Es sabido que entre 1813 y 1864 Paraguay vivió un período independiente, en él las tierras fueron nacionalizadas y entregadas a los campesinos. Esto ocurrió hasta la infame guerra de la Triple Alianza, (1865-1870), en que los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay, atrás de los cuales estaba el Imperio Británico, exterminaron al 80% de la población y se perdió el 35% del territorio.
Las tierras públicas fueron vendidas y así nació el latifundio en Paraguay.
Después de la guerra del Chaco (1932- 1935), aparece una política de “dar tierras a los campesinos y expropiación de latifundios de más de 1.200 hectáreas”. Pero la realidad fue que el 97, 5% de la población recibió el 26% de las tierras y el 2, 5 el resto, lo cual llevó a que miles de familias campesinas estuvieran sin título de propiedad, situación que se extiende a inmuebles urbanos.
La FNC (Federación Nacional Campesina), dice que Paraguay es el país con la mayor desigualdad en la distribución de tierras del continente.
Para colmo, se sanciona la ley Zavala- Riera, que plantea criminalizar de 5 a 10 años de prisión a los que ocupen tierras sin título de propiedad, y que basta que una persona sea imputada de tal “crimen”, aunque no haya sentencia, para que pierda el derecho de recibir subsidios del Estado.
La FNC decidió llevar adelante la resistencia organizada en los asentamientos, reocupar los asentamientos campesinos e indígenas que fueron desalojados y avanzar en la lucha por la tierra.
Ante la crítica situación económica, provocada en parte por la pandemia, pero principalmente por el modelo económico productivo del país sumado a la sequía, la FNC se declara en movilización permanente, en el marco de una lucha prolongada, para lograr la derogación de la ley Zavala – Riera y la legalización de los asentamientos campesinos, urbanos e indígenas, además de la implementación de políticas estatales de ayuda por la sequía.
Tengamos en cuenta que 840 asentamientos, de entre 10 a 30 años de ocupación, quedaban no solo ante la amenaza de desalojo sino también de encarcelamiento.
Inmediatamente avanzaron sobre las comunidades indígenas y luego sobre diferentes asentamientos campesinos. La primera resistencia fue en el asentamiento 29 de Junio, de 13 años de ocupación, que no permitió el desalojo, seguido por la reocupación del asentamiento Cristo Rey, de la comunidad indígena Hugua Po, y otros.
Varios dirigentes campesinos e indígenas de esas comunidades y dirigentes de la FNC están imputados por esas causas. La FNC seguirá acompañando la resistencia de las comunidades y promoviendo la organización y acciones de los sin tierra y planteando la derogación de la ley Zavala-Riera.
Durante la pandemia muchos latifundistas trataron de blanquear sus posesiones de tierras mal habidas.
La sequía ha producido enormes pérdidas en los cultivos, de los cuales depende la alimentación, pero también la obtención de semillas. Por eso se reclama que el gobierno provea semillas.
La FNC plantea tres consignas principales: No a la criminalización de la lucha campesina e indígena. Desalojos nunca más. Sin reforma agraria no habrá paz.
Hoy N° 1901 16/02/2022
