La inflación continúa devorando los ingresos de los trabajadores (asalariados, desocupados y jubilados) y demás sectores populares (cuentapropistas, profesionales, chacareros y pequeños comerciantes y empresarios). Esto es una consecuencia inmediata de la política del gobierno kirchnerista de descargar la crisis sobre el pueblo, emitiendo pesos para seguir pagando la usuraria deuda pública y mantener el dólar alto para beneficio de los grandes terratenientes y monopolios imperialistas, principalmente industrializadores, comercializadores y exportadores, que se llevan sus superganancias fuera del país.
Desde comienzos de 2007 el gobierno kirchnerista viene tratando de ocultar la realidad de su política inflacionaria, para lo que intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec. Desde entonces “fabrica” un índice que mes a mes quita al menos la mitad del aumento efectivo en los precios, por lo que cada vez se aleja más de la realidad. Trata así de esconder el deterioro que la inflación viene produciendo en los ingresos y el consiguiente aumento de la indigencia y la pobreza, acallando el reclamo de los asalariados, desocupados y jubilados. Pero la realidad se impone sobre las cifras mentirosas.
Así el Indec acaba de anunciar que el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a febrero mostró un variación del 1,2%. Los diarios anunciaron que este era el primer mes, desde que en enero de 2007 los funcionarios que responden al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tomaron el control del Indec, que el organismo reconocía un alza semejante. Pero aun así las cifras siguen siendo mentirosas, ya que tanto los cálculos privados como los de los organismos provinciales autónomos no bajan del 3%, por lo que la brecha entre las cifras dibujadas y la realidad se ha seguido agrandando.
Así, para el Indek, la canasta básica alimentaria, CBA, que mide la indigencia, se ubicó en febrero en los 515,59 pesos, y la canasta básica total, CBT, que mide la pobreza, en 1.131,30 pesos. Pero en la realidad esos valores continúan muy lejos de los precios que se pueden conseguir en los comercios y en las góndolas reales. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) calculó que la CBA cuesta $ 920, y la CBT, $ 1.788 (con aumentos en febrero del 7,2 y el 3,9 por ciento). Por otra parte, SEL Consultores midió una CBA de $ 923 (con un aumento de casi el 10 por ciento en sólo un mes) y estimó que para no ser pobre una familia hoy debería estar ganando más de 2.000 pesos.
De esta manera nos encontramos, según la propia encuesta de hogares del Indec, con que el 70% de las familias argentinas tiene ingresos inferiores a los 2.000 pesos. Lo que significa que 30 millones de personas hoy están viviendo bajo del límite de pobreza, de los cuales ya casi la mitad está bajo el límite de indigencia, es decir que no tiene ingresos suficientes para cubrir siquiera el mínimo de la llamada canasta básica alimentaria.
Lo que realmente se necesita
Hasta aquí sólo estamos hablando de la necesidad de un ingreso mínimo de 1.800 a 2.000 pesos para no vivir debajo del límite de pobreza. Pero según la Ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo debe asegurar “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión”. Lo que se llama la canasta familiar, con los productos y servicios mínimos que garanticen lo anterior a una familia de cuatro personas. Y esta canasta, con los precios reales y no los del Indek, aun en los cálculos más conservadores como los del sindicato de la Alimentación, no baja de los 3.800 pesos mensuales.
No se sabe dónde compra Daer, pero se queda corto. En un estudio de la Universidad de Rosario, la cobertura de la definición del salario mínimo vital, sin cargas de familia, dio 4.000 pesos mensuales. En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento de Sadop (docentes privados) para la familia tipo dio 5.125 pesos. Para el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, la canasta familiar cuesta 4.696 pesos mensuales. En el sur del país, con niveles de precios muy superiores, estas cifras se quedan sumamente cortas.
El reclamo de un salario mínimo acorde a la canasta familiar hoy no puede bajar de los 5.000 pesos. Y esta lucha por el salario mínimo debe estar acompañada de la lucha por el no pago de la deuda usuraria, ilegítima y fraudulenta, y contra la política inflacionaria con la que el gobierno kirchnerista quiere seguir pagando esa deuda y descargando la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, para beneficio de los grandes terratenientes y monopolios imperialistas.
Por eso, la primera de las Diez medidas frente a la crisis, que propone el PCR para un gobierno de unidad popular, patriótica y democrática, plantea: No al pago de la deuda externa ilegítima y usuraria. No permitir que los monopolios y grandes terratenientes se lleven sus superganancias fuera del país. Garantizar el valor del peso con un estricto control de cambios, nacionalización del comercio exterior y de los bancos extranjeros.
