En el juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de Capital Federal y en donde la secretaria de DDHH es querellante, serán imputados 6 represores/genocidas: José Ahmed (recientemente fallecido), que ocupaba el cargo de superintendente de Seguridad Federal (PFA); Carlos Alberto Infantino, inspector de la Superintendencia de Seguridad Federal (PFA); Hugo Luis Medina, comandante de Gendarmería y segundo jefe de Plana Mayor del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo; Sergio Raúl Nazario, primer alférez del Destacamento Móvil 1 de Gendarmería; Miguel Pablo Lugo, sargento de Gendarmería; y Miguel Víctor Pepe, gendarme del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo.
En el caso de Quebracho el proceso llega luego de un largo recorrido, desde el primer Habeas Corpus presentado dos días después de su secuestro, hasta la última presentación judicial en el 2007, luego de la anulación de las leyes de impunidad y la lucha posterior por incorporar el caso a la causa ABO.
El juicio implica un gran avance, porque lleva al banquillo de los acusados a varios responsables que no estaban procesados o condenados e incluye a cientos de desaparecidos/as que no habían logrado llegar a juicio. En el proceso, después de 46 años del golpe, se intentará avanzar lo más posible en el esclarecimiento de los hechos a través de nuevas pruebas y testimonios, en la responsabilidad de los imputados y de los que no están mencionados para futuros juicios, en la condena a los culpables sin ningún tipo de privilegio, en la búsqueda de la verdad sobre el destino de los desaparecidos, y sobre este conjunto de hechos, aportar a la reflexión y memoria colectiva para el conjunto del pueblo.
A la vez, será parte de la reflexión y de la necesidad de avanzar contra las limitaciones estructurales de este tipo de juicios, que no parten de investigarlos como crímenes contra el pueblo cometidos por un Estado fascista, lo que implicaría abrir los archivos de la dictadura, evaluar la responsabilidad no sólo de los mandos superiores, sino también del aparato de inteligencia, grupos de tareas, responsabilidades civiles y económicas, y de los miembros actuantes en los centros de detención. Es decir, cambiar el carácter de los juicios para que no quede ningún genocida suelto y ningún desaparecido/a sin derecho a la verdad y la justicia.
En el caso de Quebracho, se llega aportando las pruebas y testimonios de su secuestro y del conocimiento de su detención en el centro de torturas del Atlético, hecho confirmado por un testigo y por el descubrimiento de un cliché (placa metálica para impresión) que apareció en el Nueva Hora y que fue encontrada en las excavaciones del centro de detención. Se presentarán como testigos familiares, compañeros de militancia, y personas que evidenciaron el secuestro, su presencia en el CCD y personal del equipo de arqueólogos que descubrió el cliché.
El Centro de Detención el Atlético funcionó desde febrero a diciembre del 77 y fue trasladado provisoriamente al CCD (Centro Clandestino de Detención) “El Banco” en La Matanza, mientras terminaban de rearmar el CCD “El Olimpo”. El Atlético funcionaba en los sótanos de la División de Suministros de la Policía Federal ubicado en la calle Colón y Cochabamba, y el grupo de tareas que llevaba adelante la represión y tortura estaba compuesto principalmente por esta fuerza, pero dependía operacionalmente del 1° Cuerpo de Ejército. El lugar fue derrumbado cuando se construyó la autopista 25 de Mayo y con las denuncias de familiares y ex presos políticos que manifestaban su posible ubicación, lograron redescubrirlo e iniciaron en el 2002 las excavaciones.
Actualmente, en el lugar funciona una comisión por la memoria, en la que participan familiares y compañeros de militancia de Manuel, que han librado una gigantesca lucha para impedir el cierre del lugar ante el intento de ampliación de la autopista durante el gobierno de Macri, y recientemente han logrado avanzar en la pelea por las obras estructurales que permitan ampliar las excavaciones retirando el terraplén (la mayor parte del CCD está enterrada).
Quebracho fue el primer secretario de Organización de la JCR, había sido parte del Cordobazo y responsable de la comisión juvenil del Smata Córdoba, sindicato recuperado por René Salamanca que desarrolló la línea clasista y combativa. Manuel había llevado adelante activamente la posición de enfrentar el golpe de estado, y una vez que se produjo, de organizar la resistencia para derrotarlo.
Manuel fue secuestrado el 1° de noviembre de 1977 cuando colaboraba activamente en la preparación de la huelga ferroviaria, una de las grandes protestas obreras que hubo contra la dictadura y que se suma a las múltiples protestas que realizaron los trabajadores (quite de colaboración, sabotajes, paros, etc.), que han intentado ser sistemáticamente ocultadas.
En un contexto donde se han producido nuevos golpes de estado como el de Bolivia, en donde dirigentes y voceros de la derecha vuelven a reivindicar la dictadura o a cuestionar el número de los desaparecidos y fomentan los caminos represivos; este nuevo juicio es un paso adelante para enfrentar los planteos reaccionarios, para pelear por memoria, verdad y justicia, y para continuar la lucha de nuestros 30 mil desaparecidos por una sociedad sin explotados ni explotadores.
El 1 de junio impulsaremos un acto unitario en el marco del inicio del juicio. Ante la incertidumbre sobre el formato que tendrá el juicio, se ha organizado una nota para enviar al juzgado para solicitar que el mismo se realice en forma presencial y en caso de no ser posible por la situación de pandemia, se brinde link de acceso y se transmita por youtube. (Ver Campaña para que el quinto tramo de la mega causa ABO sea presencial)
Hoy N° 1912 11/05/2022
