En la declaración de quiebra de la administración municipal de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, se ve cómo el gobierno y las clases dominantes de Estados Unidos actúan en función de proteger sus intereses, descargando las consecuencias de esa crisis en su propio pueblo, y en los países dependientes.
En la declaración de quiebra de la administración municipal de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, se ve cómo el gobierno y las clases dominantes de Estados Unidos actúan en función de proteger sus intereses, descargando las consecuencias de esa crisis en su propio pueblo, y en los países dependientes.
Detroit llegó a ser, en la década del 50 del siglo pasado, la cuarta ciudad de EEUU, gracias al desarrollo de la poderosa industria automotriz yanqui. Aquí también se asentó gran parte de la industria de armamento. De ahí sus nombres de “ciudad del motor”, y “arsenal de la democracia”.
Luego de varios años de deterioro –por profundos cambios en la industria automotriz como el desplazamiento de plantas a otros países y el embate de los autos más baratos importados de Japón en años de alza del precio del petróleo–, esta ciudad, que llegó a tener cerca de dos millones de habitantes y un standard de vida para sus trabajadores de los más altos del país, ha sido dejada caer en la bancarrota por el imperialismo yanqui.
Con cerca de 700 mil habitantes, una tasa del desempleo del 16% (el doble de la media nacional), el 36% de la población bajo el límite de pobreza, tiene casi 80.000 edificios abandonados y el 40% del alumbrado no funciona, sus habitantes, en particular los trabajadores estatales, los jubilados y los desocupados, están frente a una agravamiento de su situación sin precedentes en la historia.
La caída de la bolsa en el 2008 dio golpes devastadores a los fondos del sistema de pensiones de Detroit, en particular los de la policía y los bomberos. El sistema general perdió 429 millones dólares en ese año fiscal, la policía y bomberos perdieron $507 millones, y las pérdidas continuaron en 2009, ya que el mercado se tambaleó. La bola de nieve creció hasta hacerse impagable.
Automotrices sí, ciudades no
Muy distinta ha sido la política del gobierno federal, y del gobierno del Estado, con esta quiebra, que la que tuvieron con el quebranto que sufrieron las grandes automotrices en los comienzos de esta larga crisis que se sigue profundizando.
En el 2008, el gobierno norteamericano, como parte de su política de apelar a un mayor endeudamiento del estado para evitar la quiebra de los grandes bancos y monopolios, como había ocurrido en la crisis de 1930, desembolsó 17.400 millones para General Motors Co. y Chrysler LLC. En esa ocasión, el mismísimo presidente Bush dijo que “Permitir que se caigan las compañías automotrices no es un curso de acción responsable”, a lo que agregó que “Si ahora dejáramos que el libre mercado siguiera su curso, casi con seguridad llevaría a una bancarrota y liquidación desordenada de las automotrices”.
La ciudad que albergó a esta industria en sus años dorados, no tuvo la misma suerte, y presentó una bancarrota suspendiendo los pagos, “para poder reestructurar sus cuentas públicas ahogadas por una deuda estimada en 20.000 millones de dólares”, como informan los medios.
En Estados Unidos, los ayuntamientos (o municipios) tienen a su cargo los gastos en educación, su propia policía, bomberos, y el sistema de jubilaciones de los empleados estatales. A partir de la eclosión de la crisis en el 2008, estos niveles de gastos, combinados con la decadencia de la industria principal de Detroit, y la despoblación, fueron haciendo que el gobierno de la ciudad entrara en un círculo de deudas que llevó a la actual quiebra.
Las víctimas principales
de esta quiebra
El gobernador del Estado de Michigan, el republicano Rick Snyder, en marzo pasado designó a un “experto en bancarrotas” para que hiciera los recortes necesarios ante la crisis. Kevyn Orr, abogado, tiene como antecedentes haber intervenido en la reestructuración de Chrysler en 2009.
Tras meses de discusión con los jerarcas de los principales sindicatos, y la falta de acuerdo, Orr pidió la quiebra. Los sindicatos la denuncian por “prematura”. En un comunicado firmado por las delegaciones locales de las principales centrales sindicales, se dice: “Cada paso del camino, se les dijo a los ciudadanos de Detroit que tuvieron que renunciar a su derecho a la representación democrática con el fin de evitar la quiebra. Ahora que esta presentación ha llegado de todos modos, está claro que, o bien el control del Estado ha fallado o que el gobernador Snyder y su nombrado director de emergencias no fueron honestos acerca de sus intenciones”.
Esta quiebra tendrá como víctimas principales los puestos de trabajo de los empleados estatales, sus fondos de pensiones y planes de salud, los jubilados, los tenedores de bonos emitidos por la ciudad, y la prestación de servicios básicos como la recolección de basura (ya recortada).
Un dato que muestra el profundo cambio producido en Detroit en estos años, es que cerca de 55 mil personas trabajan en los negocios de comida rápida, más del doble del número de personas empleadas por la industria automotriz de la región. Estos trabajadores de los locales de Burger King, McDonalds y otras cadenas nacionales, realizaron en mayo una huelga reclamando aumento de salarios. Están ganando 7,40 dólares la hora, y exigen 15 dólares.
Gracias a la difusión de la noticia de la quiebra de Detroit, venimos a conocer uno de los aspectos más oscuros de la realidad por la que atraviesa Estados Unidos, totalmente silenciada en los grandes medios de comunicación de todo el mundo. Sabemos, por ejemplo, que la ciudad de Detroit cuenta con 78.000 edificios abandonados, de los que 38.000 se encuentran en peligro de ruina. Que los bomberos tienen órdenes de no utilizar las escaleras de sus camiones a menos que sea imprescindible para salvar vidas, pues no se les ha hecho la inspección de seguridad desde hace años. Como si esto fuera poco, se conoció que el interventor Orr ordenó un inventario de los fondos del mayor museo de la ciudad (Detroit Institute of Arts), que cuenta con obras de arte valuadas en 1.000 millones de dólares. Distintos sectores han denunciado la intención de la intervención de usar estas obras de arte como parte de pago de las deudas del municipio. La crisis deja al desnudo las prioridades de los poderosos.
