El 23 de octubre de 1976, agentes de la dictadura videlista secuestraban de sus casas a Leonora Zimmerman (17 años), María Zimmerman (18 años), Pablo Fernández Meijide (17 años) y Eduardo Muñiz (18 años). Unos meses antes, en abril, Gerardo Szerzon, de 16 años, era acribillado a balazos. El mismo mes de octubre, el 11, secuestraban a Liliana Caimi, de 18 años, quien estaba embarazada de cinco meses. Al año siguiente, en Cipolletti, Río Negro, desaparecían a Leticia Veraldi, de 17 años. Todos ellos eran o habían sido estudiantes secundarios del Colegio Nacional y Comercial de Vicente López.
Está en proceso de instrucción el “Caso 139”, en el que se investiga el secuestro y desaparición de Eduardo Muñiz, en el Tribunal Federal N°2 de San Martín. El hermano de Eduardo, querellante, testimonió que “fue secuestrado el 23 de octubre de 1976, a las 0.30, cuando un grupo de tareas, cuyos integrantes estaban de civil y eran alrededor de nueve, fuertemente armadas, quienes irrumpieron en nuestro domicilio de Sarmiento 4214 Olivos”.
Fui citado a declarar en esta causa, ya que era amigo, compañero de camada o de curso en algún caso, de los compañeros y compañeras secuestrados. Todos ellos habían tenido militancia o vinculación con la Juventud Guevarista, organización juvenil de apoyo al ERP-PRT. Nosotros teníamos un cierto desarrollo de la Juventud Comunista Revolucionaria, y habíamos conformado con otras compañeras y compañeros independientes la Corriente de Izquierda Secundaria (CIS), en el colegio.
Compartimos con muchos de estos compañeros la vida estudiantil, actividades reivindicativas y luchas, y tuvimos debates. Como en todo el país, a partir de la muerte de Perón en 1974 y con el avance de la escalada golpista, se dividieron aguas dentro del activo político del colegio. Hubo organizaciones de izquierda que estaban confundidas, ante medidas reaccionarias del gobierno peronista de entonces, y secundarizaban la posibilidad de un golpe, así como el carácter fascista que el mismo tendría. Desde los secundarios de la JCR y la CIS denunciamos durante todo 1975 y comienzos de 1976 ese golpe, y en el colegio hicimos pintadas antigolpistas que estuvieron visibles en los alrededores durante varios años.
Esto es parte del testimonio que dejamos, junto con la denuncia de la posición de la dirección del Partido Comunista y su organización juvenil, que defendió a los golpistas, en particular a los que llamaban “militares democráticos”, como Videla, Viola, Villarreal, Harguindeguy y Bussi. Ellos tenían mucha influencia en sectores juveniles, como se veía en el colegio, y a través de revistas como Vamos. Todo esto ocasionó grandes debates entre los estudiantes del colegio, tanto antes como particularmente después del golpe de Estado de 1976, sobre si había que cuidarse de la represión y cómo, la importancia de vivir en condiciones de clandestinidad, aún a costa de perder relación con los amigos y compañeros del colegio.
“Adonde vayan los iremos a buscar”
Algunos testimonios de sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo mencionan haber visto allí, a los pocos días del secuestro, a Pablo Fernández Meijide y a las hermanas Zimmerman. Partiendo de estos testimonios, todo indica que el resto de los estudiantes secuestrados fueron llevados a ese campo de exterminio, bajo la órbita de la llamada “Zona de defensa 4” del Ejército, que dirigía el general Santiago Omar Riveros, jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo.
En esta causa por el secuestro de Muñiz, su hermano contó que la denuncia policial que hizo la familia en 1976, convertida en causa judicial “recayó lamentablemente en manos del juez en lo Penal de San Isidro, Ignacio Garona, quien luego fuera defensor de los comandantes en el Juicio a las Juntas desarrollado en 1985 ante la Cámara Federal (defensor del brigadier Agosti) y actualmente es defensor de varios genocidas”. Este testimonio sólo sirve para demostrar la falsedad de la política negacionista del gobierno de Macri, que quiere “dar vuelta la página” y terminar con los juicios a los responsables y ejecutores del terrorismo de Estado.
Riveros, junto a otros genocidas, está siendo juzgado en lo que se conoce como Megacausa Campo de Mayo, que agrupa 169 casos como los de Mercedes Benz, el Colegio Militar, Área 400 y los Ferroviarios, entre otros, que suman 323 víctimas. En esta causa se encuentran los casos de Liliana Caimi -de quien fui compañero de curso- y de su compañero Andrés Marizcurrena. El secuestro y desaparición de nuestro camarada Miguel Magnarelli, secretario de la JCR de la Zona Norte del GBA, es parte también de esta Megacausa, así como el de Sofía Cardozo, obrera de la cerámica Lozadur.
Han pasado 43 años de estos hechos, y fruto de la inmensa lucha librada por los familiares y por el pueblo argentino, se mantienen y desarrollan juicios como éste en todo el país. Según el Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar/lesa-humanidad) hay 597 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad. “De ese universo, 275 (46%) se encuentran aún en etapa de instrucción, 100 (17%) se encuentran elevadas a juicio, 16 (3%) transitan el debate oral y, finalmente, en 206 casos (34%) se ha dictado sentencia”. El propio organismo informa que, de los 1.038 presos por estas causas, 602 (57%) se encuentran cumpliendo arresto domiciliario.
Entendemos estos juicios, en los cuales se siguen revelando aspectos poco conocidos de la bestialidad de la dictadura genocida, como parte de la lucha por profundizar la memoria histórica colectiva en búsqueda de la verdad, y sobre todo, para que haya juicio y castigo a todos los genocidas, por todos los desaparecidos.
Emilio Ratzer
Hoy N° 1780 28/08/2019
