El fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Cevasco cumpliendo órdenes de Mauricio Macri, pidió formalmente el allanamiento de los domicilios particulares y las detenciones de Luciano Nardulli (CCC), Diosnel Pérez Ojeda (Frente Darío Santillán Villa 20); Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, ambas de Los Piletones; Antonio Marcelo Chancalay, (villa 20); y Alejandro “Pitu” Salvatierra, militante kirchnerista, acusándolos de organizar la ocupación del indoamericano producida en diciembre de 2010.
La jueza Dra. Nazar rechazó el pedido de allanamiento y detención formulado por el fiscal, con el argumento de que no existió delito alguno y que los hechos sucedidos en el Indoamericano reflejan problemas sociales y penales, debiendo resolverse políticamente y no criminalmente.
Ante esta resolución de la jueza (que es la misma que ordenó el desalojo el 7/12/2010) Macri y Rodríguez Larreta salieron a fustigar a la jueza e instruyeron al secretario de Justicia Sr. Presti que denuncie a la Dra. Nazar ante el Consejo de la Magistratura, en un claro intento de presionar a la jueza mediante la amenaza de destituirla.
Esta avanzada de Macri se da dentro de un marco de impunidad del que no es ajeno el gobierno nacional. Mientras no hay ningún acusado en la causa en la que se investiga los asesinatos de Bernardo Salgueiro, Rosemary Chura Puña y Juan Canivari, y se mantiene en el cargo a todos los miembros de la Policía Federal y Metropolitana que participaron en la represión, se pide la detención de los dirigentes sociales que defendieron a los vecinos más pobres de la ciudad.
Debemos recordar asimismo que el gobierno nacional y Macri han reprimido conjuntamente a los vecinos de Soldati y Lugano, asesinando a Salgueiro y Chura Puña, liberaron la zona durante varios días, cuando se produjo el asesinato de Canivari por barrabravas, y desalojaron a los vecinos mediante un impresionante despliegue de Gendarmería y con promesas que no se han cumplido.
Es necesario enfrentar esta política con la mayor amplitud y dejar al descubierto que mientras se garantiza la impunidad de los asesinos y no se dan respuesta a los reclamos populares, se avanza en la criminalización de la protesta social.
Convocamos a todos a la conferencia de prensa que se realizará el miércoles 9 de marzo a las 11.30 en el local de la CTA Capital (Independencia y Piedras) a fin de hacer pública esta política.
Liberpueblo
