El gobierno, mediante un nuevo decreto, el 383/2025, modificó la ley orgánica de la Policía Federal Argentina, y le dio mayor “autonomía” del aparato judicial, permitiéndole realizar ciber patrullaje de las redes sociales, requisas, allanamientos y detenciones de personas y vehículos sin orden judicial.
Estas medidas son parte del avance represivo de Milei, Bullrich y compañía, frente a las crecientes luchas contra su política hambreadora y entreguista.
Con este decreto, como explicaron si vergüenza el presidente y su ministra de “Seguridad”, “Vamos a aprender de Estados Unidos e Israel y a colocar a la PFA en los estándares del FBI”, celebró Milei. También anunciaron la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), al que pretenden mostrar como “El FBI argentino”. Recordemos que el FBI fue creado por el Estado yanqui a comienzos del siglo 20 para espiar a los revolucionarios, y que luego fue, hasta hoy, uno de los instrumentos para perseguir a los comunistas y todos los que enfrentan al poder en Estados Unidos. Eso lo vemos hoy en las redadas y deportaciones contra los migrantes que lleva adelante el gobierno de Donald Trump.
Este decreto 383/2025, inconstitucional como todos los avances represivos del gobierno, se suma al sideral aumento de gastos reservados de la SIDE para perseguir y espiar opositores, para lo que elaboraron un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), denunciado por algunos periodistas.
Estamos ante un avance represivo sobre lo que vemos constantemente en las marchas, especialmente los miércoles frente al Congreso, con las fuerzas federales y de CABA ensañándose con las y los jubilados, y que ha subido un nuevo escalón con el reciente fallo de la Corte Suprema que ratifica la condena y proscripción a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Como denuncian organismos de derechos humanos como la Correpi, el decreto 383/2025 habilita a la PFA a “esgrimir ostensiblemente sus armas” y redefine su función central como ejecutora de las políticas de “seguridad nacional”.
Una de las funciones centrales de este DFI (cuyo escudo tiene un águila, en otra muestra de servilismo hacia los yanquis) es el espionaje en las redes sociales. Ya hemos visto cómo la ministra Bullrich, cuando era ministra de Macri, detenía a tuiteros por expresarse en las redes.
Otro aspecto gravísimo es la habilitación oficial a la PFA para «registrar y calificar a personas dedicadas habitualmente a actividades que debe reprimir», sin orden judicial, es decir a criterio de los agentes policiales.
Un ejemplo de esto lo tuvimos el pasado 18, cuando efectivos de la Gendarmería, otra fuerza federal a cargo de Bullrich, en su desesperación por achicar la marcha contra la condena a Cristina Fernández, requisó un micro escolar con chicos que iban de visita al Planetario.
Y como este gobierno está basado en una corrupción gigantesca usando el aparato del Estado para llenar los bolsillos de sus funcionarios, Bullrich no se olvidó de poner en el decreto un artículo que declara “en emergencia a la Federal por dos años”, y le otorga al Ministerio que dirige la propia Bullrich la posibilidad de “licitaciones express” para la provisión de equipamiento. Es decir, les abren la puerta a gigantescos negociados.
Todas estas medidas represivas que viene tomando el gobierno de Milei desde que asumió, no pueden detener las luchas, y anuncian que vamos a grandes confrontaciones, para derrotar a esta política represiva, parte del plan general de este gobierno hambreador y entreguista.
hoy N° 2065 25/06/2025
