Es viernes 28 de abril. La rebelión de los docentes, judiciales, estatales, jubilados y petroleros se extiende por la provincia. En Río Gallegos, a las carpas de jubilados, que llevan dos meses de acampe frente a la Caja de Previsión Social, se sumaron los judiciales desde hace un mes. Los trabajadores de la educación, junto a los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical (MUS), primero montaron su carpa frente al Banco de Santa Cruz y luego la llevaron al Ministerio de Economía, al que mantienen tomado desde hace varios días; el mismo viernes cortaron el acceso a la capital provincial por la Ruta 3, junto a los trabajadores de Vialidad y padres de alumnos.
El conflicto, se sabe, es el reclamo por el cobro de los haberes salariales atrasados en un mes para los maestros, a los que el gobierno de Alicia Kirchner, además, les ofertó un miserable aumento del 3%. Los estatales de ATE reclaman paritarias, los judiciales que se cumpla la acordada de la Corte que dispone un aumento del 37% que la provincia no quiere pagar, y los jubilados que les dejen de pagar en cuotas. En el curso de las luchas de los últimos años se conformó la MUS con gremios de la CTA y la CGT. Entre los principales están Adosac, Judiciales, Aprosa, Vialidad, y Prensa.
En Río Gallegos la bronca es visible en cualquiera con quien uno se cruce, porque el ahogo al que está llevando la política de ajuste del gobierno nacional, que retacea el envío de fondos en función de su disputa con los K, y el de la provincia –que dice que “no tiene plata” porque el gobierno anterior (también del FVS) fundió la provincia–, ha creado situaciones dramáticas para miles de santacruceños. Se ha visto en los canales nacionales a maestras al borde del llanto diciendo “no tengo para los pañales”. Es unánime el odio hacia el Banco de Santa Cruz (51% en manos de Eurnekian y 49% del Estado provincial, parte administrada por el inefable Carlos Zanini), porque el Banco se ha negado a renegociar las deudas por tarjetas y créditos. Son deudas que tienen destino judicial por impagables, afectando a centenares de trabajadores.
En el norte provincial, en el marco de un paro, ATE cortó rutas el martes 25 reclamando aumento salarial y contra los despidos en YCRT. Lo hizo junto a los trabajadores petroleros, que llevaron adelante un paro total en los yacimientos contra la política de la YPF de Macri, que decidió bajar todos los equipos de perforación de la operadora, mientras sigue importando 1,5 millones de barriles de crudo. Esta medida de Macri condena a todos los trabajadores y a las Pymes de la zona norte al hambre y la desocupación.
En ese contexto, el viernes 28 por la tarde un grupo de docentes nucleados en Adosac, al enterarse de la presencia de la presidenta del Consejo de Educación (equivalente a un Ministerio) en sus oficinas, lo tomaron exigiendo el cobro del sueldo de marzo. María Cecilia Velázquez, alguno recordará, es la que al asumir los primeros días de abril dijo aquello de “jóvenes y jóvenas”. Los funcionarios, que a las tres de la tarde decían “no hay plata”, ante la firmeza de los trabajadores hicieron primero ofertas parciales (pagar hasta un monto sólo a los de Gallegos, pagar a los que cobran hasta 25 mil pesos en toda la provincia), terminaron acordando el pago del sueldo atrasado a todos, eso sí, sin los aumentos acordados en la paritaria anterior.
Como nos decía el compañero docente y dirigente del PTP y PCR de la provincia Silvio Rotman: “Esto demuestra lo que venimos diciendo, que acá hay plata, y el cinismo del gobierno”. Fortalecidos por este logro, la asamblea docente del sábado 29 en Río Gallegos ratificó las medidas de fuerza para toda la semana, con un paro de 96 horas, y distintas iniciativas. Lo mismo sucedió en el resto de las localidades de la provincia y en el Congreso provincial de Adosac del domingo 30.
El conflicto docente
En las carpas se cuentan situaciones muy dolorosas. Varios con juicios y remates a punto de iniciarse. Crece el temor a ser desalojados, en una ciudad como Río Gallegos donde un monoambiente no baja de $5.000 y el alquiler de una casa de familia es de por lo menos 8 o 10 mil pesos. Nos decía una joven docente: “Se ve que a la gobernadora no le importa que los chicos no tengan clases, porque nosotros estamos de paro ya que no nos paga el sueldo”, y en esto están también los de ATE, judiciales, jubilados, de la salud, vialidad. La situación es muy crítica. Hace dos días un compañero se desmayó en la carpa porque estaba sin comer desde hacía tres días. Acá los sueldos son altos, pero la canasta básica para no estar en la pobreza es de 26 mil pesos. El sueldo base por un cargo es 14 mil pesos. Yo como docente lo que más anhelo es cumplir mi misión dentro del aula, pero no están dadas las condiciones. Los funcionarios tienen sueldos de 200 mil pesos y a nosotros nos ofrecen 500 de aumento. Es una burla, porque uno no vive de vocación”.
