha prorrogado el plazo para que la UTE única oferente mejore el presupuesto presentado.
Es un tema que no divide (como ocurre en otros) según la “grieta”, sino al interior de partidos opuestos (aunque se mantenga en voz baja la disidencia). Las razones son tanto objetivas (en el sentido técnico de la conveniencia o no de la obra), sino también subjetivas en cuanto a la oportunidad coyuntural, la dimensión y el tipo de obra (hay diversos proyectos).
Recordemos que el Gobierno y otras voces que apoyan la obra enfatizan: 1) es una obra estratégica en una zona relegada del sur, que abastecerá de energía eléctrica al sistema interconectado nacional; 2) permitirá contar con un suministro eléctrico directo para Malargüe; 3) regulará el río según las temporadas para su mejor aprovechamiento; 4) permitirá impulsar la producción minera no metalífera como la de yeso; 5) servirá para suplantar con energía eléctrica la falta de otras fuentes de energía en la zona; 6) ha generado una gran expectativa en el departamento sobre todo por el tema laboral. 7) la dificultad de revisar el proyecto.
Aclaremos que no se trata de hallar una verdad sustentada técnicamente, sino de una decisión compleja basada en múltiples dimensiones. Esbozamos algunas (en un orden no necesariamente de importancia), partiendo de un presupuesto: no nos convencen argumentalmente ni la oposición frontal negativa a la realización de la obra, ni el apoyo total. Los primeros la rechazan de plano por el negociado que viene de la mano del ex gobernador Cornejo y las distintas implicancias ambientales y sociales; los segundos plantean apoyar el proyecto original por la importancia de la obra en una zona estratégica y por las expectativas que ha generado en el sur. Trataremos de fundamentar una posición superadora en base al análisis de esas dimensiones
1) El diagnóstico de la situación provincial y la urgencia en los problemas a resolver
No se puede analizar la obra al margen de la crisis desatada en la nación y la provincia. A fines de 2019 la situación económico-social era muy grave, y durante el 2020 la pandemia empeoró todo. Nada es más urgente que enfrentar la pandemia y el hambre. El PBG provincial viene en declive, con alta inflación, desocupación, precarización laboral, pobreza y desigualdad, concentración económica obscena (visible en vitivinicultura, comercio interior, finanzas y otras ramas).
Se necesitan proyectos como el de “Tierra, Techo y Trabajo” para incorporar rápida y efectivamente a miles de trabajadores desocupados o precarizados, de toda la provincia, a la producción agraria y agro-industrial, la construcción de viviendas, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, escolar y vial, etc.
2) Los fondos: su origen, carácter irrenunciable y su destino
Esto implica tener en cuenta quiénes se benefician con la obra, ya que se utilizará un fondo perteneciente a Mendoza para fines de carácter nacional (energía eléctrica para el sistema interconectado, ampliación de superficie irrigada aguas abajo).
Los temas de la deuda nacional y la planificación de Portezuelo del Viento están unificados por el acuerdo establecido entre la Nación y la provincia. Pero son dos temas que venían separados: los estudios y proyectos sobre obras hidroeléctricas en los ríos provinciales por un lado, y por otro el juicio por las pérdidas ocasionadas por la promoción industrial en provincias vecinas.
Desde el 2006 se avanzó en acuerdos y en desacuerdos. El acta acuerdo 2006 estableció: “…obra denominada «Presa y Central Portezuelo del Viento» que integra el proyecto denominado «Aprovechamiento Integral de los Recursos Hídricos del Río Grande – Trasvase del Río Grande al Río Atuel» (Convenio Kirchner-Cobos por 92 MD). No se cumplió. Un nuevo acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Celso Jaque se firmó en 2011, contemplando la construcción de la represa y el trasvase de aguas al río Atuel por 493 MD.
Ya en 2016 con Alfredo Cornejo se producen variaciones y se aprueba la ley 8949 ratificando la ejecución de la obra «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento». Y finalmente el acuerdo de 2018 entre Macri y Cornejo lleva el monto a 1.023 MD, emitiéndose la letra por ese importe en junio de 2019, estableciendo cuotas trimestrales desde octubre 2019 hasta octubre 2024. Ya se han desembolsado 7 pagos por unos 215 M$ depositados en un fideicomiso.
Vistos los cambios del convenio a lo largo del tiempo, es válido pensar que logrado un acuerdo final por la indemnización, el dinero debería venir a la provincia renegociando el tipo de obras a encarar.
