Desde entonces la familia y amigos de Luciano comenzaron una larga batalla por saber donde está. La impunidad sigue intacta. Han pasado cinco años y no hay un solo detenido. Los ocho policías acusados están en disponibilidad, pero siguen dentro de las filas de la Bonaerense. Las responsabilidades políticas, judiciales y policiales quedan al desnudo. La causa de “averiguación de paradero” fue caratulada recién hace pocos meses como “desaparición forzada de persona”, por la denuncia y la lucha incesante de la familia, amigos y organismos de DDHH.
Los familiares, junto al reclamo de justicia y castigo a los culpables de esta desaparición, denuncian que "ningún ministro ni funcionario salió a hablar de Luciano porque ellos son los responsables políticos y tendrían que estar presos". Y afirmaron que los discursos que hablan de bajar la edad de imputabilidad y de sumar efectivos policiales sólo generan más muertes de pibes humildes.
