La Justicia como herramienta de venganza personal y política utilizada por quienes reformaron la Constitución provincial con el masivo repudio popular, en el marco de salvajes represiones, y que continuaron con el derrotero de elecciones perdidas, hoy reaviva la causa por los hechos de junio de 2023, cuando se juró a escondidas la Constitución reformada y se desplegó, previa provocación armada por el exgobernador, una ilegal represión.
Otra vez el avance de la fiscalía y el juez, Rodolfo Fernández, hacen gala de la ilegalidad que reina en la provincia, con una justicia que camina según designios del poder y carpetazos.
El lunes 14 de octubre, luego de realizarse el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, el juez decidió llevar a juicio a los imputados por los hechos de la Legislatura (donde insólitamente nunca se individualizó a quienes quemaron autos y entraron a la Legislatura intentando con tales hechos justificar una represión ilegal que mutiló a manifestantes).
Lo hizo entendiendo formalmente correcta una acusación que en cualquier otra causa sería inadmisible, por no describir los hechos ni las conductas atribuidas, e incluso persiguiendo por hechos inicialmente descartados por el juez en la audiencia imputativa. Pero peor aún, rechazó el sobreseimiento de uno de los acusados -Walter Puca- a pesar de no coincidir la persona con el video en el que se lo sindica, ya que el mismo “no declaró diciendo que no había participado en la movilización”. Es decir, la abstención de declarar ha sido usada en contra del acusado, lo que es una vergüenza jurídica, inconstitucional, que no sólo motiva la recusación sino un pedido de jury que ya se está redactando.
En definitiva, como nadie declaró en la causa, todos son llevados a juicio. Incluso aunque la fiscalía acusa a otro de los acusados -Santiago Zamora- que sindica por daños en un video en el que surge que lejos de dañar, discutía con quienes saqueaban y prendían fuego autos -desde ya mandados por Morales- resguardando uno de los autos y corriéndolo del fuego, y guardando elementos en otro que estaban intentando saquear.
Jujuy es el mundo del revés. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
El Poder Judicial como herramienta de venganza personal y política, debe ser quien esté en el estrado, junto con quienes fueron responsables de reprimir ilegalmente y mutilar a numerosas personas del pueblo, que perdieron ojos y sufrieron lesiones gravísimas-
Exigimos el cese de la persecución a los que hoy son perseguidos injustamente, y se juzgue a Gerardo Morales y sus cómplices. Y exigimos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que desanden este camino de crisis institucional al que llevan a toda la sociedad jujeña.
Corresponsal
Hoy N° 2031 16/10/2024