La provincia atraviesa una profunda crisis financiera, con una deuda imponderable que varía entre los 2 y los 6 mil millones de pesos según el vocero oficial u opositor que la comunique; no se ha cancelado el pago a los proveedores en áreas esenciales como la salud y están en peligro los salarios de fin de año y otras partidas presupuestarias, lo que refleja lo delicado de la situación.
La provincia atraviesa una profunda crisis financiera, con una deuda imponderable que varía entre los 2 y los 6 mil millones de pesos según el vocero oficial u opositor que la comunique; no se ha cancelado el pago a los proveedores en áreas esenciales como la salud y están en peligro los salarios de fin de año y otras partidas presupuestarias, lo que refleja lo delicado de la situación.
En medio de la campaña electoral, el gobernador actual y el electo se pelean por quién se hace cargo de la situación: Pérez niega responsabilidad y patea el problema para la próxima administración y Cornejo adelanta las medidas de ajuste. Ambos acuerdan en las típicas recetas de afrontar deuda con más deuda, achicar presupuesto y hacerle pagar la crisis al pueblo.
Sin embargo ninguno pone en discusión la responsabilidad de los grandes grupos económicos, de los que como dijo la presidente “juntaron la plata con pala” durante esta década. Por eso desde el Frente Popular planteamos dos medidas para enfrentar esta crisis sin ajustar al pueblo:
1) Impuestos progresivos a las grandes fortunas: las 100 empresas más importantes de Mendoza concentran la mitad de lo que se produce en la provincia (cerca de 60 mil millones de pesos). Sin embargo mientras paga impuesto a las ganancias un trabajador petrolero, minero o bancario, no lo hacen las grandes petroleras, mineras o bancos y el impuesto de mayor recaudación continúa siendo el IVA. Sólo los supermercados han facturado más de 20 mil millones de pesos el año pasado, mientras quiebran pequeños comercios y productores.
2) Recuperar el porcentaje de Coparticipación que la provincia perdió en los 90: hoy las provincias reciben el 30% de los impuestos nacionales coparticipables. Si se retornara a la anterior modalidad con un 50% para las provincias y el otro para la Nación, la provincia podría aumentar un 20% el presupuesto, es decir cerca de 8 mil millones de pesos. Sólo con este monto se podría construir 20 mil casas populares a 400 mil pesos cada una, para afrontar el problema de vivienda y trabajo.
Ante la crisis, el problema es si hay una política que confronte con los grandes responsables para dar respuesta a los serios problemas populares de trabajo, educación y salud.
