En esta Argentina, que en su génesis ha sido moldeada por los intereses de la oligarquía terrateniente que fue protagonista de truncar el potencial emancipador de la Revolución de 1810, se intenta ocultar el fracaso de un Estado (que salvo en algunos honrosos períodos) entrelazó los intereses de los terratenientes con el capital extranjero, poniendo por delante los intereses de las minorías y de las potencias del mundo, al tiempo que arrasaba con la vida de los pueblos originarios y destinaba a la marginación a millones de compatriotas.
Este modelo que se ha profundizado y “modernizado” con el desarrollo del capitalismo y de agronegocios, del capital financiero etc. Esto es lo que ha fracasado.
Este modelo en las últimas décadas profundizó la expulsión de chacareros y campesinos del campo por el avance de la concentración en pocas manos, como muestran los resultados preliminares del Censo Agrario del año 2018, según el cual en nuestro país hay 60.824 explotaciones agropecuarias menos que en el año 2002. Expresado de otra forma, cayeron 3 de cada 10 productores. En los 30 años que cubren los tres últimos censos se perdieron 150 mil explotaciones en todo el país.
Por eso la necesidad de la tierra sigue siendo actual, tan actual como cuando en la fundación de la Federación Agraria Argentina, allá por 1912, se incluía en el artículo quinto de su Estatuto, entre sus objetivos y fines, promover una Reforma Agraria Integral.
Argentina es un país dependiente y atrasado porque la reforma agraria no se hizo y si bien hubo avances en algunos periodos, hoy 5.000 grandes propietarios tienen la mitad de las 31 millones de las hectáreas cultivables del país, casi como en aquella época.
Un país donde el 2% de los establecimientos delimitados de más de 5.000 hectáreas dispone del 50% del total de la tierra censada, mientras que el 50% de las unidades con menos de 50 hectáreas dispone de apenas el 1% del total de la tierra explotable.
Pero el debate no se reduce únicamente a la propiedad de la tierra como recurso natural básico para la producción agropecuaria, que es además la palanca clave de la soberanía productiva y alimentaria, al determinar qué, para qué, cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce.
Hay que poner sobre la mesa que el evitar el debate de la distribución de la tierra es también una de las causas centrales en los problemas que vive la economía y la población argentina en general.
Sin discutir la propiedad latifundista de la tierra y la renta que les genera a los terratenientes al alquilarla, es imposible pensar en resolver los problemas vinculados a la inflación en el precio de los alimentos, tanto como superar la desocupación, la pobreza y la indigencia.
Utopía no es plantear la Reforma Agraria, utopía es pretender que se puede desarrollar un país y lograr el bienestar de sus habitantes sin eliminar la renta terrateniente y la dependencia.
Hablar de Reforma Agraria es indispensable para pensar en otro modelo productivo, en volver a arraigar a las poblaciones en el campo, fundamentalmente a los jóvenes, tener un proyecto productivo soberano de país, dejar de amontonarnos en las ciudades, mientras miles de hectáreas están completamente vacías, o en cuidar el medio ambiente con un sistema productivo sustentable.
Pretenden desviar la discusión sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para aliviar la situación de miles de familias de pequeños productores que estamos en “emergencia”, así como de miles de argentinos que sufren la política económica impuesta por Macri y para eso intentan asustar a la sociedad como hace el ministro de Agroindustria Luis Etchevehere hablando de “un ataque de la república”.
Lo que no dicen y ocultan es que la distribución de la tierra fue en la historia de las sociedades contemporáneas, como en el caso de Estados Unidos de Norteamérica en 1862, una decisión democrática y estratégica, que repartió entre 1,6 millones de inmigrantes un total de 109.305 millones de hectáreas, equivalente al 10% del territorio estadounidense. Sin las reformas agrarias de Rusia y China tras revoluciones no hubiese sido posible avanzar hacia sociedades modernas, más allá de la posterior restauración capitalista.
La Reforma Agraria Integral, medida imprescindible para el desarrollo de nuestra patria y el bienestar del pueblo requiere de un largo camino, que sabemos será duro y difícil y requerirá cambios revolucionarios en el Estado y el tipo de país, pero que ya viene nutrido por las luchas de los campesinos, los pequeños productores y los pueblos originarios que se han ido organizando y planteando medidas de acercamiento a lo que la Argentina necesita.
Porque sabemos que hay políticas que se pueden tomar ya para que miles de campesinos accedan a la tierra como la distribución de tierras fiscales, expropiaciones de tierras ociosas de dudoso origen, reglamentación de la Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar, que se respete la legislación sobre uso y tenencia de la tierra para las comunidades originarias, que se frenen los desalojos, entre otras.
Finalmente entendemos que estas medidas, así como la distribución de la tierra, son no solo posibles y deseables, sino fundamentalmente necesarias y es por eso que seguiremos caminando hacia ese horizonte.
Rosario, 7 de septiembre de 2019
