El martes 1º de diciembre el diputado Claudio Lozano, miembro de la “Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación” (Ley 26.984) realizó una conferencia de prensa para denunciar que esa comisión, con absoluta mayoría kirchnerista y vencido el plazo para dar su informe, no investigó nada. En el curso de la conferencia se recordó que la constitución de esa comisión fue incorporada a la mal llamada ley de pago soberano a propuesta de Aníbal Fernández con el solo fin de lograr el apoyo de los radicales y obtener su aprobación en el Senado.
Posteriormente, cuando el gobierno de Cristina Kirchner cayó en la cuenta que cualquier investigación medianamente seria pondría en evidencia la falacia del tan cacareado desendeudamiento, trabó e impidió que cumpliera su cometido. La tarea asignada por el artículo 12 de la Ley exigía dos condiciones básicas que jamás se cumplieron:
a) La conformación de un Equipo Técnico especializado en materia de endeudamiento, para lo cual tendría que haber solicitado la urgente apoyatura de especialistas provenientes de la Auditoría General de la Nación (que cuenta con una unidad especial sobre el endeudamiento público).
b) El acceso a toda la documentación e información de cada organismo del Estado referido al proceso del endeudamiento.
Lozano también señaló que en los 12 años que lleva como diputado, junto a legisladores como Pino Solanas, Mario Cafiero, Eduardo Macalusse, Liliana Parada, Patricia Walsh, Horacio Alcuaz, entre otros, impulsaron reiteradas iniciativas para constituir una comisión investigadora de la deuda externa sin éxito.
Dijo que el informe, elaborado con el aporte de Héctor Giuliano, Alejandro Olmos Gaona, Graciela González, Daniel Marcos, Horacio Fernández, Julio Gambina y Tomas Raffo, fue presentado al Pte. de la Comisión Bicameral Eric Calcagno y a los titulares de la Cámara de Diputados saliente y entrante y que está a disposición de todas las organizaciones populares que lo requieran.
El informe destaca que gran parte de la deuda que se reclama corresponde a empresas privadas nacionales y extranjeras que conforman la actual cúpula empresarial del país que han crecido y se han enriquecido con estas maniobras contra el pueblo y la Nación argentina.
También que el gobierno de los Kirchner presentó el pago al FMI como un acto emancipatorio lo que era una instrucción del tesoro de EEUU. La etapa del 2002 al 2015 es la de mayores pagos netos y la deuda pasó de 150.000 millones de dólares a 250.000 millones de U$S. La deuda con el Club de Paris, que claramente es una deuda odiosa, que era de 6.700 millones de U$S y se terminó aceptando pagar 9.000 millones de dólares. El informe también señala la responsabilidad de los funcionarios argentinos desde la dictadura hasta ahora entre los que aparecen connotados integrantes del nuevo gabinete de Macri como Prat Gay y Melconian. Por lo que concluye que es la historia de la mayor estafa al conjunto de nuestro pueblo y que no tiene solución dentro de las reglas del sistema financiero internacional sino que requiere de una decisión política de un gobierno verdaderamente nacional y popular.
La Dra. Graciela González, integrante de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del Instituto de la deuda del Colegio Público de abogados, describió los infructuosos esfuerzos ante la Justicia argentina para que actúe ante las probadas evidencias de fraude e ilegalidad de la deuda.
Explicó que no se pueden salvar los vicios de la deuda pública de su origen y de sus sucesivas renegociaciones. Pero que, por su experiencia, el tema de la deuda no se puede arreglar en recintos cerrados con gente de buena voluntad. El tema tiene que trascender y tiene que conocerlo todo el pueblo “porque esto es demasiado enorme”.
Héctor Giuliano puso en evidencia la gravedad de que la Comisión Bicameral no haya hecho nada para cumplir con las obligaciones que le fija la Ley. Lo primero que tendría que hacer es exigir la suspensión de los pagos porque es una contradicción manifiesta pagar una deuda que se está investigando sus orígenes y licitud. Lo segundo es ver quiénes son los acreedores y preguntarles ¿Quién es Ud.? ¿A quién le compró los bonos y a cuánto los pagó? Constituir un equipo técnico, pedir información de las causas judiciales en curso y al BCRA y al Ministerio de Economía. Nada de eso se hizo.
También denunció que cada traspaso, cada renegociación, cada novación es un paso a favor de los acreedores y de la trampa de la deuda perpetua. Señaló que en estos 12 años se transfirió una deuda incobrable al propio BCRA, a la Anses y al BNA llenándolo de papeles, agotando las reservas de Central y obligando a la Anses a pedir préstamos para poder cumplir sus obligaciones.
La Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la Deuda y por la defensa del Patrimonio Nacional y los bienes comunes desde la promulgación de la Ley 26.984 apuntó su actividad a exigir una verdadera investigación, aun sabiendo que el objetivo del oficialismo mayoritario en la Comisión era convalidar y legitimar el canje 2005 y 2010, y por eso estuvo presente en la conferencia de prensa a través de Beverly Keene, Emilio Román, Ricardo Godoy y Juan Alberteiro, para apoyar la denuncia del diputado Lozano. También estuvieron Antonio Sofía del PCR; Claudio Giorno y Patricia Machado de Emancipación Sur; Carlos Custer, Graciela Iturraspe y Hugo Amor de Unidad Popular, y Juan Carlos Giuliani de la CTA Autónoma, entre otros.