El proyecto actual contempla un gran dique que embalsará 2000 hm3, de 185 m de altura; con una potencia de 210 MW para generar energía para unos 130.000 usuarios familiares. Ha desaparecido el trasvase de aguas al Atuel. Y cabe señalar que la planificación se hizo en base a un caudal de 107 m3/s, pero hoy el rio está en 48 m3/s.
Por otra parte, las obras de estas características (ejemplo, los dique y centrales N. Kirchner y Cepernic, en Santa Cruz, entre otras) han sido financiadas por la Nación, ya que los beneficios que generan es inter-jurisdiccional. En este sentido surge la pregunta, ¿por qué Mendoza tiene que destinar los fondos de compensación a una obra de carácter centralmente nacional?
3) La compleja problemática de las cuencas interprovinciales
Aquí entra en juego la concepción de un país federal, con relaciones interprovinciales que aseguren beneficio mutuo. Ya tenemos un conflicto centenario con La Pampa por el Río Atuel. Es un grave error colocar contradicciones principales entre provincias. Los trabajadores y pequeños agricultores pierden en todos lados. Hay un intento de desplazar y ocultar las contradicciones reales. Se trata de buscar un método federal y democrático para resolver diferencias.
Remarquemos también nuestra crítica a la forma violenta y chauvinista que ha tomado la discusión del Proyecto, lo que transforma a cualquier observador crítico, en enemigo de Mendoza o La Pampa, trazando una disputa entre provincias, o entre Mendoza y la Nación que no es tal. En todo caso la contradicción real es la que enfrenta los intereses de los gobiernos y las grandes empresas locales, chinas, etc., con los intereses de los trabajadores, los productores agrarios y los pueblos de las provincias comprometidas. Tal virulencia ha llegado a expresarse con toda gravedad en los comentarios divisionistas del diputado Cornejo que plantea una Mendoza independiente.
4) Las necesidades estructurales de Mendoza ancladas en la problemática hídrica
La característica principal de Mendoza es la escasez hídrica y la abundancia de tierra árida. Es una situación crónica agravada por la disminución histórica de los caudales de los ríos. Deben resolverse de forma urgente los problemas en la red de riego, la impermeabilización de canales, renovar la red de agua potable, saneamiento y colectores cloacales. La obra no busca proteger y mejorar el aprovechamiento del agua, un bien escaso e imprescindible en la provincia, que atraviesa una de las sequías más prolongadas y profundas.
Mencionemos que el 80% del agua está destinada al riego agrícola, sólo un tercio de estos canales están impermeabilizados, por lo que se calcula una pérdida de las dos terceras partes del agua en su recorrido. Existe una gran deficiencia en el sistema de riego y son imprescindible nuevas obras y diques intermedios como Los Blancos.
Por otro lado, la población sufre por la falta de obras de agua potable (en cantidad y calidad) y cloacas en zonas muy pobladas, como por ejemplo en la barriada de la Favorita y es cada vez más dificultoso el acceso al agua para zonas postergadas como Lavalle.
5) Las necesidades de generación de energía eléctrica para la producción y usos residenciales
Para estos fines se cuenta con diferentes fuentes: hidroeléctrica, térmica (uso de gas, petróleo), eólica, solar. ¿Cuáles son más convenientes? ¿Cuáles son las demandas más acuciantes? ¿Cuáles obras hidroeléctricas son más beneficiosas?
Existen numerosos proyectos provenientes de la antigua empresa estatal Agua y Energía, con obras de regulación hídrica y generación eléctrica en varios ríos provinciales. Deben revisarse para una planificación y un cronograma eficiente y adecuado de las obras. También está en discusión la construcción de grandes represas o mini represas/mini centrales de menor costo y mayor aprovechamiento que podrían ser realizadas íntegramente por empresas locales o nacionales. Existen alternativas de instalación de plantas de energía solares y eólicas.
Por otra parte, es imprescindible que en la evaluación de las necesidades, se priorice la construcción del gasoducto que permita el aprovisionamiento de gas natural a Malargüe, región que es el principal productor de gas pero que paradójicamente no cuenta con una red para su aprovechamiento.
6) La polémica específica sobre la obra a realizar en el río Grande y el trasvase al Atuel
La obra tal cual está proyectada con la licitación y los fondos actuales no cubre el trasvase. El carácter de la obra -megaobra o pequeñas obras- está en discusión. Existe una alternativa de cuatro pequeños diques anteriormente planificados más Portezuelo en escala menor (La Estrechura, Risco Negro, El Seguro y Rincón de los Godos, en Bardas Blancas) que podrían ser realizados con mini centrales.
