Al salir esta edición a la calle, una multitud rodeaba el Congreso reclamando que el Senado le dé sanción definitiva a esta Ley, que establece un aumento de 30 mil millones de pesos en el presupuesto estatal para programas de trabajo, lo que beneficiará a decenas de miles de personas hoy afectados por esta política de ajuste.
Al salir esta edición a la calle, una multitud rodeaba el Congreso reclamando que el Senado le dé sanción definitiva a esta Ley, que establece un aumento de 30 mil millones de pesos en el presupuesto estatal para programas de trabajo, lo que beneficiará a decenas de miles de personas hoy afectados por esta política de ajuste.
Desde el mismo comienzo del gobierno macrista, que con sus medidas profundizó el hambre y la pobreza que venía de los años kirchneristas, la CCC planteó con sus movilizaciones la necesidad de que se tomen medidas para paliar las crecientes necesidades populares. Así se discutió por febrero de este año en el Plenario Nacional de la Corriente en Cafayate (Salta), donde se planteó la necesidad de declarar una Emergencia Social. Con ese objetivo, buscó la unidad con otros sectores.
A partir de la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo, se redobló la pelea por la ley de emergencia, en unidad con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Barrios de Pie. Vinieron muchas marchas, cortes y ollas populares en todo el país. En ese recorrido estuvo la marcha de las Economías Regionales a Plaza de Mayo a principios de noviembre, y se plasmó la unidad de acción de las tres organizaciones con la CGT, que se expresó en el acto conjunto del 18 de noviembre.
El trabajo en el Congreso
Desde el PTP y el PCR, aún sin representación parlamentaria y en estrecha colaboración con la CCC, nos dimos un trabajo para acompañar las grandes movilizaciones populares con iniciativas en el Congreso. Así se hizo una meticulosa articulación con diputados y senadores de distintas bancadas. Se elaboraron proyectos de Ley, se realizaron audiencias en la Cámara de Diputados y Senadores, hasta que después de la histórica marcha del 7 de agosto se dio forma a la Ley de Emergencia Social que se presentó en el Senado, y terminó aprobada con el voto de 50 senadores.
El gobierno trató de maniobrar e incluso Macri dijo que iba a vetar la ley de emergencia que venía del Senado si Diputados la aprobaba.
Como lo que se buscaba no era un hecho testimonial, sino resolver las necesidades más urgentes de los que menos tienen, a pesar de contar con los votos suficientes para su aprobación en diputados, las organizaciones populares contestaron redoblando la lucha y con el acto del 18 junto a la CGT que forzaron al gobierno a abrir una negociación por la Ley de Emergencia Social.
Fruto de toda esta lucha se terminó logrando un acuerdo con los ministros de Desarrollo Social y de Trabajo el 23 de noviembre, donde se estableció el aumento del presupuesto social en 30 mil millones de pesos en tres años y el gobierno tuvo que acordar el tratamiento de la ley de emergencia en las sesiones extraordinarias, para su promulgación antes de fin de año.
Puntos destacados de la ley
La ley aprobada en Diputados declara la emergencia social hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30.000 millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
El proyecto tiene como objeto “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional”. Además dispone la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep) “a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro”.
Funcionales al macrismo
La nota en la Cámara de Diputados la dieron los legisladores del FIT, quienes fueron los únicos que se opusieron a esta ley junto al terrateniente sojero y diputado salteño Olmedo. Eso sí, no se animaron a votar en contra y se abstuvieron.
Las intervenciones de los diputados Néstor Pitrola y Soledad Sosa están llenas de falsedades, y como es común en los trotskistas, llenas de chamuyo de izquierda para justificar una posición de derecha. La más importante es que lo conseguido con esta ley no es sólo para las tres organizaciones sociales que la impulsaron, sino que se ha logrado un aumento en los programas sociales, en la Asignación Universal por Hijo y en las partidas alimentarias que beneficiarán a miles y miles de compañeras y compañeros independientemente de su pertenencia o no a alguna organización.
De la famosa “tregua” que según ellos, y también según algunos kirchneristas y sectores vinculados al PC, se firmó, basta ver las calles de la Capital y de muchas otras ciudades en estos días, donde la CCC, la CTEP y Barrios de Pie han seguido movilizadas por una gran cantidad de reclamos.
El FIT trata con sus mentiras de ocultar que estuvieron lejos de esta lucha, más preocupados en resolver su interna electoralista que en resolver las necesidades populares. Tan alejados de esta realidad están que la diputada Sosa llegó a decir que esta ley “No estaría siendo una mejoría para los cientos de miles que se encuentran ya en emergencia en nuestro país”.
Un gran triunfo político y reivindicativo
El resultado de estos meses de intensa lucha es un gran triunfo político y reivindicativo, y una derrota del gobierno. Ratifica una línea política de mantener con firmeza la lucha en las calles, y buscar la unidad multisectorial para sumar la mayor cantidad de sectores a la lucha por pararle la mano a la política de ajuste de Macri. Lucha por la que seguimos y seguiremos en las calles, hasta lograr la conquista de tierra, techo y trabajo para todos.
