Desde la Diplomatura de Género de Jujuy celebraron esta medida aduciendo que los padres de las mujeres víctimas de femicidios, que de repente deben hacerse cargo de los niños que quedan huérfanos, además de cargar con el dolor por la pérdida de ese ser querido, tienen que subsistir con gastos económicos que antes no tenían y muchas veces la situación repercute de forma crítica en la economía de estas familias.
“Para nosotros fue una lucha que emprendimos con padres y madres de víctimas de femicidios que son los que en la mayoría de los casos se hacen cargo de sus nietos y nietas, que antes estaban con la madre asesinada”, mencionó Mariana Vagas, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, integrante de la diplomatura que se dicta en la UNJU.
En ese sentido, comentó que “son personas que de repente deben hacerse cargo económicamente de hijos e hijas que tienen a su madre muerta y a su progenitor preso que en la mayoría de los casos tampoco antes se hacía cargo de sus hijos. Hay una situación de mucha precarización en muchos casos”.
La norma establece el derecho al cobro, en calidad de reparación, de una suma equivalente a una jubilación mínima con sus correspondientes incrementos móviles.
El beneficio se otorga para menores a 21 años de edad o personas con discapacidad sin límite de edad, que sean hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género.
Asimismo, Vargas explicó: “Esto generará mucho alivio cuando la situación económica es muy acuciante, que es en la mayoría de los casos. Estamos aliviadas de que al fin se pueda iniciar este trámite. Teníamos a muchos abuelos que iban seguido a Anses para preguntar”.
Como requisito, el padre o la pareja conviviente de la mujer debe tener una condena o un procesamiento firme por esa causa. También, remarcó que “no solo planteamos esto que se consiguió sino muchas otras cosas que son necesarias en estas situaciones, como ser los trámites judiciales gratuitos, que no tengan que pagar abogados. Hay muchas cosas que no están contempladas porque es una situación que se invisibiliza. La obra social también debería ser gratis y eso se contempla en la Ley Brisa. El femicidio es responsabilidad del Estado porque no hizo lo que debería hacer porque son muertes evitables”, añadió Vargas.
El proyecto fue impulsado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Fue bautizado como Ley Brisa, con el nombre de la hija menor de Daiana de los Ángeles Barrionuevo, asesinada en diciembre de 2014. Por ese caso, el principal sospechoso es su expareja, Iván Rodríguez.
La normativa fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 4 de julio de 2018.
Emergencia y presupuesto
Piden que se aumente el presupuesto que se destina a políticas públicas relacionadas con cuestiones de género. “Se destinó solamente 11 pesos para esta temática por mujer en el país. Esto debe cambiar sino la situación seguirá así y no hay perspectiva de que mejore”, aseguraron.
“Solo con la declaración de una emergencia se podrá destinar el dinero que se necesita, por ejemplo sin un subsidio económico para que las mujeres puedan cortar con la relación violenta seguirá habiendo muertes de mujeres que no pueden poner fin”.
El informe parcial del Observatorio de Femicidios, de la Defensoría del Pueblo de la Nación, registró 251 víctimas de femicidios confirmadas en el período comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2018.
La Casa del Encuentro contabilizó 2.679 mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género en los últimos 10 años con el resultado de 3.328 hijos sin sus madres.
Jujuy, Salta y Santiago del Estero son las provincias argentinas con las cifras más altas de femicidios en el país, según se dio a conocer en un informe llevado a cabo a mediados del año pasado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. La situación más terrible ocurre en Salta, con 2,74 femicidios cada 100 mil mujeres. En Jujuy la cifra es de 2,12 femicidios cada 100 mil.
Acompañamiento a víctimas
Desde la Diplomatura de Género y otras instituciones que abordan el tema hay un trabajo en red en el que una de sus acciones es acompañar y guiar a víctimas de violencia de género. “No es lo mismo que una mujer llegue sola a denunciar a que llegue acompañada de un grupo. Antes de mandarla a denunciar tratamos de interiorizarnos de su caso. Le preguntamos si es hacia su pareja con la que convive, etc.”, explicó Natalia Aramayo de la diplomatura.
Hoy N° 1754 13/02/2019