No es ocioso mencionar el menor caudal del Río Grande para llenar la represa y generar la energía planificada, en relación a los problemas actuales de generación eléctrica en las centrales Nihuiles por la escasez hídrica en el Atuel. De allí la relevancia de la obra de trasvase de aguas al río Atuel, para aumentar caudal y ganar tierras cultivadas y proyectos ganaderos. Hay que tener en cuenta que este tema será de debate con las provincias del sur, según la cantidad de agua que plantee derivarse.
7) La obra planificada resultará alrededor de tres veces más cara que la original
Se pasó de un proyecto de unos 400 MD a otro de 1.023 MD, con menos obras que no incluyen el trasvase al río Atuel y la posibilidad de irrigar mayores hectáreas en la zona de Malargüe. No solo la obra es costosa, sino que la ecuación valor del megavatio generado/rentabilidad resulta inadecuada. Actualmente el costo del Megavatio promedio eólico o solar es menor. Por ejemplo:
“El parque eólico El Sosneado demandará una inversión de 70 millones de dólares y permitirá abastecer a 128 000 familias del sur provincial. Desde la cartera provincial de Energía adelantaron que a finales de este año se dará inicio a la obra” (https://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-produce-la-mitad-de-la-energia-renovable-del-pais)
8) ¿Quiénes realizan la obra, monopolios extranjeros u empresas nacionales/provinciales?
Existen serias dudas y sospechas sobre la transparencia de la licitación y el otorgamiento a un consorcio liderado por la corporación china Synohidro, la cual representa el 50% de la UTE, integrada por IMPSA, CEOSA (Fernando Porreta, empresario que ha obtenido múltiples licitaciones y está acusado en distintos hechos de corrupción –ver https://www.losandes.com.ar/fernando-porretta-si-mis-obras-son-mas-baratas-es-porque-somos-eficientes/ –) y Obras Andinas (Omar Álvarez, dueño del grupo Medios Andina con fuerte presencia en el sur y asociado a Manzano en varios “emprendimientos”.
El proceso de quiebra y rescate estatal de IMPSA, luego de la presencia de ex directivos en el armado de la licitación es un tema no aclarado. ¿Necesitamos la presencia extranjera? ¿Se armó la licitación a la medida de la empresa china y de IMPSA? (ver http://ptpmendoza.com.ar/notas/empresa-soberana-o-intermediaria-de-los-grandes-monopolios/).
Se oculta y no se tiene en cuenta el antecedente de esta empresa China Sinohydro en la construcción de la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador, cuestionada por fallas en la estructura civil y en la central eléctrica, que costará millones de dólares solucionar, y que llevó a numerosos funcionarios ante la Justicia acusados por irregularidades. Represa que fue cuestionada antes de su construcción, por ubicarse en una zona volcánica y sísmica. (https://www.mdzol.com/mdzradio/2020/7/7/la-presa-resquebrajada-hecha-por-los-chinos-que-quieren-portezuelo-90427.html y https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47144338 ).
Fuera de lo estrictamente legal la licitación está teñida de sospechas, dada la relación estrecha entre la obra, el tema IMPSA, el interés chino, y los distintos intereses en juego. La disputa y los alineamientos atraviesan todos los ámbitos, y cruzan a los partidos tradicionales en el marco de las próximas elecciones.
9) Conflictos sociales y socio ambientales ocultos o subestimados
El principal conflicto afecta al pueblo de Las Loicas; pero también a la situación de los pueblos y provincias de la cuenca del río Grande/Colorado que se abastecen y dependen de sus afluentes. Existe oposición del resto de las provincias de difícil resolución.
Se presenta una problemática ambiental-climática asociada a las grandes represas que almacenan enormes cantidades de agua, afectando en este caso la flora y la fauna cordilleranas. Son elementos muy difíciles de evaluar numéricamente en una relación costos – beneficios.
El proyecto 2006 aconsejaba “seleccionar el salto útil más conveniente para el Proyecto en general considerando que para la definición del nivel máximo del embalse, sería de sumo interés para la Provincia de Mendoza, no afectar la localidad de Las Loicas ubicada aguas arriba” (pág. 26, Anexo I, Acta Acuerdo 2006). Impacto asimismo en los caminos de transhumancia de los productores caprinos de la zona, situación que sería contemplada si se emprendieran obras menores que no necesitarían el traslado de la población de Las Loicas, ni modificar el ancestral y cultural camino de veranada e invernada de los crianceros caprinos.
10) ¿Portezuelo por 1.000 MD ó 1.000 MD para un plan de desarrollo quinquenal, para infraestructura hídrica, energética y productiva?
