Con el argumento del “combate contra el narcotráfico”, el gobierno incluye como “otros delitos graves” las “actividades de una asociación ilícita calificada, o con una asociación ilícita terrorista o con fines políticos o raciales, de fraude contra la administración pública”. En el mismo decreto se establece un “Gabinete de Seguridad Humana”, que tendrá a cargo, informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, “el ingreso del Estado a las villas y barrios controlados por el Estado”.
Por un lado, como venimos analizando en estas páginas, el gobierno de Macri está planteando un “nuevo reparto” en los grandes negocios delictivos que se hacen al amparo de las “fuerzas de seguridad”, lo que se ve en el creciente peso de la DEA norteamericana en la cúpula de la Policía Bonaerense.
Pero si partimos de los hechos, este gobierno ha demostrado en poco tiempo qué entiende por “emergencia en seguridad”: reprimió a los trabajadores de Cresta Roja, avaló la represión a los municipales de La Plata, y el encarcelamiento a Milagro Sala por “incitación al delito y al tumulto”, como consta en las actas de detención. Mientras, los tres narcos fugados de General Alvear se pasearon por varias localidades durante 14 días, evidenciando que contaban con amplia colaboración de distintas entidades del Estado (servicio penitenciario bonaerense, policías, jueces, fiscales, etc.).
Macri ha gobernado la ciudad de Buenos Aires durante los últimos ocho años, durante los cuales el control de distintas mafias narcos en algunas villas ha crecido notoriamente, como fue denunciado oportunamente por distintos sectores, algunos incluso vinculados a la Iglesia Católica. ¿Por qué tenemos que creer que ahora sí combatirán a los narcotraficantes? Por el contrario, reprimió sangrientamente en el Indoamericano y en el Borda.
El objetivo de fondo de estos decretos macristas es encaminarse a una nueva escalada represiva sobre los sectores populares, ya que su plan de ajuste no cierra sin “sacar de la calle” a los que protestan.
Por eso no es casual que los fundamentos del decreto que declara la emergencia en seguridad repitan conceptos de la nefasta “ley antiterrorista” aprobada en tiempos de la presidencia de Néstor Kirchner, en 2007. Los mismos fundamentos utiliza el decreto del gobernador jujeño Gerardo Morales, que sirvieron de base al acta de detención de Milagro Sala.
La Ley antiterrorista
La “ley antiterrorista” fue aprobada por el Senado el 6 de junio de 2007. Una semana después hacía lo propio la Cámara de Diputados. Esto fue posible por los votos del Frente Para la Victoria (incluida la en ese entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner), el PRO y la UCR. Votaron en contra el socialista Giustiniani y el peronista Bonasso. Aquella ley, la 26.268, fue fuertemente cuestionada por las organizaciones de derechos humanos y sociales, por considerar “terrorista” a todo aquel que integrara una organización que profesara el “odio racial, étnico o político”, sin más precisiones, y que mediante un “delito” obligara a un gobierno u organismo internacional a “realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir cualquier corte de ruta (considerado delito por muchos jueces o fiscales), con cualquier reclamo salarial o social. El actual decreto habla de “delitos relativos a las asociaciones ilícitas, organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales”. Qué es un “delito con fines políticos”, el decreto no lo aclara.
Ya hace años, en un artículo de nuestra revista Política y Teoría N° 64 (2007) se analiza exhaustivamente esta ley antiterrorista, y su base en “la teoría del derecho penal del enemigo que considera que el ser humano no es por sí mismo persona. Establece una distinción entre personas y aquellas que son sólo individuos (no-personas)”.
El huevo de la serpiente
En una famosa película del cineasta sueco Ingmar Bergman, uno de sus personajes, refiriéndose a la situación que dio origen al fascismo, decía “Cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil ya formado”. La emergencia macrista mira el huevo de la serpiente para calificar de delincuentes a los luchadores populares. Nosotros también, podemos ver el futuro si miramos cómo se incubó la serpiente, alimentada por la Ley antiterrorista K, los más de 20 muertos en protestas sociales, el Proyecto X y los 4 mil procesados por luchar, que nos dejan como herencia 12 años de gobierno kirchnerista.
Por eso el conjunto de los sectores populares tiene que salir a enfrentar estos aprestos represivos del macrismo –sin dejarse usar por los que quieren volver para atrás como el cangrejo–. Porque lo que está en juego es si pasa o no el plan ajuste del gobierno, por el que nos quieren hacer pagar los platos rotos de la herencia kirchnerista a los trabajadores, los campesinos y el pueblo.
