A fines de 1922, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (EE.UU.) al declarar la inconstitucionalidad de una ley que establecía el salario mínimo de las obreras, sostuvo: “De los tres principios fundamentales que sustentan al Estado y para los cuales el Estado existe –protección de la vida, la propiedad y la libertad– el más importante es el de la propiedad”.
A fines de 1922, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (EE.UU.) al declarar la inconstitucionalidad de una ley que establecía el salario mínimo de las obreras, sostuvo: “De los tres principios fundamentales que sustentan al Estado y para los cuales el Estado existe –protección de la vida, la propiedad y la libertad– el más importante es el de la propiedad”.