Silvio Rotman hace el recorrido de cómo se llega a la actual situación, partiendo del incumplimiento de las paritarias del año pasado, por la cual el aumento del 27% tenía que ser incluido en el salario. Eso ocasiona, como denunció Rotman en la asamblea de afiliados de Adosac en Gallegos el sábado 29, que lo que se consiguió cobrar el día anterior es “menos del 73% del salario” ya que no pagan el aumento, ni la cuota sindical al gremio, al que le deben 26 millones de pesos, ni arreglos judiciales como cuotas alimentarias. A principios de marzo de este año el gobierno provincial “ofrece” el famoso 3%, el gremio rechaza esto y la conciliación obligatoria. A partir de allí se atrasan aún más los pagos, hasta que dejan de pagar. Esto profundiza el conflicto, con paros con altísimo acatamiento y gran cantidad de marchas y actos en estos dos meses, marchas en las que se ha coincidido con ATE. A esto hay que sumarle los paros de los docentes universitarios nucleados en Adiunpa, que integra la Conadu Histórica. Se han realizado tres asambleas populares con integrantes de los gremios en conflicto, e integrantes de la comunidad.
La pelea de los judiciales
El compañero Francisco Gómez, secretario de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz “3 de Julio” y de la CTA Autónoma provincial, nos recibió el sábado 29 en la sede del gremio y nos contaba que el acampe de los judiciales viene desde el 29 de marzo, en rechazo a una medida del ejecutivo provincial, a través de la Fiscalía de Estado, que cuestiona la aplicación del aumento conquistado en las paritarias pasadas, y que por acordada de la Corte Suprema se traslada a todos los empleados judiciales. “Hablamos de un aumento del 37% en tres cuotas, lo que está claro que rompe los techos salariales. Lo concreto hoy es que como se tenía que efectivizar desde enero, la provincia ya nos está debiendo el primer tramo, que es un 10% de aumento. Con el acampe y los paros además le estamos reclamando al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial que rechace esta intromisión del ejecutivo. Aspiramos que el Tribunal resuelva pronto a favor de los trabajadores, y entendemos que hay buenas perspectivas para esto. Está claro que esto es un ataque del Ejecutivo provincial a nuestras conquistas laborales para profundizar el ajuste, ya que cuestiona un sistema acordado en paritarias en el 2009 y que se venía aplicando.
“Ya veníamos desde agosto del año pasado, cuando asumí como secretario del gremio, con retención total de tareas por el atraso en el pago de sueldos. Esto llevó a que el TSJ tuviera que suspender los plazos procesales porque no había forma de atender las causas. A esto se le suman los paros totales ante el planteo del Ejecutivo de no pagar el aumento, que venimos ratificando semana a semana, y mantenemos el acampe. El propio TSJ nos reconoció que el acatamiento es superior al 90%”.
Ya en su carácter de secretario de la CTA Autónoma, Gómez cuenta cómo se coordina en la MUS con gremios que no pertenecen a la CTA A y están en la CGT. “Estamos llevando adelante medidas conjuntas como marchas, y convocamos a otros sectores como la Cámara de Comercio, y Padres Unidos. Porque esto no es sólo un reclamo sindical. Esta situación ha generado un impacto en toda la sociedad. Los hospitales no tienen profesionales, los colegios no pueden albergar a los chicos, y en la justicia no se pueden atender los problemas de la población. Nosotros planteamos que hay que dar soluciones estructurales, porque la crisis es muy profunda. No sólo hay que ver las cuestiones a resolver a corto plazo, sino a mediano y largo plazo”.
Sobre los tironeos entre el gobierno provincial y el nacional, Gómez afirma que “siempre hemos dicho que ajustadores son los dos. Se habla de la grieta, pero en el medio estamos los trabajadores, y la sociedad santacruceña. El gobierno provincial de Alicia nunca encontró el rumbo, empeoró la situación, y se enfrascó en una pelea con el macrismo. Nosotros en la MUS y la CTA tenemos claro nuestro rol como representantes de los trabajadores y sus reclamos, y se los hacemos a quien corresponda. En principio al gobierno provincial, que es directo responsable, y al nacional que se desentiende de lo que pasa en Santa Cruz”, afirma el secretario de judiciales, asegurando que “no vamos a aceptar la entrega de la Caja de Previsión Social, ni que se deje trabajadores en la calle”.
Situación política y perspectivas
Todo se enrarece con la disputa entre el gobierno provincial de Alicia Kirchner y el nacional de Mauricio Macri, en el que ambos toman de rehenes a los trabajadores. Alicia, se sabe, pretende echarle la culpa al gobierno nacional porque “no le gira la plata”, y en un acto de kirchnerismo explícito, acusa de la situación a la “herencia recibida” del gobierno de Peralta, también de su palo. Macri, con su desprecio de patrón, habla del Estado santacruceño como un “aguantadero” abriendo la puerta a despidos masivos y chantajea a los K con que si no eliminan la Ley de Lemas, que les permitió ganar fraudulentamente en el 2015, no hay plata. Un ejemplo concreto de que “ajustadores son los dos”, como nos decía Francisco Gómez, es la situación de los trabajadores del Yacimiento de Río Turbio que pertenecen a ATE, donde hubo despidos y están paralizadas las inversiones que mantienen inactiva tanto la mina como la usina. YCRT depende del gobierno nacional.