No sería utópico pensar en un plan quinquenal que sumando los fondos de la compensación nacional más los fondos presupuestados cada año para obras e inversiones de capital, sumaran alrededor de 1.500 MD para un plan que incluya obras sobre el río Grande, generación hidroeléctrica y otras energías limpias, más las obras hídricas para las necesidades de agua potable y saneamiento de la población.
Se requiere de un plan federal que priorice zonas postergadas como Malargüe; inclusivo socialmente, desconcentrador en lo económico y regional; con políticas públicas para todos los habitantes. Con obras que deberán promover la participación de empresas nacionales y provinciales y cooperativas de trabajo, para fomentar el empleo y enfrentar la grave crisis social. En este sentido sería importante impulsar la participación de IMPSA no como empresa secundaria o intermediaria, sino como empresa central.
La capacidad de estadista es tomar decisiones que impliquen la mejor solución a la situación planteada. NO es un buen camino la negación: no ayuda negar la situación estructural previa a 2015, no resuelta con la redistribución de ingresos; peor aún es negar la pandemia económica que asoló Argentina y Mendoza en el período 2015-19; y es una ceguera total negar la pandemia que trae sufrimientos y muerte. Es ilusorio confiar mágicamente en Portezuelo, una obra que en el caso de confirmar sus beneficios, lo hará dentro de muchos años, y como decía el economista Keynes, “en el largo plazo estaremos todos muertos”.
Un plan de obras para los próximos 5 años puede generar condiciones para un desarrollo sostenible. Ahí tenemos el quid estructural de la cuestión. Pero también hay un problema político coyuntural que lo tiene a mal traer al gobernador Suárez: recibió la herencia de Macri en lo nacional y de Cornejo en lo local, y no puede reclamar nada, porque es su continuador. Todos sus proyectos y sueños antipopulares fueron cacheteados: derogar la 7722, reformar la Constitución, una nueva ley de educación. Ahora sufre la pandemia, pero la niega, y se empeña en llenar el Shopping y los bares de la Arístides Villanueva antes que en vaciar las salas de terapia intensiva.
Existen temas legales para resolver si la obra no se hace tal cual se ha licitado. Pero no es ese el escollo principal, sino las decisiones y acuerdos políticos que exigen acomodar posteriormente los temas técnicos.
Los interrogantes, análisis de varias dimensiones y planteamientos realizados posibilitan pensar en propuestas (que habrá que presupuestar y evaluar si son factibles de financiamiento en su conjunto) superadoras a la original, impulsando el cuidado y aprovechamiento del agua, la generación de energía (tema original del proyecto), y el impulso agroindustrial. Un plan de este tipo también permite liberar fondos corrientes para medidas de urgencia vinculadas a la pandemia.
Conclusiones
La obra tal cual se plantea hacer no resuelve los graves problemas coyunturales de la pandemia y la crisis económica. Tampoco resulta totalmente clara la conveniencia en términos estructurales de largo plazo. Porque no aparece un beneficio exclusivo ni inmediato para Mendoza en términos de generación eléctrica (va al interconectado) ni en áreas bajo riego (ya existen 250.000 has desaprovechadas por una política de nulo incentivo a la pequeña producción).
No se trata estrictamente de un problema legal porque una ley se reemplaza por otra ley; un acuerdo se reemplaza por un nuevo acuerdo en la medida que se conserven algunos aspectos esenciales: compensar a Mendoza por la pérdida ocasionada por la ley de promoción industrial; uso de los fondos para gastos de inversión en obras; destino principal en la problemática hídrica y la generación de energía eléctrica.
El tema central en debate es: ¿Cuál proyecto de desarrollo tenemos? ¿Qué debemos producir? (agro, minería, industria, etc.); ¿cómo? (respetando los bienes comunes y el ambiente); ¿Quién tiene la propiedad y el control? (capital extranjero, grupos monopolistas, sociedad estatal, cooperativas productores, etc.). Se trata de hacer crecer la producción, atacando la concentración de la propiedad y la desigualdad en la distribución.
Esta iniciativa necesita organizar un gran frente que desnude las intenciones del proyecto original y priorice un proyecto de desarrollo provincial integral en el marco de la gran sequía, la crisis estructural y de la pandemia. Amplias fuerzas se han pronunciado por proyectos alternativos y surge un contexto favorable para incidir en esta situación, colocando por delante las necesidades del pueblo y la patria.
Comisión de estudios regionales del PCR-PTP de Mendoza
25 de junio de 2021
