El 22 de marzo, luego de semanas de paros y masivas asambleas en las escuelas, cientos de miles de docentes de todo el país protagonizaron la gigantesca marcha federal por la educación pública.
El 22 de marzo, luego de semanas de paros y masivas asambleas en las escuelas, cientos de miles de docentes de todo el país protagonizaron la gigantesca marcha federal por la educación pública.
El presidente Macri eligió ese mismo día para comunicar los resultados –desastrosos– de las pruebas Aprender 2016, y anunciar que enviará al Congreso un proyecto –inconsulto– denominado Plan Maestro, con metas para la próxima década.
Así, junto con la gobernadora Vidal se pusieron al frente de una increíble y feroz campaña de desprestigio de la lucha, buscando –una vez más– dividir y culpabilizar a los docentes de todos los males de la educación.
Falso federalismo
El planteo de paritaria nacional, no es una consigna más. Cuestiona uno de los pilares de las políticas que inauguró el gobierno de Menem, al completar el traspaso de escuelas nacionales a las provincias, traspaso que había iniciado la dictadura en 1978.
Bajo el supuesto de un falso federalismo, la cuestión salarial docente, entre otras cosas, pasó a ser un problema particular de cada provincia. Pero, en realidad, cada provincia debía subordinarse al poder central para conseguir los recursos, aún los de coparticipación.
Las nefastas leyes del menemismo fragmentaron el sistema educativo en 24 jurisdicciones: su administración, los contenidos de enseñanza, la formación docente, los derechos de los docentes y de los niños.
Así, no sólo se quebró el principio de igual salario por igual trabajo, sino las bases mismas de la ya vapuleada escuela pública común e igualitaria para todos.
Con la Ley Federal de Educación, las políticas “focalizadas” reemplazaron a las “universales” –otro de esos pilares de la escuela pública–. El relato era atender a los más necesitados para compensar desigualdades; la realidad fue la sistemática desinversión en la educación pública y los subsidios crecientes al sector privado.
A través de las “políticas focalizadas / compensatorias” se impulsó y legalizó la diferenciación de las escuelas según provincias, regiones y, en definitiva, según la clase social predominante de su alumnado /clientela. Se dio lugar a que cada escuela y comunidad pudiera buscarse “sponsors” o padrinos.
Con los Kirchner, vino el relato de la “inclusión”, pero se mantuvo intacta la esencia de las políticas de exclusión y privatización de los ’90. El proceso de privatización se profundizó, continuaron los innumerables programas compensatorios “focalizados” y se precarizó aún más el trabajo docente. El reparto de computadoras no pudo disimular el deterioro cada vez mayor de los edificios escolares y de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Cerca de una tercera parte de la educación quedó en manos del siempre subsidiado sector privado.
Los resultados están a la vista: las desigualdades educativas, no sólo salariales, ya existentes en las distintas regiones del país, se potenciaron y profundizaron a niveles desconocidos.
Los resultados de las pruebas Aprender 2016, como las evaluaciones internacionales PISA, señalaron esas desigualdades, pero también mostraron que los resultados empeoraron tanto en las escuelas públicas como en las privadas. Es decir, la crisis no es solo en las estatales, ni por culpa de los docentes.
Año a año, cientos de miles de adolescentes dejan sin terminar la escuela secundaria, pasando a engrosar los millones de jóvenes excluidos de la educación y el trabajo.
Paritaria nacional y defensa de la escuela pública
Incontables luchas docentes denunciaron y resistieron las políticas de los ‘90, logrando frenar la aplicación de los aspectos más controvertidos del modelo de la LFE como, por ejemplo, la elaboración de un ranking de escuelas según los resultados de la evaluación de los alumnos, y la distribución de premios y castigos en forma de recursos o sueldos docentes atados a esos resultados.
Como resultado de esas luchas, a fines de 1998, se logró que la Nación se hiciera cargo del llamado “Incentivo Docente”, creando para ello un Fondo Nacional, a través de la Ley 25053.
Otras luchas, como la lucha por la recuperación de la escuela técnica, o la de infinidad de escuelas reclamando condiciones mínimas de funcionamiento (luz, agua, techos, etc.), dieron sobradas muestras de que si la educación pública aún existe, es gracias a esas luchas y al trabajo que sostienen todos los días los docentes junto a la comunidad educativa.
La lucha por una paritaria nacional docente continuó en la era Kirchner. En 2004, se impuso la prórroga del incentivo (Ley 25.919), y a fines de 2006, la ley de financiamiento educativo (Ley 26.075) incluyó el famoso art. 10, que dice que el Ministerio Nacional, conjuntamente con el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes deberán acordar un convenio que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente. Es decir, algo parecido a una paritaria.
Algo más sobre la privatización
Más de 9,4 millones de alumnos asisten hoy a escuelas, institutos y universidades públicas en todo el país. Al sector privado concurren cerca de 3,7 millones de alumnos.
Las escuelas privadas, que irrumpieron en los años ’60, hasta el año 2000 atendían alrededor de la quinta parte del alumnado de primaria y secundaria del país. En la última década, crecieron a saltos hasta alcanzar al 30% de los estudiantes. Lo novedoso fue que, sólo contando el nivel primario y secundario y entre los años 2003 y 2015, el sector privado sumó cerca de 500 mil nuevos alumnos, mientras que las escuelas estatales bajaron su matrícula en alrededor de 90 mil alumnos. En las grandes ciudades, cerca de la mitad de los estudiantes cursa en escuelas privadas.
Otra forma de privatización, es la tercerización del servicio educativo destinado a los más pobres. Precisamente, con el programa de Primera Infancia el Estado terceriza el servicio educativo en organizaciones sociales y ONGs que se hacen cargo de gestionar los centros de primera infancia (CPI) o jardines comunitarios. En general, el personal de los CPI es monotributista, los salarios son sensiblemente inferiores a los del sistema formal y tampoco se lo reconoce a los efectos de computar la antigüedad docente. Claramente, es una opción más barata que la creación de escuelas públicas suficientes para todos los chicos.
En resumen, el Estado se desliga de la responsabilidad de garantizar una educación de calidad para todos los niños, y se vulneran los derechos de los chicos de familias más pobres.
Caer en la escuela pública…
¿Por qué Macri, Vidal y Bullrich, acompañados por un coro mediático permanente, atacan con tanta virulencia la lucha docente? Tratan de quebrar y dividir, porque durante esta lucha se develó la esencia reaccionaria del plan del gobierno para educación: llevar a fondo las mismas políticas que desde los ’90 promovieron la destrucción de la escuela pública y produjeron la crisis actual.
La firmeza de la lucha docente ha calado hondo en el corazón del pueblo. Padres, alumnos y la comunidad en general apoyan y hacen suyos los reclamos. Es porque han comprendido que la lucha va más allá de conseguir un salario digno, por encima de la línea de pobreza, y romper el techo del 18% que quieren imponer para todos los gremios. Se trata de defender la escuela pública, porque está en juego el futuro de la educación de los chicos.
Macri tiene que tomar nota: la lucha por la escuela pública es una lucha de todo el pueblo por su futuro.