El gobierno provincial reprimió la semana pasada una manifestación frente a la casa de la gobernadora, donde además se encontraba la expresidenta Cristina Fernández, quien a posteriori montó un verdadero show lleno de macanas para victimizarse. La respuesta popular fue, al día siguiente de la represión que dejó 4 heridos con balas de goma y culatazos, la marcha más grande desde que se inició el conflicto.
Una provincia saqueada
Santa Cruz, lo han dicho los compañeros del PTP y el PCR reiteradas veces, es una provincia rica, saqueada como pocas. No son sólo los negociados públicos y notorios de los Kirchner y sus testaferros o socios como Lázaro Báez o Cristóbal López entre otros, y con Zanini manejando el Banco de la Provincia. Es la tierra donde los Benetton tienen centenares de miles de hectáreas, y donde las grandes empresas petroleras imperialistas –en una provincia que está segunda en producción de gas en la Argentina- siguen despidiendo personal al tiempo que se garantizan gigantescas ganancias de la mano de los negociados avalados por YPF y los gobiernos provincial y nacional. Una provincia con grandes recursos pesqueros, mineros y turísticos. Nos dice Rotman: “si está fundida ¿por qué no muestran los números? Desde 1991, que gobierna el Frente Para la Victoria, nunca supimos cuánto entra y cuánto sale de las arcas del Estado. Y acá todos nos acordamos de los camiones llenos de plata que le mandó Cristina a Alicia dos días antes de dejar la presidencia. Macri habla mucho pero nunca mandó una auditoría ¿por qué?”.
En ese contexto se entiende la profundidad de las medidas de lucha, que pese al paso del tiempo se mantienen y multiplican. Esto también explica el gran apoyo de la mayoría de los padres a las medidas de fuerza de los trabajadores de la educación.
Para agregar más elementos a la crisis económica, social y política de la provincia el jueves por la noche “se incendió” el lugar de trabajo del vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas, Javier Stoesel, quien hace pocos días denunció a la esposa de Máximo Kirchner por el desmanejo de las cuentas públicas en el área de salud.
La firmeza de la lucha de los trabajadores ha llevado a que se produzcan grietas en el propio oficialismo, que no pudo reunir al congreso del Partido Justicialista ante la falta de acuerdo en avalar explícitamente a la gobernadora, y a que Florencia Kirchner encabece la lista de diputados para las próximas elecciones.
Mientras el macrismo y el kirchnerismo disputan por arriba, en amplios sectores populares crece la convicción de que son necesarios cambios de fondo. Rotman asegura que “Alicia no se va a ir y Macri no quiere intervenir. La situación es muy compleja porque el 60% de la población depende directa o indirectamente de los empleos estatales, y está cortada la cadena de pagos, como manifiestan comerciantes amigos. Macri habla de que el Estado es un aguantadero pero para justificar el despido, no para investigar la corrupción. Además, eliminó el reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos, lo que llevó al cierre de varias empresas en Puerto Deseado. Los compañeros de la CCC de Río Turbio desmienten al diputado Costa sobre supuestas inversiones en la mina y la megausina, y dicen que está parada.
“Nosotros –nos dice el dirigente del PTP y el PCR– entendemos que dada la profundidad y la no resolución de la crisis en la que está la provincia, y que no podemos seguir sin educación, salud ni justicia eternamente, hay que plantear que renuncie el gobierno de Alicia Kirchner y se conforme un gobierno de emergencia en la provincia, con el conjunto de las fuerzas políticas opositoras, sindicatos y organizaciones sociales e intermedias, las iglesias, que acuerden un mínimo programa de transición que ponga en pie la provincia, garantice el pago de los sueldos y convoque a nuevas elecciones. No sirve pedirle a este gobierno medidas como la expropiación de los bienes de la corrupción y de los monopolios y terratenientes, como tampoco la intervención del gobierno nacional. Además entendemos que hay que eliminar la ley de lemas y garantizar los servicios básicos de salud, educación y justicia. Aunque se levante el paro, no hay presupuesto para los hospitales, tenemos sólo dos anestesistas para todo Río Gallegos, y en educación falta cubrir muchos cargos. Y como se vio el viernes 28 en el Consejo Provincial de Educación, plata hay, pero este gobierno la está usando para otras cosas. Siempre hemos dicho que con medidas simples como un impuesto a la minería a cielo abierto, un impuesto al juego y que se deje de robar en el Estado, podemos poner Santa Cruz de pie”.
