El tema, en lo que se refiere a Arribas, parecía haber quedado cerrado aquí en marzo, cuando el juez Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó de manera apresurada en la causa judicial que se le había abierto. Pero el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó un recurso de apelación ante la Sala I de la Cámara Federal, buscando que la Cámara de Casación Penal sea la que defina si confirma el sobreseimiento de Arribas o si, por el contrario, revoca la decisión del juez Canicoba Corral. La PIA planteó que nunca se le dio la “intervención necesaria” que impone la ley, máxime cuando el fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió de manera “imprevisible” de la apelación del fiscal de la causa, Federico Delgado, en contra del sobreseimiento de Arribas, lo que provocó el “arbitrario” cierre de la causa.
Tras obtener el recurso, el fiscal Federico Delgado y el jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, realizaron una videoconferencia con el financista “cuevero” –“doleiro” en la jerga brasileña– Leonardo Meirelles. Meirelles es uno de los arrepentidos del Lava Jato, un caso de corrupción que permitió en Brasil desde 2014 la condena de unos 130 empresarios, políticos y funcionarios públicos y desencadenó una crisis institucional y económica de alcances difíciles de precisar (ver “El largo brazo de Odebrecht”, hoy, N° 1651, 18/1/17).
En dicha videoconferencia, el “cuevero” afirmó que él ordenó “diez o más” giros a favor de Arribas, por un total de 850.000 dólares, y que ese dinero correspondía a “pagamentos das propinas”. Es decir, coimas, de las constructoras Odebrecht u OAS, a la cuenta bancaria del hombre de confianza del presidente Mauricio Macri, en la sucursal Zurich del banco Credit Suisse. Dijo que lo hizo desde una cuenta en Hong Kong, a nombre de su empresa “de fachada”, RFY Import &Export Limited.
“Nunca recibí una queja de que el dinero no le hubiera llegado”, replicó Meirelles, cuando el fiscal Rodríguez le preguntó si podía acreditar que Arribas hubiera recibido esas transferencias por un total de 850.000 dólares. Meirelles no exhibió documentación respaldatoria, pero dijo que las pruebas las tiene la justicia de su país y los jueces sólo debían solicitarla mediante un exhorto. En su momento, él aportó copias de esas operaciones a la justicia de su país como parte de su acuerdo de “delación premiada”, que le permitió reducir su tiempo en la cárcel a cambio de aportar información y contar lo que sabía, lo que repitió ante la Justicia peruana.
Meirelles no descartó la aparición de otros posibles nombres, como el del ex ministro kirchnerista Julio De Vido (planta potabilizadora de Aysa, gasoducto troncal, etc.), y dijo que le “sonaba” Iecsa, la empresa constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente, a cargo junto a Odebrecht del soterramiento del tren Sarmiento. Pero pidió tiempo para revisar la documentación. Explicó que hizo “más de 4.000 operaciones” para múltiples destinatarios de distintos países y no los recordaba a todos, por lo que podría ampliar su declaración a pedido de los fiscales.
Ahora, la Cámara de Casación –el máximo tribunal penal del país, sólo por debajo de la Corte Suprema– debe definir si reabre la investigación contra Arribas por los dichos de Meirelles o si, por el contrario, confirma el sobreseimiento que dictó el juez Canicoba Corral y cuya apelación desistió, de manera inesperada y a último momento, el fiscal de Cámara, Germán Moldes. Un tema que involucra no sólo al kirchnerismo sino además a miembros del gabinete de Mauricio Macri, y perturba a importantes sectores dominantes en pugna, partícipes necesarios también en los “negociados” con Odebrecht.
