En Santa Cruz, los diputados de La Cámpora dentro del FPVS, y el vicegobernador, cajonearon un proyecto que grava la transferencia de la propiedad minera.
En Santa Cruz, los diputados de La Cámpora dentro del FPVS, y el vicegobernador, cajonearon un proyecto que grava la transferencia de la propiedad minera.
En la provincia patagónica, recientemente fueron vendidos Cerro Negro por 3.400 millones de dólares y Cerro Moro en 400 millones de dólares, sin que el Estado provincial vea un peso por estas transacciones. La minera GoldCorp (canadiense) compró a OroPlata, el yacimiento de oro y plata Cerro Negro, a 70 kilómetros de Perito Moreno en la suma de 3.400 millones de dólares. Hace un mes atrás, Yamana Gold (también canadiense) compró el yacimiento Cerro Moro, próximo a Puerto Deseado, a Stelar Resource, en la suma de 400 millones de dólares, informa OPI Santa Cruz.
Frente a esto, un conjunto de diputados del Frente Para la Victoria Santacruceño presentó un proyecto a tratar “sobre tablas”, para “establecer un canon extraordinario único a todo productor minero metalífero que se encuentre en etapa de “explotación o producción” con registro en la provincia de Santa Cruz”. Dicha norma pretende aplicar un canon extraordinario único de un diez por ciento (10%) sobre el monto que resulte a la transferencia de la propiedad minera de primera categoría, a todo Productor Minero Metalífero que adquiera dicha propiedad con los fines de explotación o producción con registro en la provincia de Santa Cruz, expresa en su artículo primero.
Pero la noticia es que otro sector del FPVS, los diputados alineados con La Cámpora, y el propio vicegobernador Cotillo, se opusieron a esta norma, con el “viejo truco” de mandarla a comisión. Cotillo tuvo que votar para desempatar, ya que el resto de los diputados del FPVS, y dos radicales, mantuvieron el proyecto.
En una provincia con cada vez mayor dependencia de la caja del gobierno nacional, los defensores del “relato” nacional y popular se alinearon desvergonzadamente con los pulpos mineros imperialistas, con distintos “argumentos”. Desde que la renta minera la discute el gobierno nacional a través del Ofemi, hasta que “podría ser una norma inconstitucional”. Todo con tal de no tocar la renta de las megamineras, a costa del saqueo de nuestros recursos naturales.
