El Art. 40 de la Constitución argentina de 1949, no solo dispuso que los servicios públicos pertenecen al Estado, sino que además determinó un procedimiento para evaluar el valor de los bienes de las empresas extranjeras que pasaban al Estado. Esta técnica legislativa constitucional rompía moldes judiciales acuñados en décadas que habían transformado las expropiaciones en negocios para el expropiado, vía acuerdos sobre el monto de los bienes expropiados que se efectuaban con funcionarios corruptos.
Decía el art. 40 de la Constitución de 1949 en forma novedosa: Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. El precio de la expropiación será el costo de origen de los bienes afectados a la explotación menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido, y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.
Este fue el texto constitucional que rigió durante cinco años en Argentina. Constituye al mismo tiempo una enseñanza de filosofía del derecho, dado que refleja las debilidades externas e internas de un país oprimido que debe luchar con las empresas que tienen las concesiones y al mismo tiempo precaverse de los negociados que hagan los funcionarios corruptos que evalúen el precio de los bienes expropiados. Algunos pensaron que poniendo un método de evaluación se evitaría el negociado, pero el mismo artículo daba dos formas de adquirir los bienes de las empresas de servicios públicos: compra o expropiación. Las empresas enfilaron sus cañones para lograr la venta de sus activos y realizaron un buen negocio, pero este es otro tema, que demuestra las limitaciones políticas de un gobierno hegemonizado por la burguesía nacional que en un momento histórico concreto logra poner mojones de resistencia a los monopolios extranjeros y al mismo tiempo necesita negociar con ellos una salida. Lo cierto es que aunque se pagaran caro los ferrocarriles, las empresas nacionales manejaron los servicios públicos durante décadas y esto recién fue revertido en los 90.
