Después de dirigir un mensaje a sus partidarios que rodearon la sede del Sindicato de Metalúrgicos en San Bernardo do Campo, en la periferia de San Pablo -donde surgió como dirigente, primero sindical y luego político- Lula fue detenido por la Policía Federal y trasladado a una prisión especial en Curitiba.
El Partido de los Trabajadores (PT), y otras fuerzas políticas y sociales se pronunciaron contra esta decisión, y llamaron a seguir resistiendo y exigiendo la libertad de Lula.
La decisión del Tribunal estuvo precedida de presiones públicas del Ejército, entre ellas la del comandante del Ejército brasileño, general Eduardo Villas Bôas, quien afirmó -a pocas horas del inicio de la sesión del Supremo Tribunal Federal (STF)-, vía Twitter, que el Ejército “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad”.
El pronunciamiento del comandante del Ejército es un verdadero salto de contenido golpista en la intromisión de las Fuerzas Armadas en la política brasileña. Su objetivo era, claramente, adelantar que el Ejército no aceptaría otra resolución que la de prisión para Lula.
Antes de las declaraciones de Villas Bôas, la fiscal general de la República Raquel Dodge y otras figuras que apoyan el golpe institucional que derrocó a Dilma Roussef se posicionaron también por la negación del habeas corpus, alertando sobre el “peligro de la impunidad” que significaría el “aniquilamiento de la justicia”.
Villas Bôas dijo que el Ejército también defiende el “respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia”, y que la institución “se mantiene atenta a sus misiones institucionales”. Si bien sus palabras desataron una ola de críticas, tanto que uno de los jueces de la Corte, Celso de Mello, denunció el intento de presionar al Poder Judicial, y hubo inmediatas declaraciones de repudio de Amnistía Internacional, varios generales apoyaron o redoblaron la amenaza. Antonio Motto, Hamilton Mourão, Schroeder Lessa, entre otros. Paulo Chagas dijo: “aguardo sus órdenes con el caballo equipado”. El jefe de Estado Mayor del Ejército, general Fernando Azevedo e Silva, dijo que las declaraciones de Villas Bôas eran la opinión de todo el Ejército.
Raúl Jungmann, ministro de Defensa, trató de minimizar las declaraciones, aunque ya en ocasión de la intervención militar en Río de Janeiro, había planteado que era necesario ofrecer al Ejército la posibilidad de llevar a cabo mandatos de búsqueda y detención colectivos. Esta medida significaría que estas órdenes no estarían destinadas a una dirección específica, sino que se podrían usar para entrar en la casa de cualquier habitante. (ver: hoy Nº 1708).
Amnistía ya había denunciado a Villas Boas el mes pasado, después de que pidiera garantías al presidente Michel Temer para que los militares que intervienen militarmente en Río de Janeiro, sean juzgados por tribunales castrenses en caso de homicidio de civiles.
Por otra parte el comandante de la Fuerza Aérea Brasileña, Nivaldo Luis Rossato, hizo declaraciones en sentido opuesto: “Es importante que nosotros los militares sigamos fielmente a la Constitución”.
Si bien no está dicha la última palabra, porque el Tribunal Electoral podría habilitar a Lula a presentarse a elecciones, y el grado de reacción popular seguramente jugará un gran papel, está claro que se trata de impedir la participación electoral de Lula en las elecciones de octubre próximo, quien en este momento va primero en las encuestas, con un 35% de intención de voto.
También, como parte del panorama político, hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro, un ex militar de extrema derecha y con propuestas abiertamente fascistas, tiene en estas mismas encuestas un 18% de intención de voto, con su Partido Social Liberal. Es un firme defensor de la dictadura (1964 a 1985), y ha llegado a provocar diciendo que el “único error” de la dictadura “fue torturar y no matar”. Durante el juicio político que materializó el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, Bolsonaro no sólo votó a favor de la destitución, sino que dedicó su voto al coronel Alberto Brilhante Ustra, jefe del grupo que la secuestró y torturó durante la dictadura. Milita a favor de la pena de muerte, y ha planteado que los analfabetos no deberían votar.
Seguramente el pueblo brasileño seguirá la lucha contra la reforma laboral ya aprobada, contra la reforma jubilatoria que se quiere imponer, y contra las medidas antipopulares y antidemocráticas del gobierno de Temer, que han tenido su mayor expresión en la intervención militar en Río de Janeiro. Contará con la solidaridad del pueblo argentino.
Hoy N° 1712 11/04/2018
