Capital Federal
En la Capital Federal, una gran columna de mujeres y hombres del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), y del Movimiento de Desocupados de la CCC, marchó a las oficinas centrales de la Anses, y luego al PAMI.
Capital Federal
En la Capital Federal, una gran columna de mujeres y hombres del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), y del Movimiento de Desocupados de la CCC, marchó a las oficinas centrales de la Anses, y luego al PAMI.
La realidad del agravamiento del hambre y las condiciones de vida en miles de compañeros se vio expresada en las consignas de las pancartas y carteles que desplegaron las zonas de la Capital Federal, del Gran Buenos Aires, y de La Plata, en su marcha por las calles porteñas, en una fría jornada que volvió a demostrar el temple de los que, saliendo muy temprano de sus barrios, dijeron presente una vez más.
Una delegación se entrevistó con funcionarios de la Anses, reiterando los reclamos históricos de aumento de los planes y jubilaciones, y su repudio a la utilización de los fondos diferidos de los trabajadores, como dijo a este semanario el coordinador de la CCC Amancay Ardura, “como un banco para los intereses del gobierno y los monopolios”.
Frente a las oficinas del PAMI se realizó un acto, en el que el coordinador del MIJP, Mariano Sánchez, detalló los motivos de la jornada. Sobre el PAMI, reiteró el reclamo de su normalización, que este gobierno lo mantiene intervenido, al igual que gobiernos anteriores, porque “el gobierno hace uso de los fondos del PAMI para otras cosas que no son las necesidades de los jubilados y pensionados, y se jactan del superávit. Cuando una obra social tiene superávit es porque no cumple con las prestaciones”, y dio el ejemplo del Hospital Francés, al que le han cerrado tres servicios. Destacó Sánchez que la dirección de la obra social la tienen que elegir sus dueños, los jubilados y pensionados, y los trabajadores activos.
Sobre los reclamos en la Anses, detalló el coordinador del MIJP que entre el 75 y el 80% de los jubilados nacionales, el 20% de la población, gana algo más de $1.600, y si paga la moratoria, $1.200, es decir, que tiene entre $40 y $50 por día para vivir. “Todos los jubilados que cobran la mínima están en la indigencia… Queremos que hoy, ya, nos den por lo menos el salario mínimo, vital y móvil, $2.300, y reclamamos el 82% del valor de la canasta familiar real, que está en $7.000.”
Se refirió Sánchez que, tras el triunfo que significó la incorporación de miles al sistema jubilatorio, como venían reclamando el MIJP cuando en el 2001 advertía que la franja de desocupados de 45 a 55 años “no volvía más al trabajo”, hay que llevar la moratoria a los que cumplieron la edad en el año 2000 –y no en el 93 como rige ahora–, para que puedan acceder a la moratoria y jubilarse miles de personas más que hoy no tienen trabajo ni posibilidad de conseguirlo. Denunció también sobre el plan de viviendas anunciado que se financia “con fondos de los jubilados, y los jubilados no pueden acceder a él”.
Sobre los dichos de Kiciloff, que es reaccionario usar la plata de la Anses sólo para los jubilados y las prestaciones sociales, afirmó Sánchez que “reaccionario es lo que hace este gobierno, usar la plata de los trabajadores para pagar deuda externa, para dársela a monopolios como General Motors, y no para un aumento real a los jubilados que les permita vivir dignamente”. Detalló además que se volvió a reclamar la derogación del Art. 9 de la ley que rige la Asignación por hijo, por el cual “si uno tiene un plan de entre $200 a $450, no puede cobrar esta asignación”, no ocurre lo mismo con los que han accedido a las cooperativas. “Eso es absolutamente reaccionario. A la gente que más necesita, es a la que más se castiga”.
También en la entrevista los funcionarios informaron que los compañeros que entran a cooperativas textiles y que recibían el plan PPA, a los que les suspendieron la Asignación por hijo, se les va a pagar. Luego Sánchez cedió la palabra al compañero Ardura, para hacer un homenaje a los caídos en la lucha por la tierra en Libertador.
Homenaje a la lucha en Ledesma
En primer lugar, Ardura reclamó “justicia, investigación y castigo para los responsables de los asesinatos en Libertador” hace un año, a los que nombró, acompañado de un ¡presente!, gritado por la multitud. Ardura inscribió la lucha de Libertador en la larga pelea por tierra para vivir y trabajar que recorre la Argentina. “En Libertador derrotamos a uno de los más grandes terratenientes de la Argentina, Blaquier. La sangre de los cuatro compañeros no fue en vano”.
Luego Ardura se refirió a los planes de vivienda que lanzó el gobierno, que despertó gran expectativa. “Necesita 40 mil millones de pesos para hacerlo y tiene 3.500 millones”, por lo que va a dar cuatro o cinco créditos en determinados municipios y provincias, “el resto es chamuyo”. Y ejemplificó este chamuyo con la situación hoy en el asentamiento de Libertador, donde hay 700 familias, y “tenemos 35 planes Mejor Vivir [de reparación de viviendas], y 8 viviendas para construir”. Afirmó Chiquito que la CCC no va a dejar la lucha hasta que las 700 familias ocupantes de El Triángulo tengan su vivienda.
San Juan
En la provincia la movilización estuvo teñida por la exigencia de la libertad del compañero Sebastián Brizuela, de la CCC del Departamento Chimbas quien estaba detenido por la ocupación pacífica de un terreno, y fue liberado. Primero la CCC junto a Amas de Casa del País y el PTP-PCR pudo llegar hasta un acto del gobierno, a pesar de las amenazas de la policía, y una delegación fue recibida por funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda los cuales no plantearon ningún tipo de solución al conflicto.
Se cerró con un acto en la Plaza 25 de Mayo recordando a los cuatro compañeros asesinados en Jujuy, y se denunció al gobierno provincial por no tener respuesta a los reclamos de vivienda y lo más grave el avance de la política represiva en San Juan. Estuvieron presentes en el acto Vanesa Valle, coordinadora provincial de los desocupados de la CCC, Alejandro Ganyitano de los rurales de la CCC, Alberto Agüero presidente del PTP San Juan, Mary Garrido del MST y Patricia Paroldi de la CTD Aníbal Verón.
