Esta semana se agregaron nuevos elementos en la investigación que lleva a cabo el juez federal Claudio Bonadío, en relación con las anotaciones en cuadernos de Oscar Centeno, cuando era chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. En particular en relación a las detenciones, allanamientos e indagatorias a funcionarios y empresarios cuyos nombres y domicilios figuran en los cuadernos.
Puestos en el brete, y acogiéndose a la figura de “imputado colaborador”, al prestar declaración ante el fiscal federal Carlos Stornelli, los empresarios, como estrategia de defensa, se restringieron a hablar de la entrega de plata en negro para aceitar el aparato electoral del kirchnerismo. Se presentaban como aportantes individuales, para no comprometer a sus empresas, como víctimas de una extorsión política, aunque para eso tuvieran que reconocer que eran aportes ilegales.
Pero el cuadro comenzó a cambiar al trascender el viernes las declaraciones, en el mismo carácter de “arrepentido” del empresario Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, que desnudaron la trama de las coimas, basada en licitaciones preacordadas y con sobreprecios para garantizar el flujo a la caja ilegal. En su declaración, Wagner habría explicado cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y que debían entregar como coimas los adelantos de obra que pagaba el propio Estado nacional. Los montos del adelanto oscilaban entre el 10% y el 20% del total de la obra. También otro método consistía en devolver parte de lo que recibían como certificados de obra.
La declaración de Wagner difiere sustancialmente de lo que habían dicho ante la Justicia los otros empresarios que se arrepintieron. Pero la circunscribe también sólo a la década kirchnerista, poniendo en el centro del sistema a De Vido como organizador y a Baratta y José López, secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, como ejecutores. Aunque todo el mundo sabe que la “patria contratista” viene de mucho más lejos, por lo menos de la época de Lanusse y Gelbard en los años de 1970 y la posterior dictadura videlista, en los que acumularon grandes fortunas no sólo grupos como el de Macri sino también los de empresas como Techint, Impsa (Pescarmona) “u otras que exportan y actúan en varios países”, como diferencia Jorge Fontevecchia (www.perfil.com). También debemos recordar el famoso “Diego” (10%) de la época menemista.
Lo cierto es que el entramado de la corrupción estatal con el “Club de la Obra Pública” no es algo original que sólo involucra a empresas como Electroingeniería, desarrollada en asociación con el nuevo imperialismo de China en disputa con el imperialismo de Estados Unidos. Del mismo, como surge de los cuadernos del chofer, además son parte empresarios y empresas “tradicionales” de lazos históricos y actuales con los imperialismos de Europa y de Rusia (como Isolux, Techint, Pescarmona, Raggio, Eurnekián, etc.), con los que también disputan los imperialistas de Estados Unidos e Inglaterra por el control de la Argentina y América Latina. De ahí que no sean arbitrarias las comparaciones que se hacen con el Lava Jato en Brasil, en el que también aparecen implicadas empresas como Iecsa, Techint, etc.
Sobre el interés de los Estados Unidos en el “destape” de los cuadernos, conviene recordar que el nuevo embajador designado por Trump, quien llegó a la Argentina el 8 de mayo pasado, es Edward C. Prado, un distinguido jurista federal que se desempeñó como juez de Estados Unidos durante cerca de 35 años. En ejercicio de sus funciones, Prado también participó de múltiples intercambios judiciales internacionales y de reuniones, programas y conferencias académicas sobre diversos temas jurídicos de importancia para el fortalecimiento de normas y sistemas legales en toda América Latina. El juez Prado visitó la Argentina y participó en programas centrados en la práctica legal y en los desafíos comunes que enfrentan tanto los Estados Unidos como la Argentina, según consigna la información de la Embajada. De ahí sus relaciones “profesionales” con jueces como Claudio Bonadío y Elena Highton de Nolasco, a quienes se los vio exultantes en los festejos de la Embajada por el 4 de Julio (foto).
La causa judicial de los cuadernos del chofer, aunque circunscripta a la década kirchnerista, sacude al mundo empresario pues compromete a importantes sectores de la burguesía intermediaria de otros imperialismos en disputa histórica y actual con los imperialismos de Estados Unidos e Inglaterra.
Como va a seguir, depende de la “espalda política” que el juez Bonadío y el fiscal Stornelli puedan tener para llevar adelante la investigación sobre las empresas implicadas, siempre sujeta a las relaciones de fuerza y negociaciones de los factores del poder del sistema oligárquico-imperialista.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1730 15/08/2018
