Néstor Kirchner, con el discurso pronunciado en Ezeiza, volvió a considerar a los pequeños y medianos productores como los causantes de todos los males que por estas horas afectan a la Argentina: inflación, corrida y debacle de los bonos, incendios, etc.
Al respecto habría que señalar que desde hace tiempo la inflación es incontrolable, que la economía argentina no está “blindada” de la crisis internacional, y que ningún productor se va a suicidar quemando pastizales en esta época del año, por lo que no caben dudas de que los incendios han sido provocados intencionalmente.
Asimismo, con sus constantes críticas a Lousteau, Kirchner obligó al gobierno de Cristina Fernández a desplazar al titular de la cartera de Economía, demostrando que sigue siendo el hombre fuerte del sistema y que, como mínimo, estaríamos en presencia de un gobierno bifronte, con sede en la Rosada y en Puerto Madero u Olivos, pero con acuerdos de fondo –a pesar de algunas especulaciones periodísticas– sobre el rumbo político y económico.
Sin embargo, la inflexible posición del ex presidente no hace más que expresar la fragilidad de un gobierno desfigurado políticamente por los cachetazos recibidos por el interior rebelado que lo tuvo en jaque por más de tres semanas, durante el paro agrario más prolongado y combativo de la historia argentina. Fragilidad que pretenden superarla con autoritarismo, concentrando cada vez más el poder. No es casualidad que para la cartera de Economía hayan optado por Carlos Fernández, un viejo lacayo de Kirchner, que no tiene empacho en definirse “como un soldado” del ex presidente.
Los “ignorados” no están dispuestos a ceder
Si bien el desplazamiento de Lousteau Heguy, que comenzó a gestarse a partir de la decisión de Cristina Fernández de otorgarle a Moreno el control del comercio exterior de todos los productos agropecuarios, invitaría a pensar que se podría llegar a abrir un canal de diálogo con el campo; la intransigente y provocadora posición de Kirchner lo único que ha logrado hasta ahora fue echar más nafta al fuego e irritar a los productores que en la mayoría de las asambleas ya tomaron la decisión de volver a las rutas luego del 2 de mayo.
Lo que se aprecia en cada encuentro es que los pequeños y medianos productores autoconvocados y de las bases de FAA se han fortalecido y comprenden que su fuerza está intacta. Lo único que restaría por definir sería la modalidad de la protesta, ya que los productores quieren evitar el enfrentamiento con los habitantes de los grandes centros urbanos.
El gobierno, que cuenta con la complicidad de una parte de la dirigencia de las entidades agropecuarias que estuvieron en la primera fila durante la asunción de Carlos Fernández, apuesta al desgaste tratando de dividir y prolongar la frágil tregua. En este sentido, Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, manifestó que dentro del esquema de las retenciones móviles se podría “encontrar variantes para superar el conflicto”.
Pero los planes del gobierno tienen dificultades objetivas. El estado asambleario continúa y la participación democrática de los pequeños productores se ha transformado en el más serio escollo para las intenciones de los sectores de la dirigencia gremial que alientan la idea de prolongar la tregua. Es que los “ignorados” no están dispuestos a ceder y comienzan a distanciarse de las direcciones. Las justas posiciones planteadas en las distintas asambleas por los compañeros de Chacareros Federados y Mujeres en Lucha, han ayudado mucho a mantener la llama del conflicto.
El otro gran escollo que tienen los dirigentes “bomberos”, que por estas horas intentan frenar la vuelta a la ruta, es la situación que se vive en los pueblos y ciudades del interior. Luego del 11 de marzo la fisonomía de la pampa húmeda se ha transformado. Miles de trabajadores de la agroindustria han dejado de hacer horas extras, a muchos les adelantaron las vacaciones y hay amenazas de suspensión en la mayoría de las fábricas. Según la Cámara de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma) están en juego 30.000 puestos de trabajo.
Los bancos, ante la posibilidad de que se rompa la cadena de pagos, están observando con “lupa” las cuentas de los productores, y las empresas nucleadas en Casafe –Cámara que agrupa a fabricantes de agroquímicos como Monsanto, Bayer, Syngenta– han dejado trascender que las ventas de insumos han mermado notablemente.
Según datos de las Cámaras de la Industria de Las Parejas, Rafaela, Casilda, Firmat, Cañada de Gómez, Armstrong, y otras localidades de Santa Fe, la comercialización de maquinarias agrícolas sufrió una caída del 70%. El campo no compra nada, y lo único que se vende tiene que ver con operaciones pactadas antes del 11 de marzo. A la vez, los centros comerciales de esos lugares afirman que la actividad comercial se contrajo en un 30%.
Frente a esta situación, y con el objetivo de no perder su base electoral, algunos gobernadores como Binner, y muchísimos intendentes y jefes comunales, inclusive oficialistas, continúan respaldando la protesta del campo. Pero estas posiciones no son casuales, ya que el federalismo sigue siendo una de las reivindicaciones históricas del interior que se remonta a los primeros años de la Revolución de Mayo, cuando Artigas, tomando por modelo a los Estados Unidos, peleaba contra el Directorio por la autonomía de las provincias.
Se acercan momentos de definiciones. El gobierno tratará de recomponer su desfigurado rostro quebrando la protesta, pero por abajo, como afirmó De Angeli, “ya nadie le cree nada”. Como contrapartida los productores autoconvocados y de las bases de FAA, intentarán torcerle el brazo, única manera de arrancar conquistas a gobiernos de intermediarios como el que encabeza Cristina Fernández.
