Varias firmas del holding Vicentín hermanos sumaron aportes por un total de $13.5 millones. El máximo aportante de Juntos por el Cambio donó $4,5 millones con Algodonera Avellaneda SA, también el mismo monto con Oleaginosa San Lorenzo SA y otros tantos millones con Friar SA. Esto sucede así porque la nueva ley electoral limita el monto máximo que puede donar una empresa e intentan de esta manera saltar ese tope dividiendo el aporte entre sus subsidiarias.
Pero no solo la empresa vinculada a Padoan apostó en las PASO al macrismo, más de 23 empresas vinculadas a la agroindustria (firmas agropecuarias, frigoríficos, oleaginosas e industrias vinculadas al campo) transformaron a esta rama de la economía en principal sustento de la campaña de Juntos por el Cambio.
El Grupo Aceitera General Deheza (AGD) aportó otros $10 millones para financiar al oficialismo en las PASO, siendo el segundo aportante de la campaña. AGD es propiedad de los hermanos Adrián, Adriana y Roberto Urquía, este último fue senador por el Frente para la Victoria durante la presidencia de CFK y tuvo su alejamiento luego de la rebelión agraria de 2008.
Al igual que Vicentín las empresas del Grupo AGD realizaron donaciones a través de sus subsidiarias con aportes distribuidos entre Aceitera General Deheza ($4 millones), Niza SA (3,5 millones) y Aceitera Chabás (2,5 millones).
Cuando uno repasa las medidas vinculadas al sector tomadas por el macrismo en estos cuatro años y el peso que ha tenido la Bolsa de Comercio de Rosario (representante de los grandes propietarios de la tierra y de las agroexportadoras multinacionales) en el diseño de las políticas públicas en beneficio de su propia rentabilidad entiende la preocupación por el mantenimiento de estas políticas.
Devolución de favores
Desde la llegada de Macri al poder se cuentan entre sus primeras medidas la baja de retenciones a la agroexportación, llegando a cambiar la manera en que se calculan con un método que ha ido licuando esas retenciones con las sucesivas devaluaciones.
La quita paulatina de obligaciones de liquidación de divisas al sector hasta hacer desaparecer esa obligación ha dado a las multinacionales sojeras mucho mayor poder de fuga de divisas y de manejo del peso. Recordemos que 2 de cada 3 dólares que ingresan a la Argentina lo hacen por ventas del complejo agroexportador.
El macrismo ha quitado los pocos controles que existían sobre los puertos graneleros con la desarticulación del Senasa, lo que le valió una denuncia penal al presidente realizada por el diputado Carlos Del Frade.
La presión para que Santa Fe adhiera a la modificación de la Ley de ART del macrismo que quita derechos a los trabajadores tuvo en Padoan su principal impulsor y en el macrismo su operador político en la provincia.
La agroindustria fue unos de los beneficiarios casi exclusivos de los planes de infraestructura que llevó adelante el macrismo desde el Estado.
Desde los planes de Inversión Público Privada (metodología impulsada por el macrismo que fracasó por falta de inversores, pero que se pudo concretar casi exclusivamente en infraestructura para este sector como el mejoramiento de los accesos a los puertos) hasta la reactivación del Belgrano Cargas o la implementación del sistema ferroviario Oppen Acces (una ley casi a medida de Vicentín sancionada por el kirchnerismo y reglamentada por el macrismo que le permite usar sus propios trenes y dejar de depender de NCA). Plata del Estado en obra pública para mejorar la rentabilidad directa del sector.
Todas estas medidas fueron parte de “los reclamos” que desde la Bolsa de Comercio de Rosario hizo Alberto Padoan una y otra vez cuando presentaba cada año las propuestas del sector o mejor dicho “el plan de gobierno de la Bolsa”.
Incluso el macrismo les garantizó la persecución a dirigentes gremiales percibidos como “estorbos” en el plan de negocios del sector. El caso más claro fue la encarcelación de Herme Juárez, presidente de la Cooperativa Portuaria y secretario del gremio de estibadores.
En 2017 Padoan reclamaba públicamente que “sufrimos chantajes permanentes de la cooperativa de estibadores ¿Sabe cuánto hace que venimos reclamando que se libere la contratación, que haya otra empresa que compita ofreciendo servicios de estiba? Y sin embargo así estamos”. Poco tiempo después comenzaron los aprietes a Juárez por parte del gobierno y no solo se abrió la competencia, sino que se bajaron las tarifas que pagan las multinacionales en más del 65% y se intentó flexibilizar los convenios de todos los trabajadores del complejo. Al tiempo el gobierno impulsó la causa que hoy mantiene detenido a Juárez con arresto domiciliario.
Otros aportistas
Si bien la agroindustria fue por lejos el principal financista del oficialismo con aportes por más de $24 millones en las PASO, otros sectores que se beneficiaron con su política estos años decidieron sostenerlo en campaña. El sector financiero, con firmas vinculadas a bancos y grupos inversores, sumó $9 millones y los petroleros aportaron $5,6 millones, entre otros.
Juntos por el Cambio recibió aportes indirectos de empresas contratistas del Estado, que tienen prohibido poner dinero, y grandes compañías que superan el máximo de las donaciones permitidas a través de pagos de distintas firmas del mismo grupo. Esos son los dos principales conflictos que tendrá que interpretar la Justicia cuando revise los números del oficialismo.
Uno de los casos más emblemáticos, porque aglutina estas dos características, fueron las donaciones realizadas por firmas vinculadas al empresario Marcelo Mindlin, que desembolsaron $8,7 millones para la campaña presidencial de Mauricio Macri.
La firma Orígenes Seguros de Retiro aportó $4,5 millones y el Grupo Emes, otros $4,2 millones, como consta en el informe oficial de Juntos por el Cambio presentado ante la Cámara Nacional Electoral.
El Grupo Emes no firmó contratos con el Estado, pero controla a la firma Sacde (antes llamada Iecsa, la empresa que era de Ángelo Calcaterra), que construyó un tramo del Paseo del Bajo y que también participó del soterramiento del tren Sarmiento. La nueva ley electoral establece que están prohibidas las donaciones de “contratistas” del Estado.
Todos estos datos tienen que ver con la campaña de cara a las PASO, ahora habrá que ver si los empresarios que bancaban al macrismo lo hacen de cara a las generales luego del mazazo que sufrió Juntos por el Cambio.
Ninguno de estos grupos tiene problemas para saltar de bando si los negocios lo ameritan; de hecho, el mismo Padoan estuvo hasta hace poco procesado en la “causa de los cuadernos” por supuestos aportes por un millón y medio de dólares al gobierno de CFK para, se sospecha, acelerar algunas legislaciones vinculadas al biodiesel.
Quizás algunas viren a la estrategia de poner huevos en todas las canastas como hizo Aluar SA durante las PASO. La firma del Grupo Madanes aportó $4,5 millones para la campaña del oficialismo y un pucho de $900.000 para la fórmula Fernández-Fernández.
Escribe Germán Mangione
Hoy N° 1788 23/10/2019
