Esta ley dice en su artículo 1º: “En ejercicio del poder soberano de la República Argentina, declárase de interés público la Reestructuración de la Deuda Soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina; y, por consiguiente, la aplicación de los contratos celebrados en el marco de las reestructuraciones dispuestas por los Decretos Nros. 1735/04 y 563/10, a los fines de preservar el cobro por parte de los bonistas interesados”.
Es decir que esta ley declara todo lo actuado por el Gobierno en materia de deuda “de interés público”, dando superioridad “legal” a todo lo hecho por el mismo gobierno durante diez años al margen de la Constitución.
También da superioridad “legal” a la autorización del cambio del domicilio de pago de los bonos en forma voluntaria al país, o a Francia (sin que haya habido siquiera un acuerdo con ese país). Sin embargo, tanto Nación Fideicomiso como una hipotética institución francesa tampoco podrían pagar la deuda que está bajo legislación Nueva York porque ambos tienen sucursales allí, estarían con el mismo problema que el Bank of New York (BoNY).
La elección de Nación Fideicomisos y de algún banco francés para reemplazar al BoNY como agentes de pagos de los bonos internacionales está directamente relacionada con el peligro de una aceleración de la deuda. Esto significa que los acreedores, al no cumplirse con el pago, pueden exigir el pago del total de la deuda, en forma “acelerada”.
Como los bonistas que quieran pedir la aceleración de la deuda –para lo que se necesita juntar el 25% de los títulos- tendrían que hacerlo ante la entidad argentina o francesa, el gobierno especula con que eso demore las acciones judiciales. Tampoco está claro que la Argentina pueda correr en forma unilateral al actual agente fiduciario, el BoNY, sin la aceptación expresa de los bonistas. Por lo tanto, también este banco podría hacerle juicio al Gobierno por haber violado el contrato que une la relación entre ambos.
En el acto de firma de la llamada ley de “pago soberano” local de la deuda externa (que dejó de ser “local” pues se agregó Francia), el jueves 11 de septiembre la presidenta Cristina Fernández dijo que la misma “significa que la República Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos, todos”. Esta es la razón de fondo del gobierno para hacer aprobar esta ley, ya que con la misma pretende cubrirse de futuros procesos judiciales.
Carta a los diputados
Compartimos el texto de la carta enviada el 9 de septiembre por la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes, a los diputados/as de la Nación, planteándoles que: “Es necesario invertir el orden de los factores. Éstos deben ser: primero: Suspender los pagos e investigar las deudas contraídas desde 1976; segundo: Pagar sustentablemente sólo las que resultaren legítimas y legales.
“Rechazamos la aprobación parlamentaria de una nueva e inconstitucional cesión de nuestra soberanía y jurisdicción, al aprobar una emisión de bonos que se regirían no por la ley argentina sino por la ley francesa. En lugar de esto exigimos al Congreso anular las leyes, tratados y acuerdos (incluyendo la emisión de bonos), la participación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en torno a las Inversiones (CIADI) y más de 50 tratados de protección a los buitres-inversionistas, que son los que mantienen en un verdadero jaque a la soberanía de nuestro país.
“La deuda fue impuesta a sangre, fuego y desapariciones por la dictadura cívico-militar y luego renegociada y reestructurada una y otra vez contra los intereses del pueblo. Después de años y años de negar la posibilidad de una auditoria e investigación, llama la atención que el gobierno haya incluido en el proyecto de ley la creación de una “Comisión bicameral de Investigación” destinada a tal efecto.
“Si bien esto podría ser considerado un avance de la voluntad popular no es más que una burda hipocresía que no resiste el menor análisis. El proyecto de ley emanado del Ejecutivo, aprobado ya por la Cámara de Senadores en la que el gobierno tiene mayoría, y que ustedes tienen ahora en sus manos, primero declara de “interés público” pagar –obedeciendo sumisamente a las maniobras que propone el Ejecutivo para seguir forzando al pueblo a pagar– y luego propone en forma hipócrita crear una “Comisión Permanente” para investigar la deuda desde sus orígenes hasta el día de hoy. El colmo de esta hipocresía se manifiesta en el hecho que la misma debería emitir un “Informe Final” en apenas 180 días. Aun partiendo de los 477 casos de irregularidades ya determinadas desde hace más de una década en el fallo del juez Ballestero, la investigación de todo el período restante sería de ejecución imposible en el plazo determinado. Como prueba de esto bastaría ver el tiempo que llevó a la república hermana del Ecuador la auditoría de la deuda impulsada por la histórica decisión de un gobierno que pensó en el bien del pueblo.
“El pueblo argentino y sus organizaciones sociales y de derechos humanos, han sabido confrontar y derrotar a los buitres criminales de la dictadura, venciendo obediencias debidas, puntos finales e indultos. No duden señores/as diputados/as que sabrá también confrontar, derrotar, juzgar y castigar, donde se encuentren, a los buitres y caranchos que, treinta años después, nos siguen colonizando y saqueando y a todos los que por acción u omisión han actuado y actúan como sus cómplices”.
