En agosto, la inflación minorista fue del 7,0% mensual y del 78,5% interanual, acumulando un 56,4% en el año; para diciembre de 2023 rondaría el 100%. Se trata de la inflación más alta desde 1991.
Con esta inflación cada vez más galopante, el poder adquisitivo del salario continúa corroyéndose mes a mes. El salario real promedio de la economía, medido a través del Ripte (índice salarial elaborado por el Ministerio de Trabajo), viene de cuatro años consecutivos de caída.
El año pasado, a pesar de la fuerte suba de 10,4% del producto interno bruto (PIB), que recuperó prácticamente toda la caída de 2020, así como de una importante reactivación del empleo, el salario real cayó otro 3,2%. Esta desigual dinámica de la actividad y el salario quedó crudamente expresada en la fuerte caída de la participación del trabajo asalariado en el valor agregado de la economía que estimó el Indec para ese año, con especial virulencia en la industria.
El poder adquisitivo del salario apunta a cerrar este año con un nuevo recorte (quinto año seguido), dada la situación actual de las paritarias en los meses que quedan. En particular, en julio de 2022 el salario real disminuyó 1,4% interanual, retrotrayéndose a niveles de 2007 y situándose un 23% por debajo de julio de 2015 (pico para ese mes de la serie que empieza en 1994). El salario real de julio fue incluso inferior al de noviembre de 2019 (-1,8%), el peor registro de la era macrista.
Este penoso nivel salarial analizado previamente corresponde al sector registrado (formal), que naturalmente atraviesa una situación más favorable que los trabajadores no registrados (informales), los cuales no cuentan con organización gremial ni paritarias negociadas por ley, además de muchas otras condiciones de mayor precariedad laboral.
En ese sentido, la dinámica del salario no registrado ha sido aún más calamitosa. También hilvanando cuatro años consecutivos en baja, según la estimación del Indec, en julio acusó una caída de 7,1% interanual, ubicándose un 36% por debajo de igual mes de 2017. Cabe remarcar que el dato estimado por el Indec a julio tiene un rezago de cinco meses, con lo cual es de esperar que el verdadero nivel actual sea aún más paupérrimo, dado el salto inflacionario en los últimos meses.
Asimismo, el salario mínimo (a partir del cual se calcula el monto del plan Potenciar Trabajo y de otros programas), medido en términos reales, se retrotrae a niveles del año 2004.
Por otro lado, en el segundo trimestre de 2022, la tasa de desocupación abierta se redujo a un 6,9% de la población económicamente activa (PEA), según reportó recientemente el Indec. No obstante, tomando un criterio más amplio de medición, que incluye a los desocupados desalentados (el Indec sólo considera desocupados a quienes buscan activamente trabajo), el grupo Geres calculó una tasa de desocupación “ampliada” que rondó el 12% de la PEA, el doble que el estrecho cálculo oficial.
El informe del Indec también muestra que el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio creció al 37,5%, bien por encima de igual trimestre de 2021 (31,5%), que como se analizó antes, fueron los que más perdieron en la carrera contra la inflación.
En este marco de derrumbe del salario real y mayor precarización laboral, urge una rápida revisión general de las paritarias que empiecen a ganarle a la inflación, junto con una recomposición de los planes sociales y de empleo, así como de las jubilaciones y otros ingresos, para que el ajuste no se siga descargando sobre los sectores populares, en vías a poder empezar a revertir la crítica situación económica y social en la que se hallan inmersos amplios sectores populares. Esto junto con necesarias medidas que pongan un freno a la inflación galopante, empezando por un estricto control sobre los monopolios formadores de precios, en particular, del rubro alimentario, cuyos aumentos de precios son los que más golpean a los sectores de menores ingresos.
Escribe Ramiro Suárez
Hoy N° 1933 05/10/2022
