El proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, conocido como Ley Ómnibus de Javier Milei, que deroga más de 300 leyes aprobadas por el Congreso, elimina el fondo especial reconocido por la ley 23.351 a través del cual se financia Conabip y, a través de ella a las bibliotecas populares. Este fondo, que además nutre otros espacios culturales como el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) se constituye a partir del gravamen sobre los impuestos a los premios efectivamente pagados a los juegos de azar.
La Conabip fue creada en 1866 con el objetivo de proteger estas instituciones de la sociedad civil que promueven el desarrollo cultural y que fomentan la democratización de la información y el acceso al conocimiento en todo el territorio nacional a través de diversos planes y programas.
El gobierno nacional pretende, ya no solo desfinanciar el organismo, vaciando su estructura gubernamental, sino también recortar los fondos previstos a las bibliotecas populares, fondos que se utilizan para promover la lectura, el arte y la vida social de los sectores populares en cada barrio, ciudad y pueblo de nuestra patria. Estos fondos garantizan la compra de nuevos materiales bibliográficos para buscar la constante actualización de las colecciones en cada institución.
En cada biblioteca popular no solo se gestionan los préstamos de libros, en ellas se realizan y organizan múltiples actividades que procuran profundizar los lazos del tejido social. Talleres, clubes de lectura, ciclos de cine, ajedrez, música, teatro, radios comunitarias, para niños/as y adultos/as mayores, son algunas actividades a las que los usuarios no podrán acceder, quedando librado el acceso a los bienes culturales y educativos en el sector privado.
Por otro lado, otras políticas regresivas atentan contra la continuidad de las bibliotecas populares y de otros espacios culturales autogestionados. El artículo 60 “Reorganización Económica”, promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera dejando desprotegida a las librerías y editoriales independientes, muchas de las cuales sostienen convenios de cooperación con el Estado.
Por otro lado, los aumentos anunciados en transporte afectan la movilidad de los y las trabajadoras y voluntarios/as de las bibliotecas populares, así como la pérdida de subsidios de energía y la desregulación de los alquileres restan posibilidad de subsistencia de estos espacios que se financian con cuotas sociales que en promedio rondan los 300 pesos mensuales por socio. Recordamos que, en la gestión de Mauricio Macri, la pérdida de estos subsidios significó el cierre de numerosas bibliotecas.
Enfrentamos una tercera oleada neoliberal, tal vez sea la más violenta y agresiva de todas. No es el primer atentado contra la cultura en la historia reciente. Como en otros periodos negros de la historia, la sociedad se está poniendo de pie y organizando para hacer frente a este embate.
El desarrollo de bibliotecas populares a lo largo y ancho del país es un movimiento único en el mundo, sostenidos por más de 30 mil personas que integran las comisiones directivas de manera voluntaria y solidaria, llegando a los barrios, parajes y pueblos donde muchas veces no llega ni la Internet, ni el asfalto.
Por medio de las bibliotecas populares se construyen lugares de encuentro, acceso a la cultura y el arte, espacio de reuniones para las comunidades donde tratar las diversas necesidades que se presentan.
Los clubes de barrio y las bibliotecas populares son el espacio de reunión y generación de pilares de nuestra sociedad como son la cultura comunitaria y solidaria que tanto nos llena de orgullo a los argentinos.
Corresponsal
Hoy N° 1994 17/01/2024
