Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Fernando Solanas, Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada, entre otros, firman una carta a la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner sobre el secuestro de la Fragata Libertad.
Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Fernando Solanas, Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada, entre otros, firman una carta a la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner sobre el secuestro de la Fragata Libertad.
“El secuestro de la Fragata es la consecuencia de una larga serie de claudicaciones, que comenzaron con la dictadura cívico-militar y fueron perfeccionadas por los gobiernos de la democracia a partir de 1983, al pretender legitimar una deuda fraudulenta, inmoral e ilegítima, que fue contraída por medio de la afectación de los bienes públicos, mediante el exterminio de miles de argentinos y cuya contratación condicionó inevitablemente la política de los sucesivos hasta el que usted preside”.(…)
“En lo referido a la deuda ejecutada por (el fondo buitre) NML, producto de la emisión de bonos emitidos durante la presidencia de Menem, el gobierno que usted preside ha argumentado la inmunidad soberana de la nave, ya que así lo determina la Convención de las Naciones Unidos sobre el Derecho del Mar, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y la propia Foreign Sovereign Immunity Act de los Estados Unidos, que es el país donde se iniciara la ejecución llevada a cabo por estos aventureros y especulares que sobrevuelan los mercados financieros, aprovechándose de la debilidad de gobiernos, que no los enfrentan con decisión impugnando sus reclamaciones.
“Pero en el presente caso, la Argentina, en todos los bonos emitidos durante la década del ‘90 renunció en forma irrevocable a la inmunidad soberana del Estado en forma amplia, con la única limitación de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, y los activos existentes en la Argentina. Por tal motivo, y a los efectos de evitar acciones como las de la Fragata, el Dr. Néstor Kirchner, al decidir renunciar a la inmunidad soberana del Estado, en la restructuración de la deuda efectuada en el año 2005, excluyó en forma expresa en el Decreto 1735/04, los bienes asignados a una actividad militar, junto a otras salvedades fundamentales para evitar la afectación de activos indispensables de la Nación.
“Estamos convencidos que en la cuestión de reclamos de deudas ejecutados en otras jurisdicciones, hay que tomar decisiones soberanas que no se limiten a la defensa, o argumenten sobre convenciones inaplicables, cuyas cláusulas han sido renunciadas por anticipado. Entendemos que resulta fundamental auditar la deuda, como lo hiciera en el año 2008 la República de Ecuador, para beneficio del trabajo de nuestro pueblo. Es necesario enfrentar a los prestamistas impugnando esos créditos fraudulentos, ya que la justicia federal ha acumulado sombrados elementos para hacerlo. Hay que terminar con jurisdicciones extrañas como las del Ciadi, y no admitir más la exigencia de los prestamistas, de la prórroga de jurisdicción. Debemos tener como un principio sustancial que hace a nuestra dignidad, nunca más renunciar a la soberanía e inmunidad del Estado, debido a que ello significa nada más y nada menos que aceptar el hecho de que nuestro país sea tratado como un vulgar comerciante al que se le pueden ejecutar sus bienes, y someterlo a exigencias propias de la condición de Nación soberana”.
