En la década menemista, la empresa Socma del grupo Macri se quedó con el Correo Argentino, hasta que éste entró en concurso preventivo en 2001. Entre los acreedores del Correo estaba el Estado argentino por los cánones que no había pagado, por una cifra cercana a los $300 millones (equivalentes a una suma igual en dólares, por el régimen de convertibilidad). En 2003, Néstor Kirchner le quitó la concesión a Socma, por lo que el Correo Argentino volvió a ser del Estado, sin que éste resignara su demanda por la deuda en el concurso de acreedores.
Socma, amparándose en la prohibición de indexar de la ley de Convertibilidad y en la suspensión de los intereses mientras dure el concurso, demoró un arreglo cuanto pudo para que se licúe la deuda por las devaluaciones de peso. Recién concretó una propuesta sobre esa base en 2007 pero, aunque logró el apoyo de otros acreedores, se encontró con la negativa del gobierno kirchnerista que, en su relación de amor y odio con Franco Macri, se mantuvo así hasta el final del mandato de Cristina Fernández, con la consiguiente mayor licuación de la deuda en pesos, por las sucesivas devaluaciones incluida la del propio Macri de diciembre de 2015.
Macri designó entonces presidente del Correo Argentino a Jorge Irigoin, su amigo y ex ejecutivo de peso en Socma que ya había sido gerente del mismo Correo cuando estuvo privatizado. Ese mandato había terminado en 2001, poco antes que la empresa entrara en concurso preventivo. Luego, Irigoin fue gerente de OCA, a la que logró salvar del concurso de acreedores. Al volver al Correo Argentino, ahora como funcionario del gobierno de Macri, supuestamente se propuso sacar a flote a la empresa estatal. Pero, la semana pasada le llegó el vendaval político que se desató luego de que la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquin, concretara una presentación en la que considera que el acuerdo negociado entre Socma y funcionarios del gobierno de Macri hace casi un año (en junio de 2016) sería “abusivo” ya que, en la práctica, implicaría “una condonación de la deuda” por más de $4.277 millones.
Tanto desde el gobierno como desde el grupo Macri, sin embargo, defendieron el acuerdo y negaron que se hubiera condonado la deuda, ya que además de la deuda original por $300 millones se acordó abonar otros $300 millones en concepto de intereses. Lo que no dicen que la deuda original era en pesos de 2003 –sin tener en cuenta la inflación ni siquiera los intereses por esos 12 años de atraso– y que los 300 millones adicionales son por el plan de pago, que se extiende hasta 2033 con apenas ¡un 7% de interés anual! Esto, según la fiscal, sería “más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago”.
Sobre llovido, mojado
En un nuevo dictamen presentado ante la Cámara la semana pasada, la fiscal también advirtió que tomó conocimiento de una acción entablada por Correo Argentino (en manos del macrista Irigoin) contra el Estado en el que se le reclaman daños y perjuicios por falta de pago de distintas inversiones realizadas por la concursada. Esa demanda, añade, fue entablada 15 días antes de la audiencia en donde se acordó un convenio que “implicaría una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033”, de acuerdo al dictamen técnico encargado por la fiscal (La Nación, 12/2/17).
Según la fiscal, esa nueva demanda en el fuero Contencioso demuestra que la empresa “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella”.
Para la fiscal, la posición de Correo en el expediente contencioso “convierte aun en más abusiva la propuesta formulada al Estado, porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago”.
A su vez, desde el Ministerio Público se recordó que la ley no establece el fin de los intereses sino su “suspensión” y que hay fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que señalan que el deudor debe abordar y reconocer de algún modo a los acreedores los intereses que se hubieran acumulado mientras se sustanció el concurso para evitar que, de no aplicarse, representen en la práctica una nueva quita. También se recordó que el cálculo del “costo presente” al que se refiere el dictamen de Boquín “se hace siempre” como una herramienta más para que cada fiscal evalúe si acepta o no las propuestas de quita planteadas en cada concurso.
Más allá de la responsabilidad de los gobiernos kirchneristas por la falta de acuerdo para cobrar la deuda del Correo Argentino, que hizo que la misma se siguiera licuando, lo cierto es que este apresurado acuerdo es para convalidar esa estafa al Estado argentino a favor de los familiares de Macri. Aunque los miembros del Gabinete no conocieran lo actuado, a pesar del tiempo transcurrido, ¿quién puede creer que Mauricio Macri no sabía, si de un lado del mostrador estaban personeros de su familia en Socma y del otro, funcionarios de su gobierno?
