El gobierno está muy preocupado por el destape de la corrupción del grupo K: las empresas fantasmas en los paraísos fiscales y el lavado de dinero en los hoteles de la familia presidencial. Si esas cuentas estuvieran bien, no necesitaría desatar una campaña contra los jueces que las investigan. Más pobre todavía es el argumento de tratar de esconder la corrupción K dentro de la corrupción generalizada, a la que el gobierno tuvo 11 años para denunciar y llevarla a la Justicia y no lo hizo.
Confía, la presidenta, en que el nuevo Código Procesal Penal, que acaba de aprobar el Congreso Nacional, le garantizaría la impunidad por el principio jurídico de aplicación de la ley más benigna. No le será sencillo: la disputa del gobierno con una parte de la Justicia es posible que lleve a declarar la inconstitucionalidad de todo o partes del nuevo Código.
Por otra parte, ese código abre compuertas reaccionarias contra el pueblo. No solo porque las investigaciones quedan en manos de los fiscales nombrados y manejados por el gobierno. También por artículos como el que faculta a esos fiscales a investigar sin causa y sin denuncia. Es decir: todos quedamos bajo sospecha.
La batalla contra la corrupción del grupo K y sus socios todavía está en pañales, será feroz, y va a recorrer el escenario político antes, durante y después de las elecciones.
