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13 de May de 2015

Reproducimos una nota escrita por Carlos del Frade, periodista, escritor y candidato a diputado provincial por el Frente Social y Popular.

Los Monos, el poder político y judicial y el futuro santafesino

El acuerdo

El acuerdo por el juicio abreviado entre Los Monos y parte del poder político y judicial de la provincia de Santa Fe del pasado 16 de abril, afirma, entre otras cosas: 

El acuerdo por el juicio abreviado entre Los Monos y parte del poder político y judicial de la provincia de Santa Fe del pasado 16 de abril, afirma, entre otras cosas: 
1. La banda asume haber cometido “…homicidios, homicidios calificados, lesiones, extorsiones, amenazas, amenazas coactivas, daños, cohechos, encubrimientos, contando dicha asociación con una organización interna estable con funciones definidas y una existencia anterior a la fecha del 8 de septiembre de 2012” (fecha del asesinato del Fantasma Paz).
2. Las 14 personas que asumen ser parte de esta organización criminal reciben penas de tres a nueve años. La mayoría quedará en libertad en poco tiempo.
3. En ninguno de las 39 páginas del acuerdo de la “apertura de procedimiento abreviado” se menciona la palabra narcotráfico y solamente cinco veces surge el término “estupefacientes”.
4. A cuatro de los catorce procesados por homicidios, es necesario reparar en el plural, se les sugiere abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes.
5. Se hace una especial mención a “…las distintas intervenciones y escuchas telefónicas dispuestas en el marco de la presente causa…a cuyos contenidos nos remitimos. A este respecto, el presente escrito hace expresa remisión al contenido de dichas escuchas e intervenciones telefónicas, donde se corroboran conductas ilícitas realizadas por los encartados, reconociéndose las voces que allí se reproducen”.
6. En esas escuchas hay diálogos que comprometen funcionarios provinciales que van desde policías a ministros y el propio gobernador como también se menciona al jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Esas escuchas deberían discutirse y aclararse.
7. Ariel Máximo Cantero, “el Guiye”, acusado de haber dado muerte a Diego Oscar Ramón Demarre, “mediante múltiples disparos efectuados al aludido con un arma de fuego calibre 9 mm”, el 27 de mayo de 2013, a las 12.30, en Bulevar Seguí y Maipú”, según la causa 448/13 que tuvo a su cargo la doctora Alejandra Rodenas, recibe el beneficio del cambio procesal “conforme la plataforma fáctica atribuida y los elementos probatorios recolectados, la calidad de partícipe secundario” ya que “no se acredita que el accionar el acusado haya sido el determinante de la consumación del hecho”.
8. En las escuchas telefónicas existen diálogos entre los procesados y uno de los abogados firmantes, el doctor Carlos Varela, donde se sugieren contactos con la jueza Rodenas en relación a la causa Demarre.
9. A lo largo de este acuerdo se menciona una cantidad de armas de distintos calibres y procedencia que urge saber cómo se accede a las mismas con tanta facilidad.
10. El suboficial de la policía provincial que acepta formar parte de esta banda asesina, Juan “el Chavo” Maciel, formó parte de la selección de uniformados que nutrieron la Secretaría de Delitos Complejos a cargo de Ana Vigilione, cuando ya integraba Los Monos. ¿No merece la población santafesina una explicación de parte de la funcionaria que, por otra parte, tuvo que prestar declaración en la causa porque varios de los integrantes de la Secretaría sostuvieron que todo lo que hacían era con el conocimiento de la jefa?
11. Queda ratificado el contenido de la resolución del juez Juan Carlos Vienna del 19 de febrero de 2014, donde se afirma que la banda se constituyó en “un gobierno de facto” en la zona sur rosarina en medio de la construcción del Casino City Center sin que ningún poder político hiciera algo para impedirlo y que, además, el desarrollo económico de la organización se dio con el “tráfico de estupefacientes” a partir del año 2007.
12. Que el punto 1 del acuerdo sostiene que “en razón de haber arribado a un acuerdo respecto de los hechos delictivos penalmente reprochados, su calificación legal, la pena y su modalidad de cumplimiento; todo ello conforme lo que seguidamente se pasará a exponer”. Ese acuerdo, sin embargo, no responde a la pregunta de por qué parte del poder político y judicial le otorgan este beneficio a una banda que se reconoce como asesina múltiple.
Este documento es el acta de capitulación del poder político y judicial ante las bandas criminales y narcos. Se abre, entonces, una etapa histórica de inimaginables consecuencias. n