El gobierno de Macri arrancó su política energética nombrando al frente del Ministerio de Energía a Juan José Aranguren, CEO de Shell, la compañía anglo holandesa. El ministro, después de ser nombrado conservó acciones de la empresa por U$S 16 millones, que luego tuvo que “vender” intimado por la Justicia por incompatibilidad.
En el resto de áreas claves del ministerio nombró a distintos representantes de empresas operadoras y refinerías.
Algunos funcionarios importantes: Ricardo Darre, primer CEO de YPF del gobierno de Macri. Ex director de exploración y producción de Total en Texas USA. Pablo Popik, subsecretario de refinerías y comercialización, Axion Energy. José Luis Sureda, secretario de recursos hidrocarburíferos, ex gerente de ventas PAE. Daniel Redondo, secretario de planificación energética, ex gerente de Exxon. Marcos Pourteau, subsecretario de exploración y producción, ex Total. Hugo Balboa, Enarsa, ex gerente de Axion Energy.
En relación a la principal empresa de bandera YPF SA, el gobierno de Cambiemos le dio el trato de una empresa más del mercado, negándole cualquier rol directriz o de empresa testigo del mercado petrolero. Abultó la deuda de YPF a la vez que hizo que disminuyera la inversión. Le quitó, deliberadamente, porciones del mercado promocionando con suculentos subsidios del Estado a empresas como Tecpetrol-Techint, que pasaron a ser protagónicas en la industria del shale gas con la resolución 46. En la misma norma incluía, también, yacimientos operados por YPF que tuvieron un papel totalmente marginal (La Ribera 1 y 2, Estación Fernández Oro) y que prácticamente no fueron desarrollados. Otros yacimientos de gas importantes de YPF, como El Orejano y Río Neuquén, ni siquiera fueron incluidos.
La resolución 46 fue, en los hechos, un millonario subsidio a Tecpetrol-Techint para la producción de gas en el yacimiento Fortín de Piedra, que pasó de prácticamente no producir nada, a producir 18 millones de m3/día, es decir, pasó a ser el segundo yacimiento con mayor producción de Argentina. Este yacimiento (descubierto por YPF) lo obtuvo Tecpetrol en 1992 y lo tuvo cerrado, sin explotar, aún en los períodos de costosas importaciones.
Este subsidio terminó siendo insostenible para el gobierno de Macri. Aconsejado por el FMI, realizó una reinterpretación de la resolución 46 por lo cual decidió recortar el subsidio a la mitad de la producción. Este hecho terminó en un juicio, del grupo Techint al Estado, reclamando una deuda de $2500 millones y un parate de la actividad del yacimiento con baja de equipos.
La política de Macri respecto a YPF fue de correr a la empresa de su rol de directriz en el sector de hidrocarburos, bajando considerablemente la producción de gas y de petróleo y colocando a la Argentina en la actual situación en la que se agravó el déficit de producción de gas.
Licitación áreas offshore
En el 2019 se realizaron las concesiones de áreas petroleras de 3 cuencas (Argentina Norte, frente a las costas de provincia de Buenos Aires, Malvinas Oeste y Austral Marina) en el mar argentino. Con la adjudicación de las licitaciones, el gobierno de Mauricio Macri repitió el papel marginal adjudicado a YPF en la compulsa, en favor de empresas multinacionales.
Dentro de esas operadoras se encuentran: Shell, Qatar Petroleum, British Petroleum, Total Austral, Equinor (Noruega ex Statoil), Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall Dea, YPF, Tullow, que obtuvieron concesiones en varios casos asociadas una con otras. YPF solo fue adjudicataria en un bloque asociado con Total y Equinor, y con Equinor en otros cuatro.
El caso más repudiable es la adjudicación que obtuvo la empresa Tullow, de origen británico, especializada en exploración y producción, a la que se le adjudicó 2 bloques asociados con Pluspetrol y Wintershall y otro en el bloque Malvinas Oeste, a una distancia de entre 100 y 150 km de nuestras islas usurpadas.
Las inversiones comprometidas fueron muy bajas y obtuvieron el compromiso de la Secretaría de Gobierno de otorgarles todos los datos geológicos 2D y 3D de la cuenca marina.
Ajuste y explotación sobre los trabajadores
Luego de un año 2016 crítico para el sector, el gobierno de Macri junto con las empresas operadoras aprovecharon la situación para avanzar con la flexibilización laboral y la modificación del Convenio Colectivo de Trabajo. El argumento para ello, fue que esto era necesario para conseguir inversiones y levantar la actividad. Presionaron en un momento en que había muchos equipos parados y compañeros en las casas.
Esta modificación, a través de una adenda al Convenio Colectivo, finalmente se impuso, y fue un avance de las empresas contra los derechos conquistados por los trabajadores.
Entre varias cosas que se modificaron, impusieron los contratos a término o plazo fijo; terminaron con las horas taxis en servicios especiales (una forma particular de eliminar las horas extras de espera entre operaciones); aumentaron el límite de la velocidad del viento que estaba estipulado para detener operaciones en el campo; permitieron el montaje y desmontaje de equipos en horarios nocturnos; impusieron tareas simultáneas, entre otras cosas.
Con estas modificaciones del Convenio y las mejoras tecnológicas en perforación y fractura lograron aumentar los ritmos de las actividades, acortar los tiempos y abaratar los costos de extracción en los hidrocarburos no convencionales.
Esto llevó al aumento de accidentes, hubo 6 muertos en 2 años, y a una posición de mayor debilidad de los trabajadores ante la baja de la actividad.
Estos puntos de la adenda, rechazados por la gran mayoría de los petroleros, en particular los contratos a término, hoy se están rediscutiendo para revertirlos por iniciativa de la propia conducción del Sindicato de Petróleo y Gas Privado.
Hoy N° 1884 06/10/2021
