“La paritaria sectorial de salud pública está abierta. No hemos tenido muchas respuestas del Ministerio de Salud al temario que los gremios que participamos -UPCN, ATE y Sipasa- hemos presentado. Presentamos el Proyecto de la Reducción de la Edad Jubilatoria para todos los trabajadores de la salud. Se armó una Mesa que es una comisión ad referéndum a la paritaria sectorial, que tiene diversos temarios: el reconocimiento de la actividad crítica de los sectores de sus trabajadores que no lo tienen, la situación específica de la salud de enfermeros y enfermeras.
“También hemos acordado desde ATE, a través de las distintas asambleas que se han hecho en los hospitales centrales de la provincia y de los centros de salud, una marcha el 21 de septiembre en el Día de la Sanidad (al cierre de esta edición), por todos estos reclamos. Se viene trabajando en profundidad con una participación activa y mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras del sector administrativo, camilleros, choferes y profesionales.
Un sector muy golpeado con la pandemia
Cuenta Roxana: “A nivel nacional, durante la pandemia, fue bastante rápida la solución del tema de los protocolos y abastecimiento de personal y de insumos. Pero en nuestra provincia pasó como en muchas otras: no teníamos la cantidad de trabajadores ni condiciones edilicias. No hubiese podido ser sobrellevada la pandemia si no teníamos a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud poniendo su cabeza, su cuerpo, el tiempo y buena voluntad. Algunos de esos trabajadores ingresaron con contratos precarizados, siendo ésta una deuda que tiene que saldar el Estado provincial a los trabajadores y trabajadoras de la salud.
“En nuestra provincia se está haciendo un centro integral de la salud que vendría a reemplazar al edificio viejo del hospital Lucio Molas -que es donde se armó toda la aparatología y los espacios para acompañar la pandemia-. El planteo es que los compañeros cubran su puesto de trabajo en este gigante”.
Cuenta Roxana que en la provincia de La Pampa hay alrededor de unos 400 trabajadores precarizados. Algunos ingresaron por la pandemia y otros ya venían cumpliendo funciones con este tipo de contrato.
La inflación come los salarios
“Venimos teniendo respuestas del gobierno provincial en relación a la inflación, y la negociación viene superando el porcentaje que se fija por inflación de la región pampeana, pero nosotros en el 2020 perdimos el 14% del salario. Venimos acarreando esto sin contar el poder adquisitivo y sin contar que acá no hay fábricas abundantes para que puedan desarrollar trabajo para el pueblo. Tenemos una canasta básica que hacemos todos los años desde que conducimos el sindicato la René Salamanca, y este índice nos marca que necesitamos 116 mil pesos para tener una vida digna.
Por otro lado, desde la Mesa Intersindical, y específicamente desde ATE, reclamamos que el gobierno provincial se dé una política de Estado para controlar los precios. Porque logramos aumentos reales para los salarios pero al momento que se lo hace, tenemos remarcadas las góndolas y los insumos necesarios para una familia, sin contar aumentos en la medicación y obras sociales. Así se termina castigando a los trabajadores y trabajadoras que soportamos la crisis de todos los gobiernos que han pasado en democracia.
“Seguimos poniendo el hombro al laburo pero se vuelve insostenible teniendo sueldos paupérrimos para poder acarrear la crisis descomunal que se ha desatado. Entendemos que el gobierno tiene que dar una política pública y social para poder dar vuelta esta situación. Si no tenemos ese objetivo desde el gobierno y sobre todo desde este Frente de Todos que conformamos trabajadores y trabajadoras, si no podemos tener esa mesa de discusión se vuelve imposible sostener la vida de un trabajador y seguimos sosteniendo las crisis de los gobiernos”.
Para finalizar, Roxana agrega: “Falta una mirada por parte del Estado hacia los trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación, a los porteros; a ellos no se les ha reconocido el papel importante que han tenido toda la pandemia. Es necesario que los gobiernos provinciales y el nacional tengan una política de Estado hacia la violencia laboral, que se aplique el convenio laboral 190 de la OIT, y que se respete la Ley Micaela en todos los sectores”.
Hoy N° 1882 22/09/2021
